Tras una nueva oleada de movilizaciones contra el estatuto marco impulsado por el Gobierno central, la sanidad pública gallega ha sufrido un revés que vuelve a tensar los plazos de atención hospitalaria y ambulatoria. En apenas dos días, la incidencia de la huelga elevó la cifra de procedimientos aplazados por encima de 23.000, mientras centros de salud como el de O Milladoiro, en Santiago, mostraban carteles que advertían a la población de consultas suspendidas y servicios reducidos.

Servicios colapsados y citas que se posponen

La protesta, que comenzó con paros parciales en atención primaria y se trasladó con mayor intensidad a los hospitales, ha dejado una estela inmediata de operaciones diferidas y pruebas diagnósticas reprogramadas. Fuentes del sector sanitario calculan que la cifra de afectaciones en esos dos días supera las veinte mil intervenciones y actuaciones, una golpe directo a la recuperación de las listas de espera que, tras la pandemia, habían experimentado una mejora progresiva en Galicia.

La semana de huelga médica que se vivió a principios de diciembre ya había mostrado la fragilidad del proceso de desatasco: aquel parón cortó en seco la tendencia a la baja y, desde entonces, la gestión de las agendas no ha logrado retomar el ritmo necesario para recuperar los tiempos perdidos. Los profesionales denuncian que las condiciones laborales, la sobrecarga y la falta de incentivos son factores determinantes que explican la respuesta colectiva contra el texto propuesto por el Gobierno.

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En los centros de atención primaria, las imágenes de carteles en las puertas se han vuelto habituales: citaciones anuladas, consultas telefónicas en sustitución de visitas presenciales y derivaciones retrasadas. Para los pacientes, sobre todo mayores crónicos y quienes esperan pruebas diagnósticas, la consecuencia es palpable: incertidumbre, nuevas citas a semanas o meses vista y, en algunos casos, empeoramiento de la enfermedad por demoras en el diagnóstico.

La Xunta de Galicia y Sergas han activado, según han explicado responsables de gestión, planes contingentes para priorizar casos urgentes y vulnerables, pero reconocen que el volumen de procedimientos aplazados obliga a reprogramaciones que condensarán actividad en las próximas semanas. La tensión entre mantener los servicios esenciales y garantizar el derecho a huelga está en el centro del conflicto.

Un conflicto con raíces estructurales y precedentes en Galicia

No es la primera vez que la sanidad gallega se encuentra en esta encrucijada. Las listas de espera son un viejo caballo de batalla en la comunidad; la pandemia las disparó y lo que debía ser una fase de recuperación ha quedado a merced de tensiones laborales recurrentes. En el recuerdo están las movilizaciones de años anteriores, cuando la precariedad en Atención Primaria y la escasez de personal en hospitales hicieron saltar las alarmas sobre la sostenibilidad del sistema.

El choque actual tiene además un componente político: el estatuto marco impulsado desde Madrid pretende armonizar condiciones laborales a nivel estatal, pero sindicatos y colectivos médicos lo leen como una regulación insuficiente que no ataja déficits de plantilla ni ofrece soluciones concretas para la carrera profesional y la negociación retributiva. En Galicia, donde la despoblación y el envejecimiento marcan necesidades sanitarias singulares, esas carencias se perciben con mayor intensidad en comarcas rurales y en la atención de cabeceras pequeñas.

En ámbitos hospitalarios, la sobrecarga se agrava por la acumulación de pruebas pendientes y la necesidad de reubicar quirófanos para atender urgencias y casos prioritarios. Esos reajustes disparan turnos extra y tensión entre profesionales, y alimentan el discurso sindical sobre la existencia de un problema estructural que no se resuelve con parches normativos. A la espera de una negociación que desbloquee la situación, la sensación entre pacientes y muchos trabajadores es la de que las reformas tras la pandemia se quedan a medias.

Consecuencias prácticas y pasos a seguir

En lo inmediato, el principal efecto será el alargamiento de los tiempos de espera. Pacientes con citas programadas para pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas no urgentes o consultas de especialidades verán retrasadas sus agendas. Los responsables sanitarios enfatizan que se priorizarán los casos oncológicos, las urgencias y las patologías crónicas con riesgo evidente de descompensación, pero admiten que la reprogramación masiva de actos impondrá sobrecargas en las próximas semanas.

Desde el punto de vista institucional, la negociación será clave. La Xunta dispone de competencias en la gestión diaria del sistema a través del Sergas, pero la propuesta que ha desencadenado la huelga procede del Ejecutivo central, lo que obliga a un espacio de diálogo entre administraciones. A falta de avances concretos en las mesas de negociación, los sindicatos mantienen la presión con convocatorias y asambleas que prometen continuidad si no hay respuesta satisfactoria.

Para los pacientes, la recomendación de los profesionales es acudir a los servicios de Urgencias únicamente en casos que lo requieran y emplear los canales telefónicos o telemáticos para consultas cuando no exista riesgo inmediato. Sin embargo, esta fórmula solo alivia en parte la presión: muchas patologías requieren exploración física o pruebas que no se pueden postergar indefinidamente.

Mirando más allá del conflicto, la sanidad gallega afronta un reto doble: recuperar la senda de reducción de listas de espera y atajar las causas que provocan la movilización de sus profesionales. Sin un plan de recursos humanos ambicioso, ingresos estables de nuevos especialistas y medidas que mejoren las condiciones laborales en la Galicia rural, las soluciones serán temporales. La discusión sobre cuánto pagar, cómo organizar guardias y cuál es el modelo de atención primaria adecuado no es nueva, pero el calendario político y las prioridades presupuestarias marcan el ritmo y, por ahora, las cuentas no salen.

La resolución del conflicto determinará no solo la capacidad del sistema para atender la demanda acumulada, sino también la confianza de la ciudadanía en un servicio que, durante décadas, ha sido pilar del Estado del Bienestar en Galicia. A la espera de que las mesas de negociación den fruto, las próximas semanas serán una prueba de resistencia para profesionales y pacientes por igual; y, en Santiago y otras localidades, los carteles en las puertas seguirán siendo el testimonio visible de un sistema que pide reformas profundas.