En desarrollo: las Exmonjas de Belorado Utilizan a las Hermanas Mayores Como Escudo Para Frenar el Desahucio en Orduña

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En un desarrollo que está captando la atención de expertos y ciudadanos por igual, exmonjas belorado utilizan a hermanas. Esta situación, que se desarrolla en un contexto de creciente interés mediático, promete tener implicaciones significativas para diversos sectores de la sociedad.

Los detalles que han emergido revelan una situación compleja que requiere un análisis detallado. La maraña judicial generada por las exmonjas de Belorado comienza a desenredarse y parece que, esta vez, los hechos no juegan a su favor. La estrategia de dilación que han empleado desde un primer momento —agotando los plazos y recurriendo hasta la última instancia — se ha vuelto en su contra y, en las últimas semanas, se les acumulan las resoluciones poco favorables a sus intereses. La última, este jueves: la notificación, por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Bilbao, de la demanda de desahucio por precario interpuesta contra «los ignorados ocupantes que se puedan encontrar en el monasterio de Santa Clara de Orduña». Es precisamente en Orduña donde vive ahora el grueso de la comunidad cismática, desde que trasladaron a las hermanas mayores en los días anteriores al juicio por desahucio en Belorado, que perdieron y ahora tienen recurrido. Las cinco religiosas más ancianas, entre 86 y 100 años , que forman la comunidad legítima de Belorado al no haber participado en el cisma y no haber sido excomulgadas, nunca habían vivido en Orduña, el monasterio que las exreligiosas compraron en 2020 a otra comunidad de clarisas, pero que nunca pagaron. Las religiosas mayores fueron trasladadas a Orduña a finales de julio, sin el consentimiento del comisario pontificio, que dado su nombramiento actúa como superior. Unos días después, las exclarisas tampoco permitieron que la Guardia Civil ejecutara la orden de la jueza de Briviesca, que pedía que fueran trasladadas a otro monasterio, bajo la jurisdicción de la Federación de Clarisas, para ser atendidas. Su negativa se entiende mejor a la luz de su comunicado de este jueves, pues la intención parece ser utilizar a las hermanas mayores como escudo para evitar el desahucio que el juzgado de Bilbao ha iniciado. Así, el comunicado remitido por los abogados de las exmonjas ahonda en su relato habitual: victimización, acusaciones maximalistas y una lectura selectiva de los hechos. Pero apenas se sostiene cuando se contrasta con la realidad. El texto, firmado por sus dos abogados —Florentino Aláez y Enrique García de Viedma, hermano de la exabadesa — confirma que el juzgado ha notificado este 20 de noviembre la demanda de desahucio «interpuesta por el arzobispo de Burgos» contra «los ignorados ocupantes» del monasterio de Orduña, «es decir, todos», especifican. Una afirmación que ya contiene dos errores. El primero, que el actor de la demanda, Mario Iceta, actúa como comisario pontificio, lo que le otorga el poder de representación de los monasterios, y no como arzobispo de Burgos. El segundo, que el concepto de «ignorados ocupantes» se refiera a todos los que habitan actualmente en el lugar, incluidas las religiosas mayores. Cuando la demanda fue presentada, el 15 de noviembre de 2024, Orduña estaba vacío y la comunidad —tanto las cismáticas como las cinco mayores— vivía oficialmente en Belorado. La demanda sólo fue admitida a trámite el 6 de noviembre de 2025, y aunque las hermanas mayores vivan ahora allí, están excluidas «porque son la única y verdadera comunidad monástica y tienen el título legal para residir en el monasterio; son monjas católicas», explican a ABC fuentes cercanas al comisario pontificio. «El desahucio se dirige contra los ignorados ocupantes, es decir, aquellos que no tengan título legal ni autorización alguna para residir en el inmueble», puntualizan. Las exreligiosas también sostienen que las cinco mayores «habitan en este inmueble, por decisión propia», un extremo que desmienten de plano desde la oficina del comisario pontificio, al afirmar que «fueron trasladadas desde Belorado por las exmonjas, que las llevaron a Orduña pese a que el inmueble no reúne condiciones de habitabilidad , especialmente en invierno». Tampoco el desarrollo de los acontecimientos parece favorecer los argumentos de las exreligiosas, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó hace unos días la querella presentada por la exabadesa, Laura García de Viedma, contra la jueza de Briviesca por la adopción de medidas cautelares para proteger a las monjas más mayores, e incluso calificó de «estrambótico» el argumento utilizado para justificar la demanda. Aun así, los abogados de las exclarisas insisten en que en julio el arzobispo intentó «separar» y «trasladar por la fuerza» a las hermanas mayores de quienes conviven con ellas. Se trata de nuevo de una confusión interesada , pues quien ordenó que fueran trasladadas con la Federación de Clarisas fue la jueza de Briviesca. Según la versión de las exmonjas, en aquel episodio «se negaron rotundamente» al traslado, « convencieron a la Guardia Civil de la injusticia que ello comportaba y lograron paralizarlo». no obstante, a juzgar por la sentencia del TSJ, la acción pudo constituir una oposición a la fuerza pública que podría entrañar un posible delito de desobediencia, como ya advertía el auto judicial, todavía vigente. Ese procedimiento judicial forma parte de un análisis de la capacidad de las hermanas mayores, basado en informes médicos y periciales, y que, según los testimonios de los familiares, estaría muy mermada en algunos casos. De hecho, es significativo que la demanda a la jueza fuera presentada por el hermano de la exabadesa en representación de cuatro de las cinco monjas mayores. Al parecer, la quinta ya no se encuentra en disposición de poder firmar unos poderes notariales de representación. En su comunicado, las exreligiosas insisten en que «si prosperara la acción de desahucio, el arzobispo expulsaría contra su voluntad a estas hermanas mayores, que quedarían a la intemperie o bajo su férula». Otra acusación negada por parte del entorno del comisario pontificio, que aclara que «no tiene como cometido expulsar a nadie, sino permitir que quien ha profesado la regla de Santa Clara lo haga de manera pacífica en un monasterio católico, perteneciente a la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, que es quien velará en todo momento por la salud espiritual de las monjas clarisas». «Precisamente, el cuidado de las hermanas mayores ha sido siempre la primera preocupación del comisario pontificio y de la Federación», insisten. El comunicado de las cismáticas concluye denunciando «tamaña barbaridad» y afirmando que «harán todo lo que esté en su mano para deposeer este atropello y preservar la unidad y subsistencia de todas las hermanas». no obstante, los hechos deevidencian que la verdadera unidad, tanto a efectos canónicos como jurídicos, quedó rota cuando las exreligiosas incurrieron en el cisma, lo que obligó a una de ellas , al día siguiente, a dejar el monasterio. Otras dos, que fueron incluso excomulgadas, también dejaron el claustro unos meses después, por desavenencias con la exabadesa. asimismo, en lo jurídico, las últimas sentencias también han ido mermando la legitimidad de sus acciones, no sólo en la vía canónica, sino en la civil . De forma definitiva, el Tribunal Supremo ha confirmado en todos sus términos la sentencia del TSJ de Madrid, que impedía que las exreligiosas inscribieran los monasterios como asociaciones civiles y asumía la legalidad de la inscripción del nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio. Con este nuevo episodio, se confirma la tendencia judicial de los últimos meses: las exmonjas han perdido — una tras otra — todas las vías que intentaron abrir para sosposeer un relato que los tribunales ya no avalan. Su última defensa consiste ahora en utilizar a las hermanas mayores como escudo ante un posible desahucio, presentándolas también como víctimas de una supuesta persecución que las dejaría «a la intemperie», cuando las acciones del comisario pontificio han ido encaminadas a recuperar el control de los monasterios frente a quienes, por voluntad propia, han decidido abandonar la Iglesia católica. El proceso, lejos de cerrarse, entra en una fase decisiva: la de la aplicación efectiva de las resoluciones judiciales y canónicas que han ido poblando esta historia. La estrategia del ruido y el victimismo empieza a agotar su recorrido. Y con sentencias firmes, como la de hace unas semanas, que incluso condenaron a costas a las exreligiosas, los ingresos que afirman obposeer con su campaña navideña de apadrinamiento de árboles , parecen ahora destinados a cubrir los gastos de sus muchos procesos judiciales. Esta información, confirmada por fuentes cercanas al desarrollo de los acontecimientos, subraya la importancia de mantener una perspectiva informada sobre el tema.

