La sustracción de piezas religiosas en iglesias y cementerios de Ourense ha vuelto a colocar sobre la mesa una realidad que preocupa a feligreses y técnicos del patrimonio: no se trata solo de hurtos aislados de cobre, sino de una sucesión de operaciones que, según la Guardia Civil, muestran la firma de una banda profesional. El episodio más llamativo en las últimas semanas ha sido el destrozo y robo del llamador de la puerta en la Catedral de Ourense, pero los daños incluyen crucifijos arrancados de panteones y elementos de bronce sustraídos en cementerios municipales, hechos que desatan no pocas especulaciones en la ciudad.

Saqueos y esclarecimiento policial

Las investigaciones abiertas por la Guardia Civil apuntan a un patrón: desplazamientos nocturnos, trabajo rápido y el interés claro por metales y piezas susceptibles de venderse en el mercado de chatarra o en circuitos ilícitos de antigüedades. Los investigadores, según fuentes que han seguido el caso, han descartado que estas acciones respondan a ritos esotéricos o a una moda de exaltación juvenil; más bien se orientan a la comercialización y al aprovechamiento de materiales con valor residual.

En varias parroquias periféricas se han localizado tumbas con los crucifijos arrancados; los peritos señalan que muchos de ellos son de bronce y decoran panteones decimonónicos, por lo que su valor sentimental y patrimonial supera con creces cualquier precio que puedan alcanzar como chatarra. Ese contraste entre el valor económico y el simbolismo de las piezas ha sido subrayado por el deán de la Catedral, José Ángel Feijóo Mirón, que calificó estos robos de «repulsivos» y pidió medidas coordinadas para frenar la oleada.

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«El valor económico es mínimo; el mayor daño radica en lo que se quita a las familias y a la memoria», dijo el deán durante una intervención pública, añadiendo que la profanación de sepulturas constituye «uno de los peores insultos en esta tierra».

La propia catedral sufrió la sustracción de un llamador metálico en una de sus puertas exteriores hace unos meses, un hecho que todavía colea entre los técnicos de conservación y que, según Feijóo Mirón, ilustra la vulnerabilidad de bienes expuestos al aire libre y sin la protección adecuada.

Un patrimonio expuesto y poco protegido

Ourense no es ajena a los problemas que atraviesan muchas zonas rurales y pequeñas ciudades: iglesias con recursos limitados para seguridad, cementerios con panteones históricos de titularidad mixta y un mercado de segunda mano que facilita la circulación de objetos de procedencia dudosa. Cabe recordar que, en Galicia, la dispersión de bienes en pequeñas parroquias y la falta de inventarios exhaustivos complican la tarea de control y recuperación.

Los efectos no son solo materiales. Para muchas familias, los crucifijos y otros enseres funerarios forman parte de la forja de la memoria colectiva. Además, la pérdida de elementos originales dificulta posteriores restauraciones y resta autenticidad a los conjuntos artísticos. Técnicos consultados por este periódico señalan que reponer una pieza es relativamente barato en términos económicos —un llamador de puerta, un crucifijo de bronce— pero imposible de reemplazar en términos de historia local y vínculo afectivo.

En este escenario convive otro riesgo: la tentación de atribuir a motivos sensacionalistas —supuestos ritos satánicos o profanaciones rituales— actos que, en muchos casos, tienen una explicación mucho más prosaica y económica. Esa banalización mediática puede desviar recursos y sembrar alarma innecesaria entre la población, por lo que las autoridades insisten en dejar trabajar a la investigación criminal antes de sacar conclusiones precipitadas.

Repercusiones y próximos pasos

A la espera de detenciones y de que se identifique la red que la Guardia Civil considera responsable, 19 de marzo de 2026 quedará como fecha en la que el clero ourensano elevó la voz para reclamar un «acuerdo institucional» que proteja, según palabras del deán, el «enorme» patrimonio religioso de la provincia. Esa petición va dirigida a la Xunta, a la Diputación de Ourense, a los ayuntamientos y a la propia Diócesis, y plantea medidas concretas: inventario actualizado, sistemas de alarma y vídeo vigilancia en emplazamientos sensibles, y protocolos de actuación para custodiar piezas de mayor valor fuera de lugares expuestos.

Algunos ayuntamientos han comenzado a estudiar soluciones prácticas: cerrar accesos nocturnos, coordinar el servicio de vigilancia nocturna y establecer convenios con talleres de restauración para catalogar y marcar objetos recuperables. No existe, sin embargo, una solución única; la heterogeneidad del patrimonio exige respuestas flexibles que combinen prevención, control del mercado de chatarra y campañas de denuncia ciudadana.

En el plano judicial y policial, el principal desafío será cortar la cadena que va desde la extracción en el terreno hasta la venta y exportación de piezas. Los expertos en patrimonio recuerdan que muchas veces los objetos no desaparecen en el entorno inmediato, sino que circulan por intermediarios que diluyen su origen. Por eso, además de la persecución penal, se reclama una mayor vigilancia del mercado de compraventa de metales y antigüedades, así como la identificación y trazabilidad de los objetos recuperados.

Para la comunidad ourensana, la movilización que propone el deán no es una mera reclamación institucional: supone reconocer que proteger la memoria colectiva es también una cuestión de convivencia y de respeto a quienes yacen en los cementerios. Que la Guardia Civil descarte un móvil esotérico puede tranquilizar, pero no solventa la urgencia de medidas preventivas. Si no se actúa, las pérdidas continuarán sumándose a un coste intangible que las cuentas no recogen: la erosión de la historia local, pieza a pieza.