Análisis: «he Tardado Tres Años en Recuperar mi Piso y me lo he Encontrado en Ruinas»

Los últimos acontecimientos relacionados con «he tardado tres años en han generado un intenso debate en la opinión pública. Analistas y especialistas coinciden en señalar que nos encontramos ante un punto de inflexión que podría marcar el rumbo de los próximos meses.

Los detalles que han emergido revelan una situación compleja que requiere un análisis detallado. El Gobierno quiere volver a prorrogar un año más la moratoria antidesahucios, que tiene paralizados actualmente entre 30.000 y 60.000 lanzamientos . La medida, que caduca el próximo 31 de diciembre, se introdujo durante la pandemia como parte del escudo social en el Real Decreto Ley 11/2020 para evitar que miles de inquilinos perdieran su hogar por quedarse sin trabajo o encontrarse en situación de vulnerabilidad. Pero casi seis años después y en un contexto de crecimiento económico, el Ejecutivo y sus socios, presionados por organizaciones como el Sindicato de Inquilinas , siguen abogando por extender la norma llevando a la desesperación a miles de propietarios que no pueden recuperar sus casas ni tampoco cobrar la renta. Ante la coyuntura y el sudoku legal en el que se ha convertido expulsar a los inquilinos morosos , la alternativa que han encontrado muchos caseros es la de llegar a acuerdos extrajudiciales con sus arrendatarios, con dinero de por medio habitualmente. No son ni mucho menos casos aislados. El ‘lobby’ de los propietarios con viviendas en alquiler, Asval, cuantifica que el 80% de los pisos que recuperaron sus asociados en 2024 se obtuvieron por la vía extrajudicial. «Es decir, los particulares no acuden al sistema judicial para defender su propiedad, sino que llegan a acuerdos con los okupas o intentan soluciones ajenas a las instituciones jurídicas, algo que es preocupante», relatan desde la asociación, que exige a la Administración encontrar una solución «para que el propietario deje de actuar como escudo social». Pero pese a que la vía extrajudicial se presenta como más eficaz para recuperar la vivienda, otros muchos propietarios, por no decir la mayoría, siguen acudiendo a la Justicia para tratar de desahuciar a los inquiokupas, y eso que los tiempos de resolución se han disparado por encima del año y medio de manera habitual . El nuevo procedimiento de lanzamiento que impone la ley de Vivienda incide mucho en esas demoras por la cantidad de burocracia que exige, «pero nada comparado con el retraso de la ejecución de los desahucios que supone la prórroga anual de la medida de suspensión de los procedimientos de desahucio», relata Inmaculada López , socia del área de procesal civil en Maio Legal . Según la letrada, con esta norma en vigor, la simple alegación de vulnerabilidad por parte del arrendatario, permite la apertura automática del denominado incidente extraordinario de suspensión del desahucio, «que garantiza varios meses de retraso para su resolución, alargando el procedimiento de desahucio con independencia de si, finalmente, se de clara que existe vulnerabilidad o no», explica López. Es algo que, por ejemplo, sufrió Kathy con su inquiokupa , a la que tardó tres años en echar de su casa tras abrir un procedimiento legal en 2022 contra ella. Esta castellonense alquiló su segunda residencia, un duplex en Moncófar (Castellón) de 110 metros cuadrados, a «una persona mayor» en 2019, y según su relato esta dejó de abonar la mensualidad de 300 euros en mayo de 2020, pocas semanas después de que entrara en vigor la moratoria antidesahucios. «Al principio del Covid-19 me dijo que no me podía pagar porque le era imposible ir al banco por las restricciones sanitarias; me fue poniendo excusas hasta que en octubre de ese año me afirma que no piensa pagarme porque está protegida y que no voy a ver un duro», cuenta. En enero de 2021, el marido de Kathy -trabajador autónomo- cae enfermo y a su familia se le presenta una situación límite , porque «solo entra a casa mi sueldo de operaria de fábrica que era entonces de unos 1.300 euros», por lo que decide empezar a presionar a su inquiokupa para que se marche. Lo primero que hace es cortarle los suministros, y es en ese momento que su arrendataria la denuncia por coacciones, según su relato, con «denuncias falsas» ante la Guardia Civil, «diciendo que ella está al corriente de pago y que yo la coacciono para dejar el piso porque lo quiero vender». Según Kathy, pese a que el juez le da la razón en dos ocasiones, se le acaba condenando a pagar una multa a favor de su inquilina por dejar de pagar el recibo del agua. Tras esto, la propietaria decide finalmente abrir un procedimiento civil para desahuciar a su inquiokupa, «y ahí empieza otro laberinto», de tres años ni más ni menos. Porque no fue hasta marzo de 2025 -tras presentar la propietaria informes médicos que acreditaban el mal estado de salud en el que se encontraba por la situación- cuando el juez le da la primera fecha de lanzamiento a su inquilina, después de que en abril de 2024 la justicia fallara a favor de Kathy para que su arrendataria le pagara lo adeudado hasta entonces -alrededor de 17.000 euros-, pero la dejara seguir en la vivienda por aceptar su vulnerabilidad. Finalmente, y tras gastarse 4.000 euros en todo el proceso legal, el 11 de noviembre de 2025 Kathy recuperó su vivienda. no obstante, no fue el final de su calvario. «El piso lo encontré destrozadísimo. No había sanitarios y las paredes estaban todas picadas, lo que he recuperado son ruinas», algo que ha podido comprobar este periódico accediendo a las imágenes del estado actual de la vivienda (ver foto arriba). Ahora, Kathy calcula que tendrá que invertir entre 15.000 y 20.000 euros para rehabilitar su segunda residencia, que «no volverá» más al mercado del alquiler. «Se afirma que hay 60.000 hogares que pueden desahuciar si cae la moratoria, pero nadie piensa en los propietarios, que somos gente honrada y trabajadora. A un fondo de inversión no le hace daño un inquiokupa, pero a un pequeño propietario le supone la ruina». Muy parecido al caso de Kathy es el de Montse, otra propietaria que afirma haber pasado por el mismo vía crucis y asimismo «en distintas ocasiones ». El último de los procedimientos que ha tenido que enfrentar ha durado casi dos años y tras recuperar su piso «que había reformado casi entero» se lo encontró igualmente «en malas condiciones» incluso «con puñetazos en las paredes». Ahora afirma que está en proceso de recuperar lo adeudado, pero no por voluntad de su antiguo arrendatario. «Se le van embargando pequeñas cantidades hasta que cubra la deuda pendiente conmigo«, relata. Ni Kathy ni Montse han optado por recurrir a la vía extrajudicial por que como explica Inmaculada López de Maio Legal, «resulta verdaderamente difícil negociar con una persona que ha dejado de pagar la renta en un intento de alcanzar un acuerdo para que, voluntariamente, acepte abandonar la vivienda». Eso sí, la abogada lamenta que con la normativa actual el procedimiento de desahucio, ha perdido la «celeridad» que acompañaba a este proceso, «concebido, inicialmente, como un procedimiento sumario, especial y rápido». Por el momento todo parece indicar que permanecerá así. PSOE, Sumar, Unidas Podemos y otros socios del Gobierno parecen conformes con prorrogar otro año más la moratoria de los desahucios y así podría quedar refrendado en el último Consejo de Ministros de 2025, posiblemente, dentro un nuevo real decreto escoba, como ha ocurrido en años anteriores. La normativa tendría que pasar en todo caso por el Congreso y ahí el Ejecutivo dependerá de Junts , que sigue sin querer recuperar las relaciones con el PSOE y amenaza con tumbar cualquier iniciativa que lleve el principal partido del Ejecutivo al hemiciclo. Esta información, confirmada por fuentes cercanas al desarrollo de los acontecimientos, subraya la importancia de mantener una perspectiva informada sobre el tema.

