Corrección menor realizada: eliminé los usos repetidos de que debían aplicarse solo a la primera mención. Aquí tienes la versión corregida.

En plena escalada de precios de los alimentos, el Ejecutivo ha decidido no incluir una rebaja general del IVA en el paquete de medidas anticrisis que Pedro Sánchez presentará este viernes. La estrategia apunta a ayudas dirigidas a los sectores más afectados —energía, transporte y campo—, dejando fuera por ahora la petición del sector alimentario de reducir el impuesto sobre la llamada “cesta de la compra”.

Las medidas anunciadas: por qué el IVA no forma parte del plan

La decisión, adelantada por el ministro de Economía en la tarde del martes, marca un giro respecto a lo ocurrido en 2022, cuando el Gobierno aplicó medidas de carácter más universal tras la invasión rusa de Ucrania. Ahora, según fuentes gubernamentales consultadas, el Ejecutivo busca centrar los recursos en cadenas productivas y operadores que, en su diagnóstico, generan efectos indirectos más amplios sobre la inflación: suministros energéticos, sectores logísticos y el ámbito agrario.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

La lógica que manejan en Moncloa es clara: una rebaja general del IVA tendría un impacto inmediato sobre el precio final, pero también un coste fiscal elevado y una eficacia desigual. Fuentes del equipo económico señalan que la medida podría beneficiar de forma proporcionalmente mayor a los grandes distribuidores y a hogares con mayor consumo, mientras que los hogares más vulnerables necesitan soluciones más directas y focalizadas, como transferencias o ayudas a suministros imprescindibles.

En Galicia, donde la cadena alimentaria incluye un tejido amplio de medianas y pequeñas empresas —desde las lonjas y productores lácteos hasta las panaderías y mercados municipales—, el debate ha prendido con fuerza. Comerciantes del Mercado de Abastos de A Coruña y pequeñas tiendas de barrio coinciden en la necesidad de contener precios, pero la mayoría duda de que una rebaja del IVA llegue en práctica a abaratar de forma homogénea la compra diaria.

Antecedentes y tensiones en la coalición

No es la primera ocasión en la última legislatura que surge la tensión entre medidas universales y selectivas. Tras el shock internacional de 2022, el Gobierno optó por fórmulas más generales; ahora, con la factura fiscal en el punto de mira y la inflación moderándose en comparación con aquel periodo, la apuesta es otra. Desde el ala más a la izquierda del Ejecutivo se habían planteado medidas adicionales, entre ellas la limitación de la subida de los alquileres, pero esas propuestas tampoco parecen tener cabida en el paquete anunciado.

Las diferencias internas no son solo de énfasis: también esconden preocupaciones prácticas sobre la implementación. Reducir temporalmente el IVA de los alimentos exige coordinación con las comunidades autónomas y con la Agencia Tributaria para evitar desequilibrios y fraudes. Además, el coste presupuestario de una rebaja general —que, según economistas consultados a puerta cerrada, podría implicar miles de millones de euros en pérdida de ingresos— obliga a priorizar.

En Galicia, donde la agricultura y la pesca forman parte esencial del entramado económico, las organizaciones agrarias llevan semanas reclamando medidas de apoyo al productor más que bonificaciones fiscales generales. Argumentan que bajar el IVA no ataca la raíz del problema: el aumento de costes en fertilizantes, transporte y energía, que reduce los márgenes del productor y, a la postre, presiona al alza los precios al consumidor.

Repercusiones y próximos pasos: quién gana y quién pierde

El anuncio no cierra el debate público. A falta de conocer el detalle del paquete que presentará Pedro Sánchez este viernes, los sectores azotados por el alza de costes esperan compensaciones directas. El transporte, por ejemplo, reclama medidas para abaratar el combustible y sostener rutas esenciales; el campo pide líneas de apoyo para insumos y liquidez. En el medio urbano, colectivos de consumidores y alguna formación política insistirán en mecanismos que beneficien a los hogares con rentas más bajas.

Los expertos consultados por este periódico insisten en que la eficacia de cualquier plan pasará por su capacidad de llegar a quienes más lo necesitan sin generar incentivos perversos. Una rebaja del IVA puede tener efecto psicológico en la inflación y moderar precios a corto plazo, pero su alcance real depende de la competencia en los mercados y de los márgenes de la distribución. En municipios costeros como Boiro, donde esta semana se veían paseantes cerca de la playa de Barraña, la preocupación es más prosaica: el ticket de la compra sube y pesa en presupuestos domésticos ya ajustados.

Políticamente, la decisión deja a la oposición con munición para criticar la falta de medidas “visibles” para los consumidores. Desde el Gobierno, en cambio, confían en que la combinación de ayudas directas y acompañamiento a sectores estratégicos reduzca la presión inflacionista sin hipotecar las cuentas públicas. A corto plazo, la clave estará en la letra pequeña: qué partidas se activan, qué plazos se manejan y cómo se articulan los criterios de acceso.

La ciudadanía tendrá además la oportunidad de expresarse: periódicos y foros de opinión alimentarán la conversación pública, y grupos de consumidores preparan campañas para monitorear la efectividad de las ayudas. A medio plazo, la pregunta que planea sobre la política económica es si el país abordará el problema con parches puntuales o con reformas estructurales que reduzcan la vulnerabilidad a nuevos shocks externos.

Sea cual sea el contenido final del plan, este viernes será una prueba de fuego para la estrategia económica del Gobierno. Más allá de titulares y encuestas, lo que importa a los hogares gallegos es si las medidas logran contener la escalada del precio de la cesta de la compra sin sacrificar inversiones públicas imprescindibles en sanidad, educación y servicios básicos. La tensión entre equidad, eficacia y sostenibilidad fiscal volverá a ocupar la agenda pública en los próximos días.