El alcalde de Alicante, Luis Barcala. / INFORMACIÓNTV

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, descarta tanto dimitir como hablar de su futuro político a partir de 2027, tras el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. Sobre si se plantea ser candidato en las próximas municipales, el regidor asegura que «ni es el momento ni toca» hablar de ese tema, porque el partido «tiene sus propios tiempos». Eso sí, el dirigente popular insiste en que «hasta el día de hoy» cuenta con el «respaldo absoluto» del PP a todos los niveles: local, autonómico y estatal.

Las declaraciones del alcalde se han producido el viernes en una entrevista concedida a Radio Alicante, en la que Barcala ha calificado el escándalo destapado por Información como un «caso horrible», al igual que hizo el líder de Vox, Santiago Abascal. Pese a que la oposición al completo, desde los ultras hasta la izquierda, exige su renuncia, el regidor manifiesta que «en este momento no toca la dimisión». Barcala asegura que, por ahora, ni siquiera se ha puesto sobre la mesa si él será el candidato del PP para las municipales del 2027, manifestando que el partido «tiene sus propios tiempos».

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No obstante, en la última entrevista concedida a Información, en junio de 2025, el dirigente popular se mostraba mucho más decidido a repetir al frente de la lista electoral: «En lo que a mí respecta, sí. Si el partido también está seguro y lo que es más importante, si los alicantinos muestran ese interés, por supuesto. Yo tengo un proyecto para Alicante que se está ejecutando y que quiero terminar de ejecutar. Es un proyecto de la ciudad en la que vivo y en la ciudad en la que creo. Y si siguen considerando que yo soy útil para sacar adelante ese proyecto, estoy dispuesto, claro que sí», manifestó.

En cuanto a la adquisición de viviendas protegidas por parte de personas vinculadas con gobierno del PP, Barcala ha defendido que la responsabilidad municipal se limitó a la venta del suelo a precio tasado, mientras que el Consistorio no intervino en el resto del procedimiento: «No se puede acusar al Ayuntamiento ni mucho menos a mí de que hiciéramos el trabajo que tenía que hacer la gestora y la supervisión que tenía que hacer la conselleria, cada cual tiene que hacer lo suyo».

No obstante, el informe de Patrimonio en el que se alertó de las polémicas adjudicaciones subrayaba que pese a que el Ayuntamiento no había intervenido en la adjudicación de las viviendas, que corresponde directamente a la cooperativa, sí que se le debe exigir velar por un reparto ajustado a la norma, que obliga a que sea bajo los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia. Al respecto, desde Patrimonio se sugería en el informe que el Ayuntamiento comprobase si se habían cumplido esos principios y, de no ser así, que se actuase en consecuencia, ya que las viviendas son de protección pública.

El dirigente popular, este viernes, ha querido señalar que el tema de Les Naus «es un ejemplo» de «irregularidades» que «están surgiendo en muchísimas ciudades». Por ello, entiende que «el problema no es Alicante ni esta promoción» sino «el sistema que lo ha propiciado aquí y en otros sitios».

Preguntado sobre cuándo conoció que su concejala de Urbanismo era adjudicataria de una de las viviendas y por qué le quitó las competencias de Patrimonio en el año 2024, Barcala ha echado balones fuera: «Muchas de esas preguntas que son el objeto de la comisión es absurdo que las conteste. Si no, no habrá comisión ni investigación», ha indicado el alcalde durante la entrevista. Sin embargo, luego ha añadido que ya respondió en su comparecencia y que supo de la polémica «antes» de que Información destapara el caso, haciendo alusión al informe que la jefa de Patrimonio remitió al respecto a finales de enero, tras advertir de forma oral a la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, de posibles incompatibilidades el 15 del pasado enero.

En cuanto a la cuestión de si él tiene algún tipo de responsabilidad por la designación de Rocío Gómez o sobre si considera que ha fallado al escoger a su concejala de Urbanismo, Barcala reniega de la que fue su número tres en las municipales de 2023 y la acusa de «no responder a la confianza con la que ha contado» por su parte. «A priori nadie podía pensar… Cuando yo metí en la lista a Rocío Gómez… ¿A alguien se le ocurrió cuestionar algo? ¿Era previsible? Pues no lo es. Puede sorprender mi confianza como puede sorprender la de cualquiera. En el momento en que no se responde a esa confianza con la que se ha contado, pues dimite. ¿En esta vida a usted no le ha fallado nunca nadie? Yo asumo la responsabilidad de dirigir un equipo donde no puede estar esa concejala ni esa directora general», ha apuntado el dirigente popular en la entrevista, en alusión también a la primera renuncia, la de María Pérez Hickman.

Por lo que respecta a las polémicas de Les Naus, Barcala ha descartado que las presuntas irregularidades en las adjudicaciones afecten a la mayor parte del residencial: «Son 140 viviendas. Hay una que había adquirido la exconcejala de Urbanismo; hay tres familiares de un alto cargo que también ha sido cesado; y luego hay dos arquitectos del área de Urbanismo. Son seis. Para mí es un escándalo, pero la gente da a entender que la inmensa mayoría de los pisos han sido… y eso no es así».

Con este contexto, el alcalde defiende que «la vivienda es un derecho», lo cual «no quita que en un Estado de derecho, también forma parte de la economía, de la generación de riqueza». En este sentido, Barcala cree que «es perfectamente lícito que cualquiera con su dinero pueda hacer inversión en una vivienda», algo que no es «incompatible con que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda».

Una vez conocida la dimensión del asunto de Les Naus, el regidor sostiene que, si se diera marcha atrás en el tiempo, seguiría «actuando igual que ahora mismo», ya que «ninguno de esos trámites administrativos ha sido objeto de denuncia en el juzgado». Además, Barcala recuerda que él mismo exigió «que las medidas y las normas que regulan no solo el acceso a la vivienda sino el control, había que cambiarlas, endurecerlas y reforzarlas» en la legislación autonómica. «Si volviéramos para atrás con lo que sabemos ahora mismo, probablemente, en ese pliego habríamos endurecido determinadas circunstancias, pero siempre sujeto a que la normativa que regula la adjudicación no es municipal. Tenemos que aprender de lo que ha pasado», ha zanjado.

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