En la sesión de clausura del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria celebrada este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, el Grupo Parlamentario Socialista arremetió contra la gestión del Ejecutivo regional y reclamó responsabilidades por la situación de la comunidad. La diputada Nira Fierro criticó con dureza al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, a quien acusó de eludir competencias y de remitir continuamente la culpa al Gobierno central y al anterior presidente autonómico. La jornada, dedicada a la votación de las 184 propuestas de resolución, sirvió de escaparate para confrontar las versiones sobre la ejecución del presupuesto y las políticas de vivienda y sanidad. El PSOE sostuvo que la falta de acción del Ejecutivo explica el deterioro de servicios y la percepción de abandono en varios sectores clave.

Fierro sostuvo que el actual gobierno de coalición entre Coalición Canaria y el Partido Popular ha optado por una estrategia de delegar responsabilidades y buscar chivos expiatorios fuera del Archipiélago. Según la portavoz socialista, la administración regional acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al anterior Ejecutivo autonómico dirigido por Ángel Víctor Torres de problemas cuya gestión corresponde a la propia comunidad. En su intervención, la diputada enfatizó que esa táctica se extiende también hacia los ayuntamientos, a los que, dijo, se cargan tareas sin dotarlos de recursos ni consenso. La crítica subrayó una percepción de falta de liderazgo y de planificación que, a su juicio, erosiona la capacidad de respuesta frente a necesidades sociales.

El PSOE denunció además un bajo rendimiento en la ejecución de los presupuestos regionales, con partidas sin gastar y fondos europeos que, según Fierro, acaban devolviéndose por inacción administrativa. La diputada calificó esa situación de inaceptable en un contexto en el que los ingresos públicos son, en su opinión, superiores a ejercicios anteriores. Para los socialistas, la incapacidad para invertir los recursos disponibles agrava problemas estructurales como la precariedad y la escasez de vivienda asequible. Esta denuncia fue una de las claves del turno de réplica en el pleno, donde la oposición trató de marcar la agenda política antes de las votaciones.

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En materia de vivienda, la portavoz del PSOE calificó de fracaso la declaración de emergencia habitacional y recriminó al Ejecutivo su negativa a regular los precios del alquiler. Fierro señaló que, pese a la subida continuada de los arrendamientos, el Gobierno regional no impulsa mecanismos de contención y, además, no aporta fondos propios al bono de alquiler joven, lo que deja la financiación exclusivamente en manos del Estado. La crítica incluyó la práctica, según la diputada, de presionar a los ayuntamientos para que adopten medidas de carácter extraordinario sin ofrecerles los medios necesarios para llevarlas a cabo. Este enfoque, dijo, deriva en soluciones improvisadas y en la transferencia de responsabilidades sin resultados efectivos.

La sanidad también centró parte de la intervención socialista, que denunció listas de espera, déficit de personal y recursos insuficientes para atender la demanda creciente. Fierro vinculó estos problemas a la supuesta incapacidad del Ejecutivo para ejecutar inversiones previstas y planificar mejoras sostenibles. Desde la bancada del PSOE se reclamó un cambio de rumbo que priorice la gestión y la transparencia en la aplicación de los fondos disponibles. La intervención buscó además poner en relación la atención sanitaria con la calidad de vida y la cohesión social en las islas.

Además de las críticas socialistas, la coalición NC-BC se sumó a las reproches y acusó al Gobierno de poner los intereses de un reducido grupo económico por delante de la mayoría social. Los parlamentarios de esa formación denunciaron que las políticas aplicadas benefician a quienes disponen de mayor renta, en detrimento de las familias y colectivos más vulnerables. La referencia a un pequeño número de beneficiarios disparó el debate sobre el reparto de ayudas y la orientación de las prioridades presupuestarias. La confrontación entre grupos reflejó la tensión política que atraviesa la legislatura en un contexto marcado por la crisis de vivienda y las demandas por mejoras en servicios públicos.

En la jornada de votación de las 184 propuestas, los grupos trataron de traducir las denuncias en iniciativas concretas para corregir lo que consideran desajustes de gestión. La sesión puso de manifiesto la polarización entre una oposición que exige mayor intervención pública y un Ejecutivo que, por ahora, defiende otras medidas y criterios. Queda por ver cómo se ejecutarán las resoluciones aprobadas y si llevarán a cambios efectivos en la gestión administrativa y presupuestaria. Mientras tanto, la discusión política seguirá centrada en la capacidad del Gobierno regional para transformar críticas en políticas que respondan a las necesidades de la ciudadanía canaria.