La Xunta ha cedido. Tras años de resistencia, de recursos judiciales, de polémicas declaraciones y de tensión con el Ministerio de Educación, el gobierno gallego se ha abierto finalmente a negociar el modelo de enseñanza del gallego en las aulas. Es una noticia que debería celebrarse como un avance, pero que obliga a preguntarse si no llegamos tarde a un debate que debería haberse resuelto hace décadas. La lengua gallega, el principal patrimonio inmaterial de Galicia, se juega su futuro en las aulas. Y la jugada no está ni mucho menos ganada.

Los datos son tozudos y desalentadores. Según el último informe sobre la situación lingüística en Galicia, el uso social del gallego ha caído por debajo del 25% en los ámbitos urbanos, y el número de hablantes jóvenes que lo utilizan como lengua habitual no deja de descender. La transmisión intergeneracional, el mecanismo natural de supervivencia de las lenguas, se ha roto en buena parte del territorio: los padres que hablan gallego a sus hijos son cada vez menos, y los niños que lo aprenden fuera de la escuela son una minoría en las ciudades. El resultado es una lengua que resiste en el rural, donde es mayoritaria, pero que retrocede de forma acelerada en las áreas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población gallega.

Ante este diagnóstico, cualquier demora en la toma de decisiones es un lujo que Galicia no puede permitirse. La escuela es el único espacio público donde todos los niños gallegos acceden a la lengua de forma sistemática. Si la escuela no garantiza una competencia sólida en gallego y no crea actitudes positivas hacia su uso, la lengua no tendrá relevo generacional. El problema no es que los niños no hablen gallego en el patio: es que no lo hablan en casa, no lo ven en las series que consumen, no lo leen en los videojuegos. La escuela no puede ser el único bastión, pero si ese bastión cae, la lengua cae con él.

El debate sobre el modelo lingüístico educativo en Galicia ha estado demasiado tiempo secuestrado por posiciones maximalistas. Por un lado, los que defienden la inmersión total en gallego como único camino para salvar la lengua, ignorando que una parte significativa de las familias gallegas quiere que sus hijos tengan una competencia sólida en castellano como lengua de uso mayoritario en España. Por otro lado, los que consideran que el gallego debe ser casi testimonial en el currículo, como si la lengua propia de Galicia fuera un estorbo para la inserción laboral de los jóvenes en lugar de un activo diferencial. Entre ambos extremos hay un espacio de acuerdo razonable que la Xunta ha evitado explorar durante años y que ahora, forzada por las circunstancias, se dispone a pisar.

Ese espacio de acuerdo existe. Se llama modelo de competencias equilibradas: garantizar que al final de la educación obligatoria todos los alumnos tengan un dominio funcional del gallego y del castellano equivalentes, sin que ninguna de las dos lenguas sea vehicular en exclusiva. Esto implica repartir las materias de forma que se garantice la exposición suficiente a ambas lenguas, pero también formar al profesorado, diseñar materiales didácticos atractivos y crear un entorno escolar donde el gallego no sea una asignatura más, sino una lengua viva que se usa en el laboratorio, en el gimnasio y en la excursión.

Lo más preocupante no es que el debate exista. Es que haya llegado tantos años tarde. Mientras la Xunta y el Ministerio se enzarzaban en disputas competenciales y recursos judiciales, la transmisión lingüística se ha ido erosionando curso tras curso. Cada año que pasa sin un modelo educativo estable es un año de pérdida irreversible para el gallego. La negociación que ahora se abre no es una concesión política: es una emergencia lingüística. Y el tiempo urge. Si la escuela no salva el gallego, nada ni nadie lo hará.