Los últimos acontecimientos relacionados con Ángel cervantes, presidente consejo regional han generado un intenso debate en la opinión pública. Analistas y especialistas coinciden en señalar que nos encontramos ante un punto de inflexión que podría marcar el rumbo de los próximos meses.
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Los detalles que han emergido revelan una situación compleja que requiere un análisis detallado. Ángel Cervantes, decano del Colegio de Abogados de Toledo, ha asumido la presidencia del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha con una misión: mejorar el acceso a la justicia y dotar al sistema judicial de los recursos necesarios . En esta entrevista, Cervantes, que a su vez es presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo General de la Abogacía Española, reflexiona sobre los retos urgentes que enfrenta la justicia en la región, desde la falta de infraestructuras adecuadas en partidos judiciales pequeños hasta la necesidad de modernizar los recursos tecnológicos y ampliar los humanos . asimismo, asegura que no perderá de vista la lucha por la dignificación del trabajo de los abogados y la mejora de las pensiones de los profesionales jubilados; dos de los prioridades indiscutibles de su mandato. —¿Cuáles considera que son los principales retos del sistema de justicia en Castilla-La Mancha? —A nivel regional, si me apura, los retos coinciden casi con la óptica nacional. En materia de justicia el Estado español funciona a dos velocidades, hay 12 comunidades autónomas que tienen la competencia de justicia transferida, con lo cual a la hora de negociar tu interlocutor es la Consejería de Justicia, y otras comunidades, como Castilla-La Mancha, que las competencias están en el Estado y es ahí donde encontramos a nuestro interlocutor. Eso ya nos presenta un panorama muy diferente a la hora de avanzar. Como retos en sí mismos tenemos que renovar el convenio en materia de violencia de género, que está muy avanzado para firmarlo con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha; y también supone un reto la formación, por ejemplo, en materia digital e inteligencia artificial. —Castilla-La Mancha tiene una gran extensión geográfica, ¿existen desigualdades en el acceso a la justicia dependiendo de la provincia? —Mi impresión de más de 32 años de ejercicio y de siete como decano del Colegio de Abogados de Toledo, es que no veo grandes diferencias. Es cierto que a nadie se le escapa que hay juzgados con más retraso, con más pendencia, es decir, con más asuntos pendientes de resolver. En nuestra provincia, Toledo, sin ir más lejos, es algo ya endémico y no me cansaré de decirlo, tenemos situaciones como la de Illescas, un municipio frontera con la Comunidad de Madrid, que es el partido judicial a nivel nacional con mayor litigiosidad en materia penal. Existen ocho juzgados mixtos ¡con cinco sedes! ¡divididos en cinco edificios! Hace años que el Ayuntamiento cedió un terreno al Ministerio de Justicia para albergar ese Palacio de Justicia y hasta donde yo sé lo último que había en presupuestos era para licitar el proyecto. No sé los años que pueden pasar hasta que se inicien las obras. —¿Si la justicia dependiera de la Junta de Comunidades y no del Ministerio cree que ese problema estaría resuelto? —En justicia las comunidades autónomas que dependemos del Estado somos el patito feo. Si estuviera transferida la competencia nos iría mejor, quizás por esa proximidad, porque negocias con tu consejero, porque hay más cercanía, más proximidad y puedo negociar más de tú a tú. La experiencia real de todas las comunidades con competencias transferidas es que el trato es mucho más justo y económicamente hablando están, insisto, no para tirar cohetes, pero bastante mejor que nosotros. —asimismo de Illescas, en ese mapa de espacios judiciales donde es evidente la falta de conservación y mantenimiento, ¿qué otros municipios señalaría? —Es un problema, por lo general, de los partidos judiciales más pequeños. Una de mis funciones será velar porque tengamos sedes más o menos dignas, por decirlo de alguna manera, o intentar pelear porque se dignifiquen esas sedes, eso es significativo para el ejercicio y para la ciudadanía, a quienes prestamos servicio. Cuando vas a los partidos judiciales pequeños, como le digo, sí ves instalaciones que deberían mejorar, por ejemplo, Quintanar de la Orden está sin espacio, pero es difícil de solucionar porque al final el interlocutor está muy lejano, es el Ministerio, no tenemos la proximidad de una Consejería, pero bueno, habrá que pelear porque se dignifiquen las sedes, pues no es de recibo como están algunas. —Y en cuanto a los recursos humanos, ¿es necesario también un refuerzo del personal? —Sin dudarlo y más aún tras la entrada en vigor de la reforma más significativo de los últimos 40 o 50 años en la justicia española, me refiero a la Ley Orgánica 1/2025. Una de sus vertientes es la reforma organizativa en los