El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró este jueves la sentencia del Tribunal Supremo que confirma por unanimidad la titularidad estatal del Pazo de Meirás y reclamó que las administraciones procedan en coherencia con esa resolución. La decisión del Alto Tribunal respalda la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y obliga a la familia Franco a devolver la finca al Estado; la noticia se conoció el mismo día en que Rueda participó en un acto institucional en Santiago de Compostela. El jefe del Ejecutivo gallego destacó la necesidad de contar con fallos jurídicos nítidos para poder ejecutar las medidas que correspondan.

La Sala Primera del Tribunal Supremo rechazó todos los recursos presentados contra la resolución anterior, tanto los interpuestos por los herederos del dictador como los planteados por diversas administraciones públicas que buscaban evitar un pago indemnizatorio. Con esa decisión firme, el pazo recuperará su condición de bien público tras años de litigio sobre la forma en que la finca pasó a manos familiares y sobre los derechos de posesión alegados. Aunque el tribunal ha confirmado la devolución, la cuestión de si procede o no una compensación económica a los herederos ha quedado dilucidada en parte y puede generar nuevas actuaciones administrativas.

Rueda reconoció ante los periodistas que no ha leído todavía el fallo en su integridad, pero subrayó que cuando una resolución judicial es diáfana las instituciones deben ajustarse a ella, aunque el contenido pueda generar opiniones encontradas. El presidente autonómico indicó que las decisiones judiciales, «se compartan o no», marcan el camino de actuación de la administración y que la Xunta tendrá en cuenta la sentencia en las próximas actuaciones relativas al pazo. Asimismo, recordó que el inmueble está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que implica obligaciones sobre su conservación y acceso público.

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La restitución del Pazo de Meirás al Estado implica, según la administración gallega, la continuidad del uso público del conjunto, que en los últimos tiempos ha abierto sus jardines a visitantes y registró una elevada demanda —más de 300 solicitudes para visitas, según informaciones recientes—. El acceso ciudadano y la gestión del BIC serán asuntos prioritarios en la agenda posterior al fallo, con atención a la protección del patrimonio y a la planificación de visitas y actividades culturales en la finca. Las previsiones de la Xunta apuntan a mantener abiertas las posibilidades de uso público, respetando la normativa sobre bienes protegidos.

En el plano jurídico, la sentencia del Supremo afianza la doctrina aplicada por la Audiencia de A Coruña y puede sentar un precedente para otros casos vinculados a bienes controvertidos por su origen en la época franquista. La confirmación por unanimidad refuerza la seguridad jurídica sobre la titularidad estatal del pazo, aunque todavía quedan por resolver aspectos materiales, como el posible abono de indemnizaciones si así lo determina el procedimiento. Las administraciones implicadas deberán coordinarse para ejecutar la sentencia y determinar las consecuencias patrimoniales que correspondan.

Fuentes municipales y técnicos en patrimonio señalan que, una vez formalizada la entrega efectiva del inmueble al Estado, será preciso abordar el estado de conservación de la finca y su gestión a medio plazo. El Pazo de Meirás, monumento con fuerte carga histórica y símbolo de un pasado controvertido, requiere inversiones y planes de conservación que garanticen su integridad y su apertura responsable a la ciudadanía. La gestión pública deberá conciliar la memoria histórica con la puesta en valor del conjunto arquitectónico y paisajístico.

El fallo ha reavivado el debate sobre la mejor manera de gestionar vestigios del franquismo en el espacio público, una cuestión que viene ocupando a administraciones y asociaciones desde hace años. Organizaciones memorialistas y partidos políticos ya habían expresado su interés por la devolución del pazo al dominio público; ahora, con la ratificación del Supremo, reclaman concreción en los plazos y en las medidas de conservación y uso. La resolución del tribunal es, para muchos, una oportunidad para cerrar un capítulo y abrir otro centrado en la recuperación patrimonial y la pedagogía histórica.

En las próximas semanas, los equipos jurídicos del Estado y las unidades administrativas correspondientes deberán formalizar los pasos para ejecutar la sentencia y determinar si existe acometida indemnizatoria y su cuantía. Rueda insistió en que, si hay responsabilidades económicas derivadas del fallo, la Xunta acatará lo que establezca la justicia y ajustará su actuación a las obligaciones que se deriven. Mientras tanto, el Pazo de Meirás seguirá en el foco mediático y político por su significación histórica y por las consecuencias prácticas que la decisión judicial pueda acarrear.