La iniciativa de la Xunta para poner en marcha promociones paralizadas durante años empieza a mover el mercado y a retirar del paisaje numerosas «cáscaras» urbanas que afean municipios costeros e interiores. Promotores, colegios profesionales y asociaciones inmobiliarias coinciden en que la disposición aprobada junto a los presupuestos de 2025 facilita la finalización de obras, aunque advierten de trabas jurídicas, carencias de datos y retos sociales que todavía quedan por resolver.

Cómo funciona la medida y qué cambios ha provocado

El Gobierno gallego introdujo en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2025 un régimen excepcional para las edificaciones no acabadas que permite recuperar licencias de obra abandonadas y otorga un plazo de tres años para culminar los trabajos. La norma obliga además a destinar, como mínimo, el 50% de las viviendas resultantes a vivienda protegida cuando el promotor solicita la licencia municipal para completar la estructura y reconvertirla en residencial.

Desde el sector, voces como la de Juan José Yáñez, secretario general de Aproinco y portavoz de Feproga, valoran la medida. En su diagnóstico abundan los argumentos económicos y urbanísticos que justifican la intervención administrativa y la reactivación de obras.

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«Una muy buena medida, una solución muy satisfactoria que está dando resultados», dijo Yáñez en declaraciones a fuentes del sector.

En paralelo, Emma Martínez, presidenta de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), confirma que la venta y la rehabilitación de promociones se han reactivado, especialmente en la franja costera. La Consellería de Vivenda, que profundiza la norma en la ley de acompañamiento de 2026, admite que por ahora carece de cifras propias, pero subraya que

«se recibieron y se siguen recibiendo consultas para la aplicación de la disposición que demuestran el interés generado».

Los «esqueletos» que siguen en Galicia y el coste de la parálisis

Quedan aún miles de estructuras inacabadas por toda la comunidad. La federación gallega de inmobiliarias Fegein llegó a cifrar en más de 6.000 los edificios y promociones sin terminar, y situó en torno a 1.700 los activos en manos de la Sareb, el llamado «banco malo» creado tras la crisis financiera. Galicia muestra ejemplos en todo el litoral coruñés —Miño, Oleiros, Mugardos, Ribeira— y también en el interior: Arteixo, Teo o Trazo cuentan con promociones detenidas que los vecinos llevan años mirando como símbolos de una burbuja que estalló en 2007.

El catálogo de efectos negativos es conocido en los ayuntamientos pequeños: degradación del entorno, pérdida de valor de viviendas colindantes, riesgo de ocupaciones y problemas de seguridad. Eduardo Alonso, coordinador de la oficina de apoyo a la rehabilitación del Colegio de Arquitectos, lo resume con pragmatismo.

«Cada vez menos, porque ya van quedando menos, pero sí, aún hay muchos esqueletos de las promociones abandonadas tras la burbuja», señaló Alonso.

Además del impacto material, existe un coste reputacional. En localidades turísticas de la costa norte, la presencia de edificios a medio hacer ha lastrado la imagen y dificultado proyectos de regeneración urbana destinados a atraer residentes estables y un turismo de mayor valor añadido. La posibilidad de reconvertir esas construcciones en vivienda protegida ofrece una doble lectura: aumenta el parque de vivienda asequible, pero obliga a replantear infraestructuras y servicios en municipios que reciben población distinta a la prevista originalmente.

Obstáculos jurídicos, presión municipal y próximos pasos

Más allá de la disposición normativa, los promotores señalan el problema jurídico como la principal traba a la reactivación. Muchas de las empresas propietarias de las promociones fueron liquidadas y recuperar títulos de propiedad o desbloquear herencias de sociedades exige procesos judiciales o procedimientos concursales largos. Según Yáñez, una vez resuelto ese escollo «llega el negocio y la rentabilidad», pero no siempre resulta fácil alcanzar ese punto.

El reparto de competencias añade otra capa de complejidad. Son los ayuntamientos quienes deben tramitar las licencias municipales para finalizar obras; en muchos consistorios, técnicos y concejales afrontan expedientes antiguos, proyectos que no se ajustan a normativa actual y conflictos con comunidades limítrofes. En municipios pequeños, la llegada de una promoción reactivada puede necesitar adaptación de redes de agua, saneamiento y movilidad, decisiones que requieren planificación y financiación.

Tampoco faltan dudas sociales. La exigencia del 50% de vivienda protegida mitiga temores de especulación, pero abre debates sobre el régimen de protección, los precios y los mecanismos efectivos para garantizar el acceso a quienes más lo necesitan. La inexistencia de un inventario público y actualizado dificulta conocer la magnitud real del fenómeno y priorizar intervenciones con impacto social.

Para que el proceso avance con garantías harán falta, según técnicos y promotores consultados, varias medidas: facilitar la resolución de cuestiones jurídicas, acelerar trámites municipales con criterios claros, priorizar actuaciones con mayor efecto social y acompañar la finalización de obras con inversiones en infraestructuras. La Xunta, además, debería publicar un listado transparente de promociones susceptibles de acogerse a la norma, algo que permitiría planificar recursos y calendarizar actuaciones por zonas: costa, grandes concellos y comarcas del interior.

En localidades como Bañobre (Miño), donde los «esqueletos» han marcado el horizonte durante años, ya se perciben movimientos y obra abierta. Si la experiencia se consolida, Galicia puede convertir una herencia urbanística dolorosa en una oportunidad para ampliar el parque de vivienda protegida y reparar el paisaje. Pero el calendario, la coordinación institucional y la transparencia serán determinantes para que esa transición sea ordenada y justa para vecinos y administraciones.