Los juristas advierten que el uso de inteligencia artificial en la Administración Pública debe estar sujeto a reglas claras y transparencia. Un congreso celebrado en la Facultad de Derecho analiza cómo regular esta tecnología cuando decide sanciones o tramita expedientes.

Expertos coinciden en que no todo lo tecnológicamente posible es jurídicamente viable. El catedrático Isaac Martín Delgado señaló que ya se utilizan sistemas de IA en procesos administrativos sin garantizar la transparencia necesaria.

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La realidad actual del uso de IA

Desde la lectura de matrículas hasta la detección de fraudes, la inteligencia artificial ya forma parte de la actividad administrativa. Pero según el catedrático, hay usos poco controlados, como la elaboración de ordenanzas municipales con IA generativa.

Estos avances generan dudas sobre la responsabilidad legal y la posibilidad de recurrir actuaciones basadas en algoritmos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer si sus trámites están siendo gestionados mediante IA.

Martín Delgado afirma que la Administración debe dejar constancia del uso de IA, explicar cómo funciona y qué consecuencias tiene. Esto permitirá salvaguardar derechos fundamentales y mantener la confianza ciudadana.

Necesidad de marcos regulatorios

Otro de los ponentes, Oriol Mir Puigpelat, de la Universidad Pompeu Fabra, presentó un proyecto europeo que busca crear un código de procedimiento administrativo común. Este marco podría servir de base para futuras reformas nacionales.

• Evaluación previa de sistemas automatizados
• Información clara sobre el uso de IA en procesos
• Derecho a intervención humana cuando se detecten errores
• Responsable último designado para cada proceso automatizado

Equilibrio entre innovación y garantías

Los expertos insisten en que la IA puede mejorar la eficiencia, pero deben existir contrapesos que aseguren su uso correcto. La proporcionalidad y el respeto a derechos son pilares fundamentales.

Además, se reclama que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre sistemas automatizados y puedan exigir revisión humana. Todo ello, dentro de un marco donde la Administración asuma la responsabilidad final.

El objetivo es claro: promover un buen uso de la inteligencia artificial que beneficie a la sociedad sin poner en riesgo la seguridad jurídica ni la protección de derechos ciudadanos.