En el juzgado de lo penal número 22 de Madrid, este jueves ha declarado Pilar Baselga, acusada de difundir un bulo que sostenía que la esposa del presidente del Gobierno sería una mujer trans, y ha defendido que lo que hizo fue opinar sobre «cosas ya publicadas». El juicio, que se celebra tras la denuncia presentada por Begoña Gómez, aborda presuntos delitos de injurias y calumnias por unas afirmaciones emitidas en un programa de televisión en noviembre de 2022. La acusada ha admitido haber usado un «tono desafortunado» pero ha negado intención de injuriar o calumniar. La vista ha servido para confrontar la versión de Baselga con la petición de responsabilidad civil y penal formulada por la acusación.

Según el escrito de la acusación, la intervención que motivó la demanda se produjo el 22 de noviembre de 2022 en el espacio ‘Los intocables’ de Distrito TV, donde Baselga expresó «sospechas» de que Begoña Gómez había sido en origen «Begoño» y se refirió a ella en algún momento como «esposo» del presidente. En la misma intervención, la procesada aseguró que a Gómez le habían tendido una trampa vinculada a una supuesta cuestión de narcotráfico en Marruecos y que los servicios secretos marroquíes disponían de pruebas, además de sugerir que por ese motivo había perdido su puesto en la Universidad Complutense o en el Instituto de Empresa.

En su declaración ante el tribunal, Baselga respondió únicamente a las preguntas de su letrado y rechazó que su intención hubiera sido difamar. Afirmó que el fragmento difundido no recoge todas sus exposiciones porque, dijo, «está editado», y que aquella intervención fue, en su opinión, una improvisación en la que se limitó a comentar informaciones que ya circulaban. Reiteró que no es tertuliana habitual y que acudió por primera vez al programa, admitiendo sin embargo que el tono empleado en algunos momentos fue desafortunado.

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La acusación particular reclama que la conducta de la acusada sea calificada como delito de calumnias y pide para ella dos años de prisión, además de exigir una multa y una indemnización por los daños causados. En concreto, la demanda solicita una multa de 21.000 euros por un delito de injurias graves y una indemnización de 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La cuantía y la calificación penal están en el centro del debate jurídico sobre si las manifestaciones de Baselga constituyeron hechos falsos o meras opiniones sobre informaciones previas.

Un perito aportado durante la vista subrayó que la leyenda sobre la supuesta transexualidad de la esposa del presidente no nació con Baselga, sino que se ha venido difundiendo con anterioridad en redes y foros. El experto recordó que acusaciones similares se han utilizado contra otras primeras damas y figuras públicas en olas de desinformación, citando ejemplos internacionales que muestran un patrón de rumoreo y estigmatización hacia mujeres vinculadas a la política.

La defensa intentó asimismo relativizar el alcance de la intervención, aludiendo al formato del programa y al contexto de debate en el que los participantes realizan conjeturas públicas. En ese sentido, Baselga defendió que su conducta encajó en el ejercicio del derecho a la opinión y que no hubo ánimo de imputar delitos ni de inventar hechos; la acusación, por su parte, insiste en que se trata de afirmaciones capaces de dañar gravemente el honor de la denunciante.

Antes de la apertura de la vista, la acusada convocó a algunos seguidores a la sede judicial a través de su canal de Telegram, una llamada que llegó a difundirse entre simpatizantes aunque, según fuentes judiciales, la dirección que facilitó fue errónea. Paralelamente, las declaraciones que motivaron el proceso se viralizaron en su momento, lo que multiplicó la exposición pública y alimentó el debate sobre la responsabilidad de quienes difunden contenidos sin verificar su veracidad.

El juicio marca un nuevo episodio en la tensión entre libertad de expresión y protección del honor en el entorno digital, donde los bulos encuentran fácil diseminación. Los magistrados deberán valorar si las manifestaciones en un espacio televisivo pueden considerarse opinión basada en informaciones previas o si, por el contrario, cruzaron la línea hacia la difamación, con las consecuencias penales y civiles que reclama la acusación.