famosos tribunales de instancia que se supone que iban a ser más ágiles, pero si tú te limitas a cambiar la placa de la puerta y donde ponía juzgado de primera instancia número uno, ahora pone tribunal de instancia plaza uno y siguen siendo los mismos funcionarios que hace cinco, ocho, diez años, los mismos, con los mismos recursos, a veces, incluso menos, pues no adelantamos nada, y si los recursos tecnológicos no terminan de llegar, imagínese el panorama. Y es que en algunos partidos judiciales hemos tenido problemas hasta para que contasen con correo electrónico, y le hablo de no hace más de un año. Todo esto es un problema de plantillas del Ministerio, y le facilito un dato: la ratio de jueces que tenemos a nivel nacional nos sitúa a la cola de los 27 países que constituyen la Unión Europea, estamos en el número 25 de 27 estados. —¿Otro problema más por depender del Ministerio y no de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? —Por supuesto. Tú puedes decir en una rueda de prensa que vas a duplicar los funcionarios, pero si no hay un compromiso de gasto recogido en unos presupuestos, no avanzaremos. —El turno de oficio ha sido una preocupación recurrente entre los abogados. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los abogados que trabajan en este turno y cómo considera que se puede mejorar la situación, especialmente en términos de remuneración y carga de trabajo? —Vuelvo a esta idea. En las comunidades autónomas que dependemos del Estado, como Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y nosotros, Castilla-La Mancha, hay una máxima que es que a igualdad de trabajo, igualdad de retribución, que o se cumple. Tú llevas un tema de familia o un divorcio de mutuo acuerdo o contencioso en una de estas comunidades, vamos a hablar de la nuestra, y no vas a recibir más de 300 euros por el caso en el turno de oficio, cuando en el mercado libre estamos hablando de unos 2.000 euros. Pero es que si tú te vas a la Comunidad Foral de Navarra en el turno de oficio por ese trabajo se están cobrando 800 euros. La desigualdad está clara. Le hemos dicho al Ministerio por activa y por pasiva en todas las reuniones que mantenemos desde el Consejo General de la Abogacía que esto no puede ser. Otro problema más, es que no puede ser que un compañero vaya a un cuartel de la Guardia Civil a las 7 de la mañana, a las 11 se vaya al Juzgado, a las 5 de la tarde termine el trabajo de oficio y porque faltaba no sé qué documento no se le retribuya nada. Cuando se pide un abogado del turno oficio, me ha llamado el Estado y tengo que ir porque tengo obligación y ¿usted tendrá obligación de retribuirme? Y más aún cuando es un servicio público muy bien valorado por la ciudadanía, por encima de la educación y de la sanidad. ¿Por qué ese trato tan denigrante? ¿No podemos dignificarlo? —En su intervención cuando tomó posesión hace unos días como presidente del Consejo Regional de la Abogacía, lanzó un mensaje sobre las pensiones que cobran los abogados jubilados. ¿Cuál es esa situación? —Pues este es el problema estrella, que es transversal a todos, es el tema de las jubilaciones tan indignas de los compañeros. Hasta el año 1995 el único sistema de seguridad social que teníamos como abogados por ley era la mutualidad. Tú pagabas a tu mutua para jubilarte el día de mañana. Y no era un capricho, es que solo tenías la mutualidad. Llega el año 95 y se abre la opción de pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA. Es verdad que si tú te ibas al RETA, al sistema público, ya no podías salirte y volver a la mutualidad. Pues bien, ahora mismo los compañeros, si se jubilan, van a acceder a una pensión con la mutualidad de unos 400 euros, mientras que en el RETA pueden llegar a los 900 euros mensuales. O sea, el compañero que cotizó por la mínima que le exigían, igual que el del RETA que cotiza por la mínima, tiene una diferencia en su pensión de más del 50 por ciento. Pues lo que estamos pidiendo y lo tenemos muy avanzado con todos los grupos políticos, es aprobar una pasarela de años cotizados para que las jubilaciones se produzcan en el RETA y no en la mutualidad. —La independencia de la justicia sigue siendo un tema clave en el debate político. ¿Cómo ve la situación de la independencia judicial en España hoy en día y qué papel debe jugar la abogacía para protegerla? —Es la pregunta del millón. El otro día en la toma de posesión me comentaban si en Castilla-La Mancha veía lawfare . Creo que cuanto más pequeña es la escala, menos se ve. Lo que se tramita en los juzgados de nuestros pueblos y ciudades es lo cotidiano. Ahí es difícil que haya una politización de la justicia, pero si tú subes en la escala y te metes en la Audiencia Nacional, por el tipo de delito o por el tipo de encausados que pueda haber con tintes políticos, y ya no le digo si llegas al Tribunal Supremo… Pues lógicamente siempre he visto que está en esa doble dirección, quiero decirle que hace años que hay una