La plaza número tres de la sección contencioso-administrativa del Tribunal de Instancia de Pontevedra ha dado un nuevo paso en el largo pulso judicial sobre el complejo turístico del litoral de Oia. En una diligencia fechada el pasado 12 de marzo, el órgano requiere al Concello de Oia para que inste de forma inmediata a la empresa titular, Balneario del Atlántico, «a proceder a la demolición de las instalaciones», y fija un plazo de diez días para que el Ayuntamiento traslade ese requerimiento y comunique al juzgado las actuaciones realizadas. A la propiedad se le concede el mismo plazo para constituir una fianza destinada a cubrir posibles daños y perjuicios y los costes de derribo.

La orden judicial y el calendario de actuación

La resolución judicial, que llega en medio de un expediente que se arrastra desde hace años, no se limita a la orden de demolición: abre además un trámite para que la Xunta de Galicia y el propio Concello formulen alegaciones sobre la posible imposición de multas por la dilación en la ejecución. El tribunal advierte de la necesidad de acelerar las actuaciones para culminar una ejecución que, en palabras de la diligencia, debe ajustarse «a lo acordado en resoluciones previas».

El juez da prioridad a dos cuestiones prácticas: que el Ayuntamiento inste formalmente al propietario a ejecutar las labores de derribo y que la propiedad garantice económicamente los efectos de su permanencia en el paraje, con especial referencia al «valor paisajístico del entorno». Junto a la fianza para posibles indemnizaciones, la pieza procesal establece un plazo de cinco días para que tanto el Concello como la empresa presenten recurso, si así lo estiman sus servicios jurídicos.

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La alcaldesa, Cristina Correa, trasladó una mezcla de sorpresa y tristeza por la resolución. «Estábamos tramitando un plan especial para buscar el encaje legal del complejo, pero las administraciones van muy lentas. Y ahora, antes de que se complete, nos llega esta resolución. Estamos valorando con nuestros abogados qué podemos hacer», declaró, reconociendo no obstante que «las resoluciones judiciales están para cumplirlas».

«El derribo del Talaso supondría una ‘ruina’ para el Concello de Oia», reconoció la regidora, que citó la posibilidad de una indemnización millonaria y el impacto social.

Un conflicto que suma casi dos décadas

Este nuevo capítulo judicial se inserta en una historia que arranca mucho antes de los plazos y los proyectos municipales más recientes. Desde que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las licencias otorgadas para la construcción del complejo, el expediente ha conocido sentencias, recursos y sucesivos intentos de regularización. No es la primera vez que los tribunales dictan órdenes de derribo, y tampoco es novedosa la vía urbanística como instrumento para tratar de encajar el equipamiento en la normativa vigente.

En 2019 el Concello encargó un plan especial al despacho del abogado Calixto Escariz con la intención de encontrar una fórmula que permitiera, al menos parcialmente, la continuidad del Talaso bajo la nueva Lei do Solo y atendiendo a previsiones del Plan de Ordenación do Litoral, que contempla la talasoterapia como «uso autorizable en suelo rústico» cuando potencie el medio en el que se ubica. Aquella vía administrativa sigue en trámite y, hasta ahora, no ha evitado que la ejecución de las sentencias quede encima de la mesa.

La secuencia de recursos y las esperas administrativas han tensado las relaciones entre vecinos, empresa y administraciones. Para muchos en la comarca del Baixo Miño el Talaso es una referencia: ofrece servicios de bienestar, recibe diariamente huéspedes de la provincia de Pontevedra y del conjunto de Galicia y, según fuentes ligadas al establecimiento, emplea a 70 personas. Para otros, la legalidad del expediente y la protección del litoral son cuestiones irrenunciables.

Impacto local y próximos pasos

Los efectos de la orden van más allá del plano jurídico. Si la demolición se ejecutase, el Concello afrontaría el riesgo de una «abultada indemnización» por haber concedido una licencia luego anulada por la Justicia; esa carga económica es la que la alcaldesa identificó como posible «ruina» para el municipio. Además, la pérdida de empleo —setenta puestos directos— y la bajada de actividad en un municipio costero con importancia turística tranquila como Oia y su entorno serían inmediatas.

En el lado contrario, el mantenimiento del complejo sin una regularización firme contradice la doctrina administrativa y las sentencias que han señalado la ilegalidad de las licencias. El tribunal, por eso, ha exigido también que la propiedad garantice con una fianza los costes de demolición y los daños al paisaje, una medida diseñada para no hipotecar la reparación del entorno si finalmente se adjudica la obra de derribo a terceros.

Con el reloj judicial en marcha, las próximas semanas serán decisivas. El Concello puede optar por recurrir la diligencia en los cinco días hábiles previstos, o cumplir el requerimiento e instar a la propiedad, lo que a su vez puede abrir negociaciones sobre el importe de la fianza o la fórmula de ejecución. Por su parte, la Xunta debe pronunciarse en el trámite abierto sobre posibles sanciones por la demora en la ejecución.

En la comarca ya se palpita la inquietud: comercios y proveedores locales recuerdan la afluencia que generaba el Talaso, y los sindicatos han tomado nota de la situación de la plantilla. Políticamente, el expediente vuelve a colocar sobre la mesa preguntas incómodas para administraciones locales y autonómicas: ¿cómo conciliar la protección del litoral con la pervivencia de un motor económico como este? ¿Quién asumirá el coste final si se impone la demolición?

La respuesta llegará en forma de actuaciones concretas: notificaciones al juzgado, constitución o impugnación de la fianza, posibles recursos, y sobre todo la puerta abierta a que la Xunta y el Concello aleguen sobre multas por dilación. Mientras tanto, el edificio permanece en el paisaje de Oia, recordatorio visible de una disputa que enfrenta la normativa urbanística, el valor paisajístico del litoral y la realidad laboral y económica de un municipio que, como tantos en la ría de Vigo, busca un equilibrio entre protección y desarrollo.