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El declive poblacional causó ya la desaparición de 166 pueblos, en la Provincia de Orense.

Más de 1.100 aldeas caminan hacia su completo abandono, al tener diez vecinos, o menos.

El declive poblacional causó ya la desaparición de 166 pueblos, en la Provincia de Orense.

Más de 1.100 aldeas caminan hacia su completo abandono, al tener diez vecinos, o menos

Pueblo de Espiñedo, en Pereiro de Aguiar, donde viven siete personas. (MARTIÑO PINAL)

Pueblo de Espiñedo, en Pereiro de Aguiar, donde viven siete personas. (MARTIÑO PINAL)

Pablo Galán 22/01/2019 23:12 h.

La provincia de Ourense está abocada desde hace lustros a un preocupante problema de despoblación y envejecimiento que, a pesar de afectar a prácticamente todos los rincones del territorio, tiene especial incidencia en los núcleos rurales, que poco a poco van perdiendo vida, llegando muchos incluso a convertirse en auténticos pueblos fantasma.

Así lo refleja la última actualización del nomenclátor publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyo desglose a 1 de enero de 2018, a partir de los datos de cada padrón municipal, desvela que Ourense tiene ya cerca del 5% de sus pueblos desiertos, o lo que es lo mismo, 166 aldeas de un total de  3.707, un registro que no ha dejado de crecer desde que hay datos, creciendo más de un 71% desde el año 2.000, cuando las aldeas abandonadas no llegaban al centenar.

La situación afecta, asimismo, a cada vez más concellos, con 49 de los 92 registrando algún pueblo sin vecinos, con Castro Caldelas a la cabeza, ya que cuenta con una veintena de localidades sin habitantes. A esta situación no escapa el concello de Ourense, donde según los datos del nomenclátor, hay tres entidades (A Cuqueira, A Garduñeira y Barxelas) con el contador a cero.
Atendiendo a la distribución por sexos, hay 262 localidades en las que no vive ninguna mujer, mientras que en el caso de lugares sin presencia masculina es de 244.


Futuro negro


Lejos de revertir, el panorama que se presenta en el futuro es desalentador, ya que más de un tercio de los pueblos de la provincia camina sin freno hacia su completa desaparición, dado que tal y como reflejan las cifras de habitantes del padrón, 1.144 entidades singulares cuentan con entre uno y diez vecinos. Rebajando el listón, hay 108 aldeas en las que reside solo una persona, mientras que 103 están compuestas por una pareja.

Echando la vista atrás, la provincia arrancaba el siglo XXI con 851 pueblos con únicamente una decena de personas, por lo que la cantidad en casi dos décadas se ha incrementado en casi un 53%.

Justo en los datos proporcionados hace una década, a 1 de enero de 2008, la provincia superaba el millar de localidades con diez vecinos o menos, dice el INE.


Más grave en Lugo


Aunque la situación de Ourense es preocupante, el porcentaje de pueblos abandonados es inferior al que presentan las provincias de Lugo y A Coruña, siendo la primera de estas la que tiene un mayor problema de núcleos despoblados, con 795 de 9.817, lo que supone un 8%, el doble de Ourense.

Mientras, en la provincia coruñesa hay ya 695 pueblos sin vecinos, de un total de 10.969, algo más de un 6,3%. El único territorio de la Comunidad con menos aldeas despobladas que Ourense en términos porcentuales es Pontevedra, donde se han quedado sin residentes 169 pueblos, un 2,62% de la provincia. 


La demografía condicionará el reparto de los fondos comunitarios


Paso adelante en Bruselas para que las características demográficas de los territorios en riesgo por la despoblación y el envejecimiento sean tenidas en cuenta en el reparto de los fondos estructurales que la Unión Europea repartirá entre 2021 y 2027, una cuestión que ha sido reivindicada desde todos los frentes en los últimos meses y que se intensificó a partir del verano de 2017 en el Parlamento Europeo a través de una iniciativa presentada por la diputada del PSOE Iratxe García.

La europarlamentaria fue una de las que votó ayer en la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento europeo a favor de incluir los criterios demográficos en las normas que definirán la distribución de los fondos destinados al desarrollo regional y la cohesión, que ascenderán a 360.000 millones de euros.

"El reglamento aprobado establece las disposiciones comunes que regularán la distribución de los fondos estructurales. De acuerdo con la propuesta aprobada, los retos demográficos y las necesidades específicas de las áreas y regiones más afectadas por el cambio demográfico se convierten en líneas de acción prioritarias. La propuesta incorpora las principales propuestas y reivindicaciones en las que llevamos trabajando en los últimos años", destacó Iratxe García.

Aunque se ha ganado esta batalla, la guerra no ha terminado, ya que durante los próximos meses los grupos parlamentarios deberán seguir trabajando en la negociación para el reparto de los fondos de cohesión, algo que según indica la diputado socialista, debería resolverse antes de la finalización, en primavera, de la presente legislatura. 

 

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