El Ayuntamiento de Alicante ha separado temporalmente a uno de sus arquitectos de las labores relacionadas con la redacción del nuevo Plan General tras conocerse que es propietario de una vivienda protegida en el residencial Les Naus, en La Condomina. La decisión, adoptada esta semana por el equipo de gobierno municipal, se produce en plena investigación administrativa y penal sobre la vinculación de varios funcionarios con promociones del mismo complejo. El movimiento responde, según fuentes municipales, a la necesidad de evitar posibles conflictos de interés mientras continúan las averiguaciones internas y la instrucción judicial.

El funcionario afectado es Francisco Nieto, arquitecto municipal, quien ha sido relevado en sus funciones del equipo encargado del planeamiento y sustituido por un técnico del área de Infraestructuras. Nieto ya había perdido previamente su puesto en la comisión de seguimiento del Plan Vive, donde figuraba como suplente, y ahora ha visto ampliada su exclusión de los proyectos más sensibles de Urbanismo. El desplazamiento se produce antes de que terminen los expedientes de averiguación abiertos en el Consistorio, algo que inicialmente el gobierno local había dicho que respetaría.

El anuncio contrasta con unas declaraciones públicas del vicealcalde, Manuel Villar, que a finales de febrero afirmó que no se adoptarían medidas cautelares contra funcionarios hasta la finalización de las investigaciones internas. No obstante, el equipo del alcalde Luis Barcala ha decidido actuar de forma preventiva y reconfigurar las responsabilidades dentro del departamento de Urbanismo. Según fuentes municipales consultadas por este periódico, la sustitución busca blindar la elaboración del Plan General ante la presión informativa y la sensibilidad social del asunto.

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Nieto adquirió la vivienda el 13 de agosto de 2025 y la finca aparece inscrita a su nombre desde el 6 de octubre de 2025. Se trata de un piso en tercera planta de 80,66 metros cuadrados útiles cuya compra, según los registros, no superó los 200.000 euros. La adquisición ha sido la pieza que ha precipitado la reacción política, al encajar con otros casos de empleados públicos que han comprado inmuebles protegidos en la misma promoción.

El arquitecto permanece además bajo investigación penal en una causa en la que fue detenido en febrero de 2024, imputado por supuestamente facilitar trámites urbanísticos a favor del presunto jefe de una red dedicada al tráfico de marihuana. La instrucción judicial continúa abierta y fuentes de la investigación indican que todavía se están recabando datos sobre las actuaciones administrativas vinculadas a los inmuebles implicados.

No es el único caso en el departamento. La también arquitecta municipal Elsa Lloret, citada en la investigación, es propietaria de otro inmueble de la promoción y, tras las informaciones publicadas, registró un escrito manifestando su intención de renunciar a la vivienda. Lloret es, además, esposa de un técnico de la Generalitat que fue suspendido de empleo y sueldo por la presunta falsificación o visado irregular de documentación relacionada con algunos de estos expedientes, según han confirmado fuentes administrativas.

En el seno del Consistorio ha surgido inquietud por la apariencia de conflicto de interés que generan las adquisiciones de viviendas protegidas por empleados vinculados a la gestión urbanística. Varios partidos de la oposición han reclamado explicaciones y han pedido que el ayuntamiento garantice la transparencia del proceso de adjudicación y la separación de funciones en los servicios afectados. El gobierno local, por su parte, defiende que mantiene abiertas las investigaciones internas y que no se adoptarán decisiones definitivas hasta conocer sus conclusiones y las que aporte la justicia.

La sustitución de Nieto en el Plan General y las medidas adoptadas hasta ahora abren un nuevo capítulo en una investigación que suma ya detenciones, expedientes disciplinarios y renuncias. Mientras tanto, la elaboración del planeamiento urbanístico sigue su curso con técnicos reasignados, y el Ayuntamiento promete que el proceso continuará con normalidad para evitar retrasos en un instrumento clave para el desarrollo de Alicante.