La reforma de la avenida de Portugal, una obra pública estratégica de Ourense, quedó paralizada a comienzos de marzo de 2026 tras el cese de los trabajos anunciado por la constructora adjudicataria por impagos del Concello. La empresa alega que acumula tres mensualidades sin abonar —noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026— y que la falta de liquidez hace inviable mantener suministros, maquinaria y plantilla. El bloqueo ha obligado a retirar la mayor parte de la maquinaria y deja en el aire la recepción de fondos europeos que financiaban una parte del proyecto. El Gobierno municipal, liderado por Gonzalo Pérez Jácome, afronta ahora la presión por reanudar una actuación cuyo futuro financiero es incierto.

La constructora local formalizó el paro de obra mediante un comunicado publicado en prensa, en el que explica que la situación económica del contrato se ha vuelto insostenible. Según la compañía, la retirada del equipo pesado se produjo el viernes anterior y solo quedó en el solar una cuadrilla contratada por una subcontrata, compuesta por cuatro operarios portugueses, que previsiblemente finalizaron su presencia a lo largo de la semana. El vallado perimetral se mantiene por motivos de seguridad, pero los trabajos que debían culminar este mes han quedado suspendidos de forma indefinida. El propio calendario oficial ya arrastraba retrasos respecto a las previsiones formuladas por el Concello.

El proyecto, dividido en dos tramos que se ejecutaban de forma simultánea, suma casi 5,9 millones de euros en inversión y fue presentado por el gobierno local como una intervención de calado para una de las principales arterias de la ciudad. Las obras, que tenían plazos contractuales que fijaban su remate en marzo de 2026, habían sido inicialmente anunciadas con finalización prevista antes de 2026 por el propio Ejecutivo municipal. Además del problema de los pagos, la empresa asegura haber asumido sobrecostes imprevistos, entre ellos la retirada de amianto detectado durante las excavaciones, que tensionaron aún más sus cuentas.

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La paralización afecta directamente a comerciantes y vecindario, que llevan meses soportando las molestias del levantamiento del firme y las limitaciones de acceso. Negocios como carnicerías y otros establecimientos de la avenida han denunciado la pérdida de clientela y el deterioro de su actividad desde que comenzaron las obras. Vecinos consultados muestran frustración por la incertidumbre y reclaman una solución rápida que permita retomar el ritmo de trabajo. La falta de previsión en la gestión económica del proyecto se traduce ahora en un coste adicional para quienes viven o trabajan en la zona.

El cese de la obra pone asimismo en riesgo la financiación europea que cubría parte de la actuación: la subvención del programa Next Generation asciende a 1,4 millones de euros y, según fuentes del contrato, podría perderse si no se cumplen los plazos y condiciones exigidas por el organismo gestor. La pérdida de esa ayuda supondría un golpe económico a la viabilidad del proyecto y a las cuentas municipales, además de complicar cualquier replanteamiento del contrato a corto plazo. La empresa reclama la regularización íntegra de la deuda para regresar a la obra y retomar el ritmo de ejecución.

La oposición local no tardó en atribuir responsabilidades al equipo de Gobierno. El grupo municipal del PP calificó lo ocurrido como un nuevo episodio de mala gestión económica y exigió al Concello que corriese con los pagos pendientes para reactivar la obra. Ana Méndez, portavoz del PP, señaló que resulta especialmente grave que el alcalde presuma en redes de los proyectos en marcha mientras no garantiza su financiación y provoca paralizaciones. Los populares exigen un plan inmediato de pagos y mayor transparencia en la gestión de contratos municipales.

Por su parte, el PSOE acusó al Ejecutivo de eludir los mecanismos de control y de no ofrecer información suficiente sobre la situación financiera de los proyectos. Los socialistas han reclamado también la convocatoria de comisiones de seguimiento y la documentación que justifique los impagos a la empresa adjudicataria. La tensión política en el Concello se dispara en torno a una obra que, más allá de su impacto local, condiciona la percepción sobre la capacidad de gestión del gobierno municipal.

En el plano administrativo, la situación abre el debate sobre las consecuencias de perder fondos europeos por incumplimientos de calendario y ejecución. Técnicos y fuentes municipales señalan que la reversión de la subvención requeriría trámites complejos y podría implicar la exigencia de reintegro de anticipos o sanciones. Mientras tanto, comerciantes y vecinos esperan una solución que permita retomar los trabajos y evitar que la avenida de Portugal se convierta en una infraestructura inacabada que lastrar a la ciudad.