Ourense vive una ola de expolios que combina saqueo económico y daño simbólico: la noche del 16 de marzo fueron sustraídas 34 figuras —mayoritariamente crucifijos— en el camposanto de San Breixo, en Celanova, y sumando otros robos en cementerios próximos ya se superan los 60 objetos en apenas once días. Los robos no sólo son hurtos de metal; apuntan a una pérdida colectiva que golpea a familias y a la historia local.

La noche en la que desaparecieron los cristos

Fue en la madrugada del lunes cuando, según fuentes cercanas a la investigación, varios sepulcros del cementerio de San Breixo amanecieron sin las figuras que custodiaban las lápidas. Los familiares que bajaron a visitar a sus difuntos se encontraron con huecos donde antes había cruces y pequeñas esculturas de bronce o cobre. La alarma social creció con rapidez: no se trataba de una desaparición aislada, sino del eslabón más visible de una cadena de hurtos que había empezado días atrás en otros municipios de la provincia.

En apenas once días se contabilizan sustracciones en los cementerios de Santa María de Fechas y San Xoán de Viveiro —también en el entorno de Celanova—, en el de Marabillas, en Cartelle, y en el de San Eusebio, en Coles. A falta de confirmación oficial sobre la autoría, la investigación apunta a un modus operandi consistente: actuación nocturna, desplazamiento en vehículos para cargar piezas metálicas y una selección de material fácil de desmontar y comercializar en chatarrerías.

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El fenómeno recuerda otros episodios recientes en Galicia: el robo de cobre en señales ferroviarias o en cableado de telecomunicaciones que ha dejado municipios enteros incomunicados. Aquí, sin embargo, la dimensión simbólica añade una intensidad particular. No es lo mismo llevarse un hilo de cobre que desprender el Cristo de la lápida de una abuela o un vecino cuya memoria familiar está inscrita en ese bronce desde hace generaciones.

Una práctica asentada y sus causas

No es la primera vez que las piezas metálicas de los cementerios se convierten en objetivo. La subida y bajada del precio del cobre en el mercado internacional condiciona la actividad de pequeñas redes locales que se dedican a recoger chatarra y, cuando se incrementa la rentabilidad, amplían su radio de acción hasta lugares que antaño parecían intocables. En Ourense, además, existe una geografía propicia: cementerios rurales con escasa vigilancia y caminos de acceso que facilitan la huida.

Fuentes municipales consultadas en varios ayuntamientos de la comarca confirman la falta de recursos humanos para vigilar todos los camposantos, y subrayan que muchas necrópolis conservan piezas del siglo XIX y principios del XX que, además de valor material, poseen valor histórico y artístico. En esas lápidas quedan inscritas rutas de emigración, apelativos familiares y recuerdos de la Guerra Civil; cuando se sustrae un Cristo de bronce no sólo desaparece metal, sino un testigo de la memoria local.

La presencia de bandas organizadas no puede descartarse, según agentes que siguen la pista de las ventas en centros de reciclaje. La legislación exige identificación y trazabilidad en la compra de metales, pero en la práctica persisten canales informales. Los investigadores barajan la posibilidad de que quienes cometen estos robos actúen por encargo, guiados por el conocimiento de qué piezas son más lucrativas y más fáciles de pasar en el mercado negro.

Repercusiones locales y medidas en estudio

El impacto emocional es inmediato. Vecinos de Celanova relatan rabia e impotencia al ver las tumbas de familiares desprovistas de las figuras que tantos años llevaban. “No es solo dinero; es nuestra historia”, repiten en conversaciones callejeras. En ayuntamientos como el de Celanova y en los municipios afectados por los robos se estudian medidas urgentes: revisión de seguros, instalación de iluminación, refuerzo de cámaras en accesos y, en algunos casos, la retirada preventiva de piezas más valiosas para ser custodiadas en dependencias municipales hasta que cambien las condiciones de seguridad.

Las administraciones autonómicas y provinciales están a menudo en el centro del debate cuando la capacidad de protección se queda corta. A nivel local, los alcaldes y concejales abogan por un paquete de soluciones que combine prevención y sanción: endurecimiento de controles en chatarrerías, campañas de denuncia ciudadana y coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde la Guardia Civil, que investiga varios de los hechos, se apunta a la necesidad de rastrear cadenas de compra y venta que trasladen piezas a otras provincias o incluso al extranjero.

También surgen propuestas de menor coste pero eficacia inmediata: la catalogación y registro fotográfico de los bienes funeraros, con inventarios que faciliten la identificación y recuperación; la implicación de parroquias en el control nocturno; y la concienciación de las chatarrerías para exigir documentación fiable antes de adquirir metales de procedencia dudosa.

Más allá de las medidas tácticas, estos robos obligan a una reflexión más profunda sobre percepción ciudadana y degradación del espacio público. El expolio del patrimonio en cementerios agrava la sensación de abandono en zonas rurales que, en Ourense, ya sufren despoblación y envejecimiento. Recuperar la seguridad no será sólo cuestión de perseguir delincuentes, sino de reconstituir redes de cuidado comunitario que vuelvan a identificar esos lugares como bienes colectivos.

En el corto plazo, los familiares pedirán justicia y, con suerte, alguna de las piezas podrá recuperarse si aparecen en centros de reciclaje o en anuncios de compraventa. En el medio plazo hará falta coordinación institucional y normas más efectivas para cortar el negocio ilegal del metal. Mientras tanto, cada Cristo arrancado del bronce deja un hueco tangible en las lápidas y un recuerdo que, por más que se repare, ya no será igual: la memoria comunitaria ha sido tocada, y recuperar la tranquilidad en los cementerios será también recuperar un fragmento de la identidad de la provincia.