El Gobierno aprobó el martes 12 de marzo de 2026 un Real Decreto que establece un régimen de protección para las praderas de fanerógamas marinas en el Mediterráneo español y en el archipiélago canario, con el objetivo de frenar las principales agresiones que sufren estos ecosistemas. La norma busca reducir daños provocados por los fondeos masivos de embarcaciones, los vertidos y la ocupación por infraestructuras marinas, así como afrontar las amenazas derivadas del calentamiento del mar. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y aprobada por el Consejo de Ministros tras la evaluación de los riesgos para especies como la Posidonia oceanica y la Cymodocea nodosa.

Según el comunicado oficial del departamento ministerial, el decreto introduce medidas de regulación del fondeo y promueve la implantación de sistemas de amarre de bajo impacto, además de restringir la instalación de nuevas infraestructuras que puedan afectar a estas praderas. El texto legal incluye también la obligación de mejorar el conocimiento científico sobre su estado de conservación y poner en marcha protocolos de seguimiento y restauración de las zonas degradadas. Con estas herramientas, el Ejecutivo pretende dar respuesta a las presiones que, a juicio de expertos, ponen en riesgo la supervivencia de estas comunidades marinas. La medida se enmarca en la política ambiental que busca cumplir objetivos de conservación y mitigación climática.

Las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo y las de Cymodocea nodosa en aguas canarias son consideradas uno de los ecosistemas marinos de mayor valor ecológico por su elevada biodiversidad y por los servicios ambientales que prestan. Actúan como sumideros de carbono, contribuyen a mejorar la calidad del agua, sirven de refugio y zonas de cría para numerosas especies y ayudan a estabilizar sedimentos y playas, un factor decisivo para el turismo litoral. Además, forman comunidades que tardan décadas en recuperarse si sufren daños severos por anclas o ensayos de construcción. Por ello, la protección y la gestión sostenible de estos hábitats son clave para la conservación marina y la economía costera.

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Entre las medidas más relevantes, el decreto limita la posibilidad de establecer nuevas obras y conducciones como gasoductos, oleoductos o cables submarinos en áreas críticas, y restringe actividades que puedan suponer vertidos líquidos o sólidos susceptibles de alterar el estado ecológico de las praderas. También regula el fondeo de embarcaciones y habilita la implantación de boyas y amarres adaptados para impedir el rastrojo de anclas sobre los lechos marinos. El objetivo es eliminar las prácticas que producen daños directos y evitar impactos acumulativos que comprometan la capacidad de recuperación de estos ecosistemas. Estas disposiciones obligarán a coordinar actuaciones entre autoridades portuarias, costeras y autonómicas.

El decreto pone además el foco en la investigación y la vigilancia ambiental: establece la necesidad de cartografiar y monitorizar las praderas para evaluar su estado, identificar las áreas más vulnerables y priorizar intervenciones de restauración. Las actuaciones de restauración se plantean como necesarias en aquellos tramos donde ya se han producido degradaciones significativas, aunque las autoridades admiten que la recuperación es lenta y exige compromisos a largo plazo. El fomento de sistemas de amarre de bajo impacto forma parte de las soluciones técnicas promovidas para compatibilizar la navegación recreativa con la conservación. El Ejecutivo subraya la importancia de la ciencia aplicada para guiar estas políticas.

La entrada en vigor del Real Decreto requerirá coordinación entre administraciones, puertos deportivos, federaciones náuticas y los titulares de infraestructuras para adaptar usos y permisos a las nuevas limitaciones. Fuentes oficiales destacan que la norma no busca prohibir la actividad marinera, sino ordenarla y ofrecer alternativas —como campos de boyas— que permitan el uso del litoral sin destruir sus praderas. No obstante, la medida supondrá cambios operativos para la náutica de recreo y para proyectos de obra civil en zonas costeras, que tendrán que someterse a evaluaciones ambientales más estrictas. La fiscalización y el seguimiento serán fundamentales para que las restricciones no queden en meras recomendaciones.

La problemática de los daños causados por yates y anclas es visible en puntos como Formentera y otras áreas del Mediterráneo, donde imágenes de praderas arrasadas han servido de alerta en los últimos años. Organizaciones ecologistas han exigido desde hace tiempo protecciones legales más firmes y protocolos de gestión; la aprobación del decreto responde en parte a esas demandas, aunque algunas ONG y científicos han pedido medidas adicionales y financiación estable para restauraciones profundas. En Canarias, las praderas de Cymodocea nodosa también se reconocen como recursos esenciales para la biodiversidad insular y para la pesca tradicional.

Con esta norma, el Gobierno aspira a potenciar la resiliencia de los ecosistemas marinos frente al cambio climático y a preservar servicios ecosistémicos que son relevantes para la economía costera y la lucha contra la emergencia climática. Tras su aprobación en Consejo de Ministros, el siguiente paso será la publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado y el desarrollo de los instrumentos administrativos necesarios para su aplicación efectiva. El éxito del decreto dependererá de la inversión en seguimiento, restauración y de la capacidad de las distintas administraciones para coordinarse en la protección de estas praderas submarinas a largo plazo.