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El mayor precio de la vivienda y la tasación de la Xunta le dan 50 millones más en tributos.

El Impuesto de Sucesiones aportará 14,5 millones adicionales derivados de la evolución del mercado inmobiliario, y el de Transmisiones Patrimoniales, otros 34 millones

El mayor precio de la vivienda y la tasación de la Xunta le dan 50 millones más en tributos

El Impuesto de Sucesiones aportará 14,5 millones adicionales derivados de la evolución del mercado inmobiliario, y el de Transmisiones Patrimoniales, otros 34 millones

FdV - x. a. taboada santiago 23.01.2019 | 02:08 // Bernabé/Javier Lalín

La evolución del mercado inmobiliario en Galicia permitirá a la Xunta contar este año en sus ingresos por impuestos con casi 50 millones de euros adicionales a pesar de la introducción de nuevas, aunque limitadas, bonificaciones fiscales. Una recaudación añadida, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que se fundamenta en dos factores, en el incremento del precio de los bienes inmuebles por el mayor dinamismo del mercado y en la tasación de su valor que hace la Xunta y sobre lo que se calcula el importe que por esos dos tributos tienen que pagar los contribuyentes, más elevado cuanto mayor sea el precio.

En 2018, la Xunta presupuestó ingresos por importe 125,3 millones de euros por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y este año la cantidad prevista asciende a 139,8 millones, lo que supone un aumento del 11,6% y 14,53 millones de euros adicionales que responde "a un incremento en los importes medios de las autoliquidaciones, tanto en sucesiones como en donaciones". Es decir, que los contribuyentes tendrán que pagar más en tributos porque la Xunta prevé un incremento del valor -sobre el que se calcula el gravamen- de las herencias y donaciones que reciban a lo largo de este año.

La Consellería de Facenda argumenta que este aumento del importe de las autoliquidaciones -porque es el contribuyente el que calcula lo que debe pagar a las arcas autonómicas- se debe básicamente al aumento del precio de los inmuebles, en recuperación desde hace un par de años. No obstante hay otro elemento adicional. Y es que si bien el contribuyente fija un valor de las propiedades que hereda, la Xunta puede tasarlo por uno superior y exigir, por tanto, que el tributo resultante a pagar se vea también incrementado en proporción.

Esta actuación de la Administración no deja de generar conflictos. De hecho, durante el año 2017 se presentaron 2.071 reclamaciones -un 17% más que en 2016- ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia en protesta por los cálculos que hacía la Consellería de Facenda de lo que resultaba a pagar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el 80% de los casos, el tribunal le dio la razón a los herederos.

El incremento de la recaudación en 14,5 millones de euros por este tributo se produce además después de recoger el impacto de los beneficios fiscales implantados este año, como la ampliación de la bonificación por parentesco entre hermanos en las sucesiones.

El otro impuesto que reportará ingresos adicionales por el mayor valor asignado a los bienes inmuebles es el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que grava entre otros elementos las operaciones de compra-venta de pisos de segunda mano. En 2018, la previsión de ingresos ascendía a 256,3 millones de euros, mientras que para este año, los presupuestos de la Xunta contemplan una recaudación de 290,4 millones de euros, un 13,3% más (34 millones de euros extra).

Facenda asegura que el aumento "se debe a la favorable evolución del mercado inmobiliario", aunque el funcionamiento para calcular el gravamen es similar al de Sucesiones, donde se paga en función del valor asignado, entre otros bienes, a los inmuebles.

También este tributo es objeto de controversia entre la Xunta y los contribuyentes, que discrepan de la tasación sobre la que se determina el impuesto a pagar. En 2017 los gallegos presentaron ante el Tribunal Económico Administrativo 2.700 reclamaciones contra el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que resolvió en un 75% a favor de los ciudadanos y en contra el criterio de la Administración autonómica para fijar la cuantía del tributo.

En este caso, los ingresos adicionales se consiguen a pesar de la reducción del tipo impositivo para la adquisición de vivienda habitual por parte de determinados colectivos.

 

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