Vecinos de la comarca presentaron el 12 de marzo ante la Fiscalía Provincial de Lugo una denuncia en la que piden a Anticorrupción y a la Fiscalía Antifraude que investiguen la presunta mediación del alcalde de O Saviñao en la instalación de dos parques eólicos previstos entre ese municipio y Bóveda. En el escrito, los denunciantes sostienen que las actuaciones habrían favorecido a las empresas promotoras de los parques conocidos como Ferroedo y Neboreiro y podrían encajar en varios tipos penales. La queja apunta a posibles irregularidades cometidas en los últimos meses y solicita una instrucción detallada para esclarecer los hechos. La iniciativa parte de vecinos y personas afectadas por la cercanía de las infraestructuras proyectadas a sus viviendas y fincas.

Según el documento remitido a la Fiscalía, parte de la mediación se habría desarrollado en el despacho del regidor municipal, un extremo que, de confirmarse, podría constituir el núcleo de las sospechas penales que se apuntan en la denuncia. Los firmantes mencionan delitos como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a cargos públicos, y solicitan que se analicen las comunicaciones y las gestiones realizadas entre responsables municipales y promotores. El escrito reclama la colaboración de Anticorrupción y Antifraude para garantizar que la investigación tenga alcance suficiente y prioridad procesal.

En la relación de implicados, además del alcalde, se citan otros cargos locales. Los denunciantes señalan la intervención del concejal y exalcalde de O Saviñao Joaquín González y de la segunda teniente de alcalde de Bóveda Cristina Juiz, a los que atribuyen vínculos con las decisiones que afectan al trazado y a la tramitación de los parques. Una de las familias afectadas por los proyectos asegura que su vivienda quedaría a unos 240 metros de un aerogenerador, dato que utilizan para subrayar el impacto directo sobre residentes. La denuncia solicita que se investigue tanto la legalidad de las actuaciones como posibles beneficicios personales derivados de la implantación de las instalaciones.

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Los denunciantes plantean, además, que existen circunstancias que podrían configurar un conflicto de intereses, y apuntan a relaciones o beneficios económicos indirectos vinculados a las fincas afectadas. En el escrito se recoge la sospecha de que se ejercieron presiones institucionales sobre la familia para influir en la firma de las condiciones propuestas por las empresas promotoras, lo que ha llevado a quienes presentan la denuncia a requerir que se examinen posibles coacciones. También han aportado documentación para sustentar sus afirmaciones y piden que se recaben testimonios y registros que permitan verificar las comunicaciones oficiales.

Fuentes de los denunciantes confirmaron a este diario que han facilitado toda la información disponible con la intención de facilitar una investigación exhaustiva y que se han mostrado dispuestos a colaborar con las autoridades. En su escrito, solicitan asimismo que, en caso de detectarse responsabilidades, se actúe con rapidez para corregir cualquier irregularidad y evitar que se materialicen decisiones que puedan causar un perjuicio irreparable a la población afectada. Entre los documentos se incluyen mensajes, notas y referencias a reuniones que, según su versión, acreditan contactos privados entre los implicados y los promotores.

Preguntado por este periódico, el alcalde de O Saviñao Juan Carlos Armesto negó que exista registro alguno en el Ayuntamiento relacionado con los proyectos de Ferroedo y Neboreiro y aseguró que no ha recibido escritos, anteproyectos, ni informes de empresas vinculadas a esos parques. Armesto afirmó que, hasta la fecha, no tiene constancia de que se haya presentado denuncia alguna contra él ni contra el concejal González, y remarcó la necesidad de que cualquier iniciativa pase por los cauces administrativos establecidos antes de poder avanzar. El regidor subrayó que el procedimiento municipal exige la presentación formal de documentación para iniciar cualquier tramitación urbanística o ambiental.

Desde Bóveda, la edila señalada en la denuncia negó también haber recibido notificación alguna y puntualizó que el proyecto está, en su opinión, «en el aire». Cristina Juiz explicó que, aunque algunas fincas de su propiedad podrían verse afectadas en un escenario teórico, ni ella ni miembros de su familia han suscrito acuerdos ni han firmado compromisos relacionados con la instalación de aerogeneradores. La teniente de alcalde apuntó que cualquier actuación debe ajustarse a la normativa y a los procedimientos de evaluación, y reclamó que la investigación aclare cuanto antes la situación para evitar especulaciones.

El caso se enmarca en un contexto de creciente conflicto social alrededor de la implantación de parques eólicos en Galicia, donde proyectos similares han suscitado debates sobre impacto paisajístico, compensaciones y normas de planificación. Legalmente, la apertura de expedientes y la autorización de infraestructuras de este tipo requieren la presentación formal de proyectos y estudios de impacto, trámites que los denunciantes quieren que se revisen a fondo. La Fiscalía Provincial de Lugo deberá ahora analizar la documentación y decidir si abre diligencias, mientras vecinos y cargos implicados esperan la resolución de la investigación para clarificar responsabilidades.