Un hombre ha ingresado en prisión provisional tras ser investigado por una agresión ocurrida en diciembre en Vigo, en