politización de la justicia y el sentido contrario también. Hay una judicialización de la política. Montesquieu y la división de poderes no ha muerto, pero sí que está herida Y le comento algo más, el Consejo General del Poder Judicial debería elegirlo los jueces, magistrados y otros juristas, afirma la Constitución, por cierto, que cita expresamente a la abogacía, o sea, el órgano de Gobierno de los jueces no tiene que ser solo endogámico, solo de los jueces, lo afirma la Constitución, tiene que haber otros juristas de reconocido prestigio, catedráticos, que los hay y se cita a la abogacía. En este momento no hay ningún abogado. De los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, por primera vez, no hay abogados. El Congreso y el Senado eligen, y aunque no vienen con el sello en la frente del PSOE o del PP, sí se sabe si los jueces son conservadores o progresistas. Esto viene viciado de raíz. Hay muchas de las asociaciones que siguen apostando porque de verdad se devuelva ese sistema de elección a las asociaciones de jueces. La Comisión de Venecia nos ha leído la cartilla hace unos días, diciendo: «Oiga, señores, ¿qué están haciendo ustedes?» Pero lo triste de esto es que el PP tuvo la ocasión de realizarlo y el PSOE ha tenido y tiene la ocasión de realizarlo y ninguno lo ha remediado. Entonces, el sistea está un poco pervertido, si me permite la expresión, por la base. Esta información, confirmada por fuentes cercanas al desarrollo de los acontecimientos, subraya la importancia de mantener una perspectiva informada sobre el tema.
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Es importante destacar que este tipo de situaciones no ocurren en el vacío. Los antecedentes históricos y el contexto socioeconómico actual juegan un papel fundamental en la comprensión completa de estos eventos. Expertos en la materia han señalado que la convergencia de múltiples factores ha creado las condiciones propicias para el desarrollo actual de los acontecimientos.
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Desde diferentes sectores se han alzado voces que ofrecen perspectivas variadas sobre el tema. Mientras algunos analistas mantienen una visión optimista sobre las posibles resoluciones, otros advierten sobre los desafíos que podrían surgir en el corto y medio plazo. Esta diversidad de opiniones refleja la complejidad inherente a la situación.
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Impacto en Galicia
La sociedad gallega, conocida por su capacidad de adaptación y resiliencia, observa estos desarrollos con atención. Desde las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo, hasta los centros de investigación y desarrollo, se están generando análisis y propuestas que podrían influir en la respuesta regional a estos acontecimientos.nn
Análisis en Profundidad
Un examen detallado de la situación revela múltiples capas de complejidad que merecen consideración. Los expertos consultados han identificado al menos tres dimensiones clave que deben tenerse en cuenta al evaluar estos desarrollos.nn
En primer lugar, la dimensión económica no puede ser ignorada. Los mercados han reaccionado con una mezcla de cautela y expectativa, reflejando la incertidumbre inherente a la situación actual. Los indicadores económicos sugieren que podríamos estar ante un período de ajustes significativos.
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En segundo lugar, el aspecto social presenta sus propios desafíos y oportunidades. La ciudadanía ha demostrado un nivel de engagement sin precedentes, participando activamente en el debate público a través de diversos canales. Esta participación ciudadana es vista por muchos como un signo positivo de la vitalidad democrática.
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Finalmente, la dimensión institucional requiere especial atención. Las organizaciones y entidades involucradas están trabajando para coordinar sus respuestas y garantizar que se mantenga la estabilidad necesaria para navegar estos tiempos complejos.
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Perspectivas Futuras
Mirando hacia adelante, es evidente que los próximos meses serán cruciales para determinar el curso de los acontecimientos. Los observadores coinciden en que estamos en un momento decisivo que podría definir tendencias a largo plazo.nn
La capacidad de adaptación y la flexibilidad serán elementos clave para navegar con éxito los desafíos que se avecinan. Tanto las instituciones como los ciudadanos deberán mantener una actitud proactiva y estar preparados para responder a desarrollos inesperados.
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En última instancia, el resultado dependerá de la capacidad colectiva para trabajar hacia soluciones constructivas que beneficien al conjunto de la sociedad. El diálogo, la cooperación y el compromiso con el bien común serán fundamentales en este proceso.
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