El Ayuntamiento de Sada celebró este jueves la resolución del Tribunal Supremo que confirma la titularidad pública del pazo de Meirás, la conocida residencia estival del dictador Francisco Franco, y que pone fin a un prolongado litigio sobre su propiedad. La sentencia, notificada el 12 de marzo de 2026, ratifica que el inmoble y los terrenos son del Estado y, según el municipio, cierra una etapa judicial clave para recuperar un bien patrimonial para la ciudadanía. El gobierno local subraya que la decisión ofrece la base legal para proceder a las labores administrativas y la apertura completa de la finca a la sociedad.

El fallo del Alto Tribunal refrenda la idea de titularidad pública, pero mantiene la conclusión de la Audiencia Provincial de A Coruña en relación con la liquidación posesoria que benefició a los herederos de la familia Franco, al entender que su posesión no se produjo con mala fe. Esa matización sobre la cuantía que pudiera corresponder por la posesión es, según fuentes municipales, el punto que todavía exige una valoración posterior y que tendrá repercusión económica y administrativa. El Ayuntamiento advierte que defenderá los intereses públicos en las siguientes fases del procedimiento para que la resolución sea lo más favorable posible a la ciudadanía.

En su comunicado, el Consistorio recordó que ya en 2018 presentó un voto particular ante la comisión de expertos que abordó la cuestión, alertando de la necesidad de fundamentar la demanda del Estado también en la existencia de mala fe en la posesión. Esa argumentación, según Sada, no fue incorporada finalmente por la Abogacía del Estado en la demanda que terminó ante los tribunales, lo que a juicio municipal pudo condicionar la liquidación posesoria. «De haberse incluido esa pretensión, la liquidación final podría haber sido distinta», aseguró el Ayuntamiento, que mantiene la idea de que quedan abiertas cuestiones por dirimir en favor del interés público.

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La corporación local anunció que, con la sentencia firme, el siguiente paso será promover el cambio de titularidad registral del pazo, que a día de hoy sigue figurando a nombre de la familia Franco, para que el Estado pueda ejecutar las actuaciones necesarias. Esas intervenciones incluyen las labores de conservación y la preparación del edificio y los terrenos para su apertura total a la ciudadanía, algo que el municipio considera prioritario. El objetivo declarado por Sada es que el pazo deje de ser un bien privado y pase a integrarse en el patrimonio público gestionado para fines culturales y de memoria.

El Ayuntamiento también reclamó la activación del protocolo interadministrativo entre Estado, Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Sada para definir el uso del pazo y su conversión en un espacio dedicado a la memoria democrática. Además, planteó la necesidad de compatibilizar esa función con el reconocimiento a la figura de Emilia Pardo Bazán y la protección de su legado cultural, presente en vínculos históricos con la finca. La propuesta municipal apunta a combinar la recuperación patrimonial con iniciativas culturales que aporten contexto y conocimiento a visitantes y vecinos.

En su nota, la institución local hizo hincapié en el papel de la investigación histórica y del activismo social en la recuperación del inmueble, citando expresamente las aportaciones de los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo. También agradeció el trabajo jurídico que acompañó el proceso, con un reconocimiento especial para el letrado del Ayuntamiento, Miguel Torres Jack, y para las asociaciones y particulares que mantuvieron la presión pública. El Consistorio trasladó que la sentencia es el resultado de años de documentación, reivindicación y seguimiento público del expediente.

El pazo de Meirás, por su condición de residencia vinculada al régimen franquista, ha sido objeto de controversia y reclamaciones desde hace décadas, con actuaciones legales y propuestas políticas que han culminado en este pronunciamiento del Tribunal Supremo. El pleito sobre la propiedad y la titularidad registral ha recorrido distintas instancias judiciales y ha generado debates sobre la naturaleza del patrimonio derivado de la dictadura y su destino. Para Sada y para buena parte de la sociedad gallega, la sentencia supone un paso decisivo en la reparación simbólica y en la gestión del legado histórico.

Con la resolución ya firme, las autoridades locales esperan que se concreten los plazos para la inscripción registral a favor del Estado y la puesta en marcha de las obras y programas que permitan la apertura pública. Aunque quedan por determinar aspectos económicos vinculados a la liquidación posesoria, el Ayuntamiento insistió en su compromiso de vigilar que las decisiones posteriores favorezcan el interés común. Para el gobierno municipal, la sentencia no solo supone una victoria jurídica, sino una reafirmación del derecho de la ciudadanía a disponer de su patrimonio y de la memoria colectiva.