Santiago de Compostela vivirá una semana caliente en el Pazo de Raxoi. Los concejales del grupo socialista anunciaron este miércoles que “no votarán a favor” del proyecto de presupuestos municipales para 2026, y condicionaron cualquier apoyo a la incorporación efectiva de propuestas cerradas en las negociaciones. La cita clave es el pleno extraordinario del próximo 25 de marzo, apenas un día antes del pleno ordinario de marzo, una sesión que puede desembocar en una cuestión de confianza con consecuencias políticas inmediatas.

Un pulso público en el Pazo de Raxoi

En la rueda de prensa en la que intervinieron Sindo Guinarte y Marta Abal, los portavoces socialistas dejaron claro que su formación no respaldará el documento tal y como está redactado. El argumento oficial se centra en que el texto “no es el presupuesto que nos gustaría ni el que haríamos” desde el PSOE, y en la exigencia de que se incorporen en el documento final una serie de peticiones formuladas durante las negociaciones con el gobierno local.

La respuesta del ejecutivo municipal, representado por la portavoz Míriam Louzao, no se hizo esperar. Fuentes del gobierno defienden que en los encuentros mantenidos “no se señaló ninguna línea roja” y tildan la posición del PSdeG de puro “tacticismo electoral”. En privado, dirigentes del grupo de gobierno insisten en que muchas de las demandas socialistas no afectan a la estructura presupuestaria y podrían resolverse políticamente sin necesidad de reescribir partidas.

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«No votaremos a favor», declaró el portavoz municipal del PSdeG, subrayando que el denominado «voto facilitador» sólo llegará si se asumen parte de las exigencias planteadas.

La clave del pulso no se reduce al choque entre PSOE y gobierno. Cuatro ediles no adscritos —Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez— han avanzado una postura afín a la de los socialistas y sostienen que “no están en disposición de aprobar los presupuestos”, al considerar que la alcaldesa ha incumplido preacuerdos alcanzados en la negociación. Entre las quejas mencionan recortes concretos, sobre todo una reducción de 900.000 euros en la partida de ingresos por multas y lo que definen como partidas sobredimensionadas en otras áreas.

Fondos europeos, inversiones recortadas y proyectos en riesgo

El debate sobre ambición inversora y eficacia en la gestión se ha instalado en el centro de la discusión. El proyecto aprobado por el equipo de gobierno mantiene unas cifras totales que, en términos absolutos, son elevadas: se habla de unos presupuestos históricos que alcanzan los 148 millones. Sin embargo, para los socialistas esa foto global esconde una rebaja del 50% en la inversión real respecto a propuestas previas, lo que, según sus palabras, certifica “la ausencia de liderazgo en la gestión”.

Con especial preocupación han centrado el foco en la gestión de los fondos europeos del programa Edil. El Consistorio obtuvo una ayuda de 8,7 millones de euros en el marco de ese programa, pero en las cuentas municipales solo se han consignado 725.691 euros para su ejecución inmediata. El plazo para certificar las actuaciones vinculadas a esas ayudas expira el 31 de marzo de 2027, y la concejala Abal advierte que si no se avanzan las obras en núcleos como Almáciga, Ultreia y Meixonfrío, esos recursos podrían perderse y cerrarse además la puerta a nuevas convocatorias.

En términos prácticos, la pinza entre críticas sobre la caída de inversiones y la advertencia de perder fondos europeos coloca bajo presión proyectos de ciudad que llevan años en la agenda de Santiago: la reurbanización del Restollal y la mejora del Ensanche figuran entre las actuaciones señaladas por el PSOE como las que quedarían postergadas si el Ayuntamiento renuncia a movilizar las oportunidades comunitarias.

Escenarios tras el pleno del 25 de marzo y consecuencias políticas

La celebración del pleno extraordinario del 25 de marzo abre varios caminos. Si el gobierno no consigue los apoyos necesarios y el pleno rechaza los presupuestos, el Ejecutivo podría interpretarlo como una cuestión de confianza. En ese caso, la normativa municipal marca dos alternativas: la oposición dispone de un plazo de 30 días para presentar una alternativa y designar un nuevo alcalde, o, si eso no ocurre, los presupuestos se aprobarían de forma automática.

A falta de confirmación sobre la línea que adoptarán finalmente los ediles no adscritos (abstención, voto en contra o negociación de última hora), en la plaza pública circulan dos lecturas: una, la más pragmática, apunta a que socialistas y no adscritos buscan forzar un replanteamiento técnico y político del documento; otra, más crítica desde el gobierno, interpreta la maniobra como un ejercicio de presión con visos electorales que llega cuando aún falta tiempo para la ejecución real de muchas partidas.

Sea cual sea el desenlace inmediato, lo que está claro es que la situación obliga a poner sobre la mesa dos realidades: la fragilidad parlamentaria del actual Ejecutivo municipal y la urgencia de definir calendarios y partidas para proyectos que dependen de fondos ajenos, con plazos rígidos. Para los vecinos, la pregunta no es solo política: tiene consecuencias en obras, parques infantiles y en la gestión del espacio público.

En el laberinto de negociaciones que se avecina, los próximos días serán determinantes. El PSOE mantiene la carta de poder para tumbar los presupuestos sobre la mesa, los no adscritos no parecen dispuestos a salvaguardarlos sin concesiones y el gobierno busca evitar un choque que le cueste la estabilidad administrativa. En una ciudad con la complejidad de Santiago, donde las decisiones sobre el viario, los barrios y la recuperación de fondos europeos marcan el pulso urbano, la negociación deberá combinar realismo técnico y voluntad política si no se quiere que el desencuentro se traduzca en pérdida de oportunidades.