Es importante destacar que este tipo de situaciones no ocurren en el vacío. Los antecedentes históricos y el contexto socioeconómico actual juegan un papel fundamental en la comprensión completa de estos eventos. Expertos en la materia han señalado que la convergencia de múltiples factores ha creado las condiciones propicias para el desarrollo actual de los acontecimientos.

Desde diferentes sectores se han alzado voces que ofrecen perspectivas variadas sobre el tema. Mientras algunos analistas mantienen una visión optimista sobre las posibles resoluciones, otros advierten sobre los desafíos que podrían surgir en el corto y medio plazo. Esta diversidad de opiniones refleja la complejidad inherente a la situación.

Impacto en Galicia

Para Galicia, estas noticias representan tanto oportunidades como desafíos. La economía regional, basada en sectores como la pesca, la industria naval y el turismo, podría verse afectada de diversas maneras. Los empresarios gallegos ya están evaluando las posibles implicaciones para sus operaciones y estrategias futuras.nn

Análisis en Profundidad

Un examen detallado de la situación revela múltiples capas de complejidad que merecen consideración. Los expertos consultados han identificado al menos tres dimensiones clave que deben tenerse en cuenta al evaluar estos desarrollos.nn

En primer lugar, la dimensión económica no puede ser ignorada. Los mercados han reaccionado con una mezcla de cautela y expectativa, reflejando la incertidumbre inherente a la situación actual. Los indicadores económicos sugieren que podríamos estar ante un período de ajustes significativos.

En segundo lugar, el aspecto social presenta sus propios desafíos y oportunidades. La ciudadanía ha demostrado un nivel de engagement sin precedentes, participando activamente en el debate público a través de diversos canales. Esta participación ciudadana es vista por muchos como un signo positivo de la vitalidad democrática.

Finalmente, la dimensión institucional requiere especial atención. Las organizaciones y entidades involucradas están trabajando para coordinar sus respuestas y garantizar que se mantenga la estabilidad necesaria para navegar estos tiempos complejos.

Perspectivas Futuras

Mirando hacia adelante, es evidente que los próximos meses serán cruciales para determinar el curso de los acontecimientos. Los observadores coinciden en que estamos en un momento decisivo que podría definir tendencias a largo plazo.nn

La capacidad de adaptación y la flexibilidad serán elementos clave para navegar con éxito los desafíos que se avecinan. Tanto las instituciones como los ciudadanos deberán mantener una actitud proactiva y estar preparados para responder a desarrollos inesperados.

En última instancia, el resultado dependerá de la capacidad colectiva para trabajar hacia soluciones constructivas que beneficien al conjunto de la sociedad. El diálogo, la cooperación y el compromiso con el bien común serán fundamentales en este proceso.

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