La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó ayer en una visita a una granja de Mazaricos medidas urgentes de la Xunta para compensar el encarecimiento de combustibles, fertilizantes y piensos que está dejando a las explotaciones agroganaderas en una situación límite. Frente a la casa de payés y los prados mojados por la llovizna típica del interior coruñés, la líder nacionalista pidió créditos, la aplicación estricta de la ley de la cadena alimentaria y la paralización de la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur.

La visita a Mazaricos y las demandas inmediatas

Con los tractores parados en el camino y los ganaderos mostrando facturas de abonos y combustibles que se han duplicado en pocos meses, Pontón planteó que la administración autonómica debe dejar de «arrastrar los pies» y activar ayudas directas para amortiguar la inflación derivada del conflicto en Oriente Medio. Según explicó, el incremento de costes no es coyuntural para muchas explotaciones familiares: es la diferencia entre seguir o cerrar.

La política del Bloque defendió también la apertura de líneas de crédito específicas para las pequeñas y medianas empresas del sector agroganadero, que en Galicia constituyen la columna vertebral del medio rural. En la conversación con ganaderos de Mazaricos afloraron quejas sobre plazos bancarios, avales y la dificultad de negociar con industrias que, a juicio de los productores, trasladan los costes hacia abajo en lugar de repartirlos.

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Reclamó igualmente la «estricta aplicación» de la ley de la cadena alimentaria para impedir que la industria cierre contratos a la baja y que los ganaderos se vean obligados a producir por debajo del coste. «No puede ser que se pague la leche más barata en nuestra tierra cuando la calidad que entregan es de primera», aseveró Pontón, que añadió que es imprescindible recuperar foros de negociación como la Mesa do Leite para que industria y productores acuerden precios justos.

La líder del BNG volvió a advertir de un dato que enrarece la situación: en 2025, el precio de la leche en Galicia fue, según denuncias del sector, el más bajo de todo el Estado. Ese dato, que los ganaderos perciben como una injusticia histórica, alimenta el malestar en comarcas donde la ganadería lechera ha sido durante décadas la principal actividad económica.

Antecedentes: décadas de tensión y la sombra de los acuerdos comerciales

La crisis actual no surge de la nada. Hace años que la cadena láctea mantiene un pulso entre productores, transformadores y distribuidores. En Galicia, donde las explotaciones suelen ser de pequeño tamaño y la orografía limita la expansión, la competitividad se sostiene más en la tradición y la calidad que en economías de escala. Por eso cualquier incremento en los costes de producción se parece a un vendaval.

No es la primera vez que los ganaderos gallegos se quejan de la falta de respuesta de las administraciones. La recuperación de instrumentos de diálogo como la Mesa do Leite fue una medida reclamada en crisis anteriores; su ausencia deja al sector sin un cauce estable para negociar precios y condiciones. A esa carencia se suma la preocupación por la apertura de mercados: la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur es vista por Pontón y por muchos productores como un factor que podría traer productos más baratos y debilitar aún más los precios locales.

Asimismo, la incorporación de jóvenes al campo, un problema estructural en Galicia por la pérdida continua de población en el rural, sigue chocando con trámites y retrasos. Pontón instó a la Xunta a resolver sin demora las ayudas de 2025 destinadas a fomentar la entrada de nuevas generaciones a la actividad ganadera, una medida que, según los representantes del sector, puede marcar la diferencia entre continuidad o abandono en municipios con dificultades demográficas.

Repercusiones y próximos pasos: entre la presión política y la urgencia económica

La petición del BNG se suma a la presión que ya sufren desde hace semanas las consejerías encargadas de Agricultura y Economía. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, y su Gobierno se enfrentan ahora a la disyuntiva de poner sobre la mesa partidas presupuestarias extraordinarias o dejar que la decisión sobre precios recaiga exclusivamente en el juego contractual privado.

Fuentes del sector consideran que, además de ayudas directas, hacen falta medidas estructurales: simplificación administrativa para modernizar explotaciones, impulso a la comercialización en origen, y mecanismos de compra pública que favorezcan productos gallegos. Pontón reclamó también la movilización de superficies en desuso para ampliar explotaciones: el Bloque propone movilizar 100.000 hectáreas hasta 2030 para mejorar la competitividad y evitar tierras sin aprovechar.

Sobre la ley de la cadena alimentaria, la exigencia de su cumplimiento no deja de ser una llamada al control: verificaciones de contratos, sanciones para prácticas abusivas y fórmulas que impidan la venta por debajo del coste. La pregunta política es si la Xunta asumirá un rol activo de árbitro o seguirá escudándose en el marco estatal y comunitario para justificar una inacción que los afectados interpretan como indiferencia.

En el corto plazo, los ganaderos observan con inquietud las negociaciones que la industria ya anuncia: “la próxima ronda será a la baja”, repiten los productores. Si esa previsión se confirma, muchas explotaciones, sobre todo las más pequeñas, verán erosionada su viabilidad. En los pueblos como Mazaricos, esto significa menos ingresos, menos empleo local y más riesgo de despoblación.

La convocatoria de la Mesa do Leite y el desbloqueo de las ayudas a jóvenes podrían ser señales de que la Xunta toma cartas en el asunto. Pero también lo sería una política fiscal que alivie el coste energético o ayudas temporales a piensos y fertilizantes. En cualquier caso, el tiempo apremia: la campaña de firmeza que prometen los ganaderos necesita consecuencias concretas, no solo declaraciones en visitas electorales.

Al final, la discusión en Galicia vuelve a ser la de siempre: cómo proteger un modelo productivo que alimenta mercados y mantiene el territorio frente a la lógica de los grandes volúmenes y la administración distante. Si la Xunta responde con medidas reales, las vacas de Mazaricos seguirán ordeñando con la certeza de cobrar un precio digno; si no, el paisaje rural seguirá empobreciéndose, parcela a parcela.