La Autopista del Atlántico a su paso por Valga. | NOÉ PARGA

El Concello de Valga acaba de ganar un litigio a la empresa concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, en relación a la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al último cuatrimestre de 2023, cuando ya había vencido la bonificación del 95% de la que hasta entonces se estaba beneficiando la empresa.

Fuentes municipales explicaron que esta ventaja tributaria quedó suprimida el 18 de agosto de ese año, por lo que el Ayuntamiento remitió a la empresa una liquidación en la que se reclamaba la cuota íntegra del 100% del impuesto correspondiente al período entre lo 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2023, lo cual suponía un ingreso de 59.284,40 euros para las arcas municipales.

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Estaba disconforme y recurrió hasta que el asunto acabó en los juzgados, pero hace unos días la sección del Contencioso Administrativo de un Tribunal de Instancia de Pontevedra desestimó sus pretensiones y dio la razón al Ayuntamiento.

Según sus responsables, «la sentencia deja claro que Audasa «sabía perfectamente desde años atrás» que en el 2023 solo se le aplicaría la bonificación hasta el 18 de agosto y no en la totalidad del ejercicio, por lo que «cuando se devengó el impuesto a bonificación debía haberse reducido ya proporcionalmente, atendiendo a su período de vigencia y extinción».

Añaden que la administración local « no aplicó retroactivamente ninguna norma fiscal, sino que «se limitó a aplicar el régimen jurídico» que ya estaba establecido a comienzos del año 2023».

De este modo, el juzgado confirma la liquidación realizada por el Ayuntamiento y el cobro de los 59.284,40 euros a la empresa. Una vez conocido el fallo judicial, el alcalde, José María Bello Maneiro, manifestó la «satisfacción» del gobierno local por esta resolución, que «abre camino para los demás ayuntamientos» por los que discurre la autopista.

El regidor subrayó que Valga fue, en su día, el único de las dos provincias por las que pasa la AP-9 (A Coruña y Pontevedra) en presentar esta liquidación y la resolución del Juzgado de Pontevedra «abre ahora camino para que los demás también puedan cobrar íntegramente el IBI» correspondiente al período en litigio. «Valga defendió los intereses de todos los ayuntamientos afectados», concluye el primer edil popular.

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