El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado la petición de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para autorizar batidas de control de lobo en las comarcas de Ferrol, Curtis y Cercedo‑Cotobade, al considerar que no se ha acreditado un cambio de circunstancias que justifique modificar las medidas cautelares vigentes. La resolución, conocida el 9 de marzo de 2026, estima que los argumentos sobre un incremento de ataques no están respaldados por pruebas técnicas suficientes y que la propuesta podría causar efectos letales sobre la especie. La decisión mantiene la prohibición de extracción masiva y abre la puerta a alternativas no letales para proteger al ganado y a las personas.

La sala de lo Contencioso‑Administrativo subraya en su auto que la Xunta no aportó referencias técnicas contrastadas que demuestren un aumento de la densidad poblacional del lobo que justifique un giro en la política de gestión. La Consellería había solicitado las batidas tras registrar episodios de ataques en explotaciones ganaderas en esas zonas, donde la convivencia entre ganaderos y lobo se ha tensionado en las últimas temporadas. Para el TSXG, sin embargo, la mera enumeración de incidencias no es suficiente para autorizar medidas que implican la muerte de ejemplares.

Los magistrados recuerdan asimismo que el propio plan de gestión del lobo exige un análisis previo antes de ordenar extracciones que puedan afectar a la estructura poblacional de la especie. Según la resolución, la extracción solicitada supondría «la muerte de ejemplares en un número indeterminado», con el consiguiente riesgo de causar un daño significativo al ecosistema por la desaparición de depredadores en la cúspide de la cadena trófica. El tribunal incide en la función reguladora del lobo, que ayuda a eliminar individuos enfermos y a controlar poblaciones de ungulados como el jabalí.

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El fallo apunta además a la ausencia de un censo oficial fiable como una de las principales dificultades para justificar intervenciones de este tipo. La Sala admite que contabilizar la población de lobos es complejo, pero subraya que esa complejidad no puede suplirse con afirmaciones no verificadas; la administración debería aportar estudios técnicos y datos de campo que permitan calibrar la magnitud real del problema. Sin esos instrumentos, los jueces consideraron desproporcionada la medida solicitada.

Aunque rechaza las batidas con carácter letal, el TSXG no cierra la puerta a otras actuaciones destinadas a proteger la actividad ganadera y la seguridad ciudadana. El auto permite expresamente la adopción de medidas que no impliquen extracción de ejemplares y que sean compatibles con la conservación de la especie, en línea con los objetivos de gestión sostenible del ecosistema. Entre las soluciones citadas por el tribunal figuran medidas preventivas y de protección de explotaciones, aunque no detalla fórmulas concretas.

La Xunta defendió ante el tribunal que la situación en Ferrol, Curtis y Cercedo‑Cotobade exigía una respuesta urgente ante un aumento de ataques que puso en riesgo explotaciones y cabezas de ganado. Desde la administración autonómica se argumentó que las batidas eran una herramienta necesaria para reducir el conflicto y proteger el tejido rural; esa argumentación ha quedado ahora pendiente de que se presenten pruebas técnicas más sólidas. La decisión judicial obliga al Ejecutivo gallego a replantear su estrategia o a recabar nuevos informes científicos.

Organizaciones conservacionistas y expertos en fauna salvaje han celebrado la resolución, que consideran un refrendo a la protección de una especie incluida en planes de gestión y en normativas de conservación. A su vez, asociaciones de ganaderos y cazadores han señalado su preocupación por la dificultad de convivir con depredadores cuando faltan recursos para reforzar la prevención en el campo, como cierres perimetrales, pastores eléctricos o programas de guardería. El fallo, en todo caso, evidencia la tensión entre la conservación de hábitats y la defensa de las explotaciones agrarias.

Con la negativa del TSXG, el pulso entre la Xunta y la justicia deja la vía abierta a soluciones técnicas y no letales, y plantea la posibilidad de que la administración recurra o aporte nuevos estudios para justificar futuras medidas. En el terreno, ganaderos y comunidades afectadas reclaman apoyo práctico para proteger sus animales sin vulnerar la normativa ni poner en riesgo la viabilidad de la especie; la pelota queda ahora en el tejado de los servicios técnicos y de gestión ambiental, cuya labor será clave para desactivar el conflicto.