El gobierno municipal de Guitiriz salió este miércoles al paso de la última ofensiva del Partido Popular y negó cualquier irregularidad en el cobro de dietas por parte de su alcaldesa, Marisol Morandeira. En un comunicado oficial, el Concello recalca que todas las actuaciones estuvieron avaladas por la secretaría y la intervención municipales y reclama prudencia ante una denuncia cuya documentación, sostienen, aún no ha sido notificada de forma formal. El procedimiento judicial lo ha asumido el Juzgado de Vilalba, que ha solicitado al Ayuntamiento los expedientes oportunos para determinar si procede o no abrir diligencias.

La denuncia y la respuesta del Concello

La controversia comenzó con una denuncia presentada por el PP el pasado mes de febrero, que posteriormente fue ampliada por la misma formación. Según la denuncia, la alcaldesa habría cobrado dietas por asistir a juntas de gobierno local en fechas en las que, siempre según el escrito del PP, estaba fuera de la localidad por motivos institucionales. En concreto, el partido alude a una sesión celebrada el 4 de febrero, jornada en la que Morandeira también habría tenido un viaje en Girona, y a otra reunión en diciembre del año anterior.

Desde la Alcaldía se han limitado a recordar que todas las decisiones y pagos obedecen a trámites administrativos con firma y control técnico. El comunicado municipal, redactado en gallego, subraya que «todas as actuacións levadas a cabo polo goberno municipal realizáronse en todo momento con absoluto respecto á legalidade vixente, avaladas pola secretaría e a intervención municipal». La traducción literal de ese pasaje —que el Ayuntamiento ha querido situar como núcleo de su defensa— aparece en el escrito como garantía frente a las acusaciones de irregularidad.

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«Todas las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno municipal se realizaron en todo momento con absoluto respeto a la legalidad vigente, avaladas por la secretaría y la intervención municipal.»

En paralelo, el Concello insiste en que todavía no tiene constancia formal del contenido exacto de la ampliación de la denuncia, y por ello renuncia a hacer valoraciones más allá de lo que ya figura en los registros. «A día de hoxe non se ten constancia formal do contido concreto da denuncia á que se fai referencia, polo que dende o Concello non consideramos oportuno realizar valoracións adicionais sobre cuestións que non foron trasladadas polos canles oficiais», añade el comunicado, en la misma línea de pedir cautela ante informaciones que todavía deben ser verificadas por la vía judicial.

El trámite judicial en Vilalba

La pieza ha sido admitida a trámite por el juzgado de instancia de Vilalba, plaza número dos, que ha reclamado al Ayuntamiento la remisión de expedientes y documentación relacionadas con las juntas de gobierno y los justificantes de dietas. Es una fase habitual: el órgano judicial recaba la información básica para comprobar si existen indicios suficientes que permitan abrir diligencias de investigación.

Una vez que los documentos lleguen al Juzgado, la magistrada encargada analizará si hay elementos que puedan apuntar a una supuesta falsedad documental o a un cobro indebido. Si encuentra indicios, el siguiente paso sería practicar pruebas y citar a declarar a las partes implicadas; si no, el procedimiento se archiva. No hay plazos fijos en estos trámites y, en muchos casos, la resolución sobre la admisión a trámite puede tardar semanas.

Repercusiones políticas y próximos pasos

La disputa no es solo jurídica; también tiene recorrido político en un concello de A Chaira donde las tensiones locales se traducen con facilidad en campaña. El PP ha optado por llevar la controversia a los tribunales en una estrategia que, más allá del eventual resultado judicial, busca erosionar la imagen del gobierno municipal. No es la primera vez que en municipios pequeños una cuestión administrativa —dietas, viajes o conciliación de agenda— termina convirtiéndose en asunto de máxima exposición pública.

Para la alcaldesa, la mejor defensa en este momento es el manifiesto respaldo de los servicios técnicos del Concello y la petición de que la investigación siga su curso sin ruido mediático añadido. A falta de confirmación oficial sobre el contenido exacto de la ampliación de la denuncia, cualquier interpretación política mantiene un margen de incertidumbre. En las próximas semanas, tanto el Ayuntamiento como el Juzgado de Vilalba serán las fuentes que marquen ritmos y declaraciones.

En el plano ciudadano, la expectativa es doble: por un lado, hay demanda de claridad y transparencia sobre cómo se justifican y abonan las dietas; por otro, existe cierta fatiga ante polémicas que se alargan. La gestión de ese doble requerimiento —aclarar hechos y, al mismo tiempo, no judicializar en exceso la vida pública— es un reto clásico para la política local gallega.

Si la jueza decidiera admitir la causa y practicar pruebas, la toma de declaraciones podría obligar a una comparecencia de la alcaldesa y de funcionarios municipales, y abrir un proceso que tendrá repercusión política inmediata. Por el contrario, un archivo devolvería al equipo de gobierno la tranquilidad administrativa, aunque no necesariamente la política, porque la semilla de la sospecha suele permanecer en el debate municipal.

Los próximos pasos son previsibles: el Ayuntamiento remitirá la documentación requerida; el Juzgado de Vilalba analizará la misma y, acto seguido, comunicará decisiones procesales. Mientras tanto, la vida en Guitiriz transcurre con los servicios municipales en marcha y los vecinos de A Chaira observando con atención. A falta de resoluciones judiciales, la responsabilidad de las partes es mantener la normalidad administrativa y facilitar la información que demande la investigación, para que sea la justicia la que, con documentos en la mano, ponga luz sobre una controversia que ya ha tomado un cariz público y político.