Vecinos de Ourense denuncian filtraciones en los garajes subterráneos de la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras, que se llevaron la maquinaria pero dejaron zanjas y conducciones a medio rematar. Desde la última semana de febrero, la circulación en la vía está condicionada por el estado de los trabajos y los residentes temen que las molestias y los daños se prolonguen “semanas o incluso meses”. La fotografía de Xesús Fariñas que acompaña a las quejas muestra calles sin máquinas, pero con rastrojos de obra y elementos provisionales que no han resuelto los problemas de estanqueidad.

Filtraciones y garajes: qué está ocurriendo

La principal queja de los propietarios es la aparición de agua y humedades en los accesos y en el interior de los garajes comunitarios, situados en tramos donde se han ejecutado zanja para instalaciones y nueva pavimentación. Los vecinos calculan que más de 30 plazas de aparcamiento se han visto afectadas por acumulación de agua, desprendimientos de mortero y eflorescencias en paredes, aunque las cifras oficiales todavía no se han concretado.

“Me encontré el coche con media rueda sumergida; el muro del garaje tiene un color blanquecino que antes no existía”, relata María López, propietaria de una de las plazas más perjudicadas. Su tono mezcla resignación y enfado: reclama soluciones inmediatas porque, dice, “esto no es solo un problema estético; tememos por la seguridad eléctrica y por la corrosión de las instalaciones”.

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Miembros de varias comunidades de propietarios han presentado escritos en el Concello y han dejado constancia en la policía local de los daños. Según fuentes municipales consultadas, técnicos del área de Urbanismo realizaron una primera inspección informativa pero, a falta de confirmación oficial sobre partidas extraordinarias, la actuación más efectiva —sustituir o reforzar las impermeabilizaciones— no se contempla de inmediato.

Un proyecto parado y su historial local

La intervención en la Avenida de Portugal forma parte de un plan de remodelación urbana que pretendía modernizar el eje, mejorar el drenaje y ordenar el aparcamiento. No es la primera vez que esta arteria genera controversia: en meses pasados hubo quejas por el uso informal de la calle como macroaparcamiento y por la transformación del espacio público sin consenso vecinal. Aquellas tensiones se recrudecen ahora ante la percepción de obra inconclusa.

El contrato de obras fue adjudicado a una empresa constructora local que, según diferentes voces del barrio, habría ejecutado trabajos de base apresurados y con soluciones provisionales en las redes de saneamiento. Vecinos y comerciantes recuerdan que las lluvias de marzo han puesto a prueba las defensas de la vía y que, donde antes el agua discurría por sumideros, ahora se acumulan charcos que encuentran salida por las rendijas de los garajes.

Política y gestión municipal aparecen en el trasfondo del conflicto. En el Concello, la remodelación se diseñó con la intención de ordenar el tráfico y dar prioridad al peatón, pero la ejecución se topó con imprevistos técnicos y con la exigencia de coordinar múltiples servicios —agua, electricidad, telecomunicaciones— en un tramo denso de población. A falta de un calendario oficial de reapertura, los comerciantes próximos a la avenida advierten que la situación ya está afectando al comercio local: menos tránsito peatonal y dificultades de acceso al aparcamiento repercuten en las ventas diarias.

Consecuencias, responsabilidades y próximos pasos

La acumulación de agua y la presencia de humedades prolongadas pueden derivar en problemas estructurales si no se actúa con rapidez. Los técnicos consultados por varios propietarios alertan de riesgos sobre la estanqueidad de muros y la integridad de las losas, especialmente en garajes con instalaciones eléctricas a baja profundidad. Por eso las comunidades reclaman inspecciones más exhaustivas y, en su caso, peritajes independientes que cuantifiquen daños para exigir responsabilidades y compensaciones.

En el plano administrativo, el Concello tiene la facultad de exigir a la empresa adjudicataria medidas de contención y remediación en virtud de la garantía de obra. No obstante, vecinos temen que los procedimientos burocráticos alarguen la solución. “Si la obra está parada por falta de pago o por discrepancias contractuales, los más afectados estamos siendo los ciudadanos de a pie”, señala Antonio Rodríguez, representante de una comunidad afectada, que añade que ya se han barajado acciones colectivas para reclamar indemnizaciones.

Fuentes municipales han avanzado que se han solicitado informes técnicos complementarios y que, en paralelo, el servicio de emergencias locales ha reforzado la vigilancia en tramos puntuales para evitar episodios de inundación de calzada. A corto plazo, lo previsible es la ejecución de trabajos provisionales —bombas de achique, sellado temporal de huecos— mientras se decide la solución definitiva. Para los vecinos, sin embargo, esos parches no bastan: piden calendario, responsables y transparencia en la comunicación.

La sensación en la avenida es de espera tensa. Entre las fachadas se escuchan conversaciones sobre quién asumirá los costes si hay que reparar la impermeabilización de los garajes o reemplazar cuadros eléctricos dañados por la humedad. La foto de la maquinaria retirada contrasta con la presencia, todavía, de señales de obra y vallas que recuerdan que la transformación del eje no ha terminado. A falta de confirmación oficial sobre plazos y partidas, la calle vive una pausa que para muchos amenaza con convertirse en un problema estructural y social para el barrio.