Es importante destacar que este tipo de situaciones no ocurren en el vacío. Los antecedentes históricos y el contexto socioeconómico actual juegan un papel fundamental en la comprensión completa de estos eventos. Expertos en la materia han señalado que la convergencia de múltiples factores ha creado las condiciones propicias para el desarrollo actual de los acontecimientos.

Desde diferentes sectores se han alzado voces que ofrecen perspectivas variadas sobre el tema. Mientras algunos analistas mantienen una visión optimista sobre las posibles resoluciones, otros advierten sobre los desafíos que podrían surgir en el corto y medio plazo. Esta diversidad de opiniones refleja la complejidad inherente a la situación.

Impacto en Galicia

En el contexto gallego, estos desarrollos adquieren una dimensión particular. La comunidad autónoma, con su rica tradición y su posición estratégica en el noroeste peninsular, se encuentra en una posición única para responder a estos desafíos. Las instituciones locales, desde la Xunta de Galicia hasta los ayuntamientos, están siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos.nn

Análisis en Profundidad

Un examen detallado de la situación revela múltiples capas de complejidad que merecen consideración. Los expertos consultados han identificado al menos tres dimensiones clave que deben tenerse en cuenta al evaluar estos desarrollos.nn

En primer lugar, la dimensión económica no puede ser ignorada. Los mercados han reaccionado con una mezcla de cautela y expectativa, reflejando la incertidumbre inherente a la situación actual. Los indicadores económicos sugieren que podríamos estar ante un período de ajustes significativos.

En segundo lugar, el aspecto social presenta sus propios desafíos y oportunidades. La ciudadanía ha demostrado un nivel de engagement sin precedentes, participando activamente en el debate público a través de diversos canales. Esta participación ciudadana es vista por muchos como un signo positivo de la vitalidad democrática.

Finalmente, la dimensión institucional requiere especial atención. Las organizaciones y entidades involucradas están trabajando para coordinar sus respuestas y garantizar que se mantenga la estabilidad necesaria para navegar estos tiempos complejos.

Perspectivas Futuras

Mirando hacia adelante, es evidente que los próximos meses serán cruciales para determinar el curso de los acontecimientos. Los observadores coinciden en que estamos en un momento decisivo que podría definir tendencias a largo plazo.nn

La capacidad de adaptación y la flexibilidad serán elementos clave para navegar con éxito los desafíos que se avecinan. Tanto las instituciones como los ciudadanos deberán mantener una actitud proactiva y estar preparados para responder a desarrollos inesperados.

En última instancia, el resultado dependerá de la capacidad colectiva para trabajar hacia soluciones constructivas que beneficien al conjunto de la sociedad. El diálogo, la cooperación y el compromiso con el bien común serán fundamentales en este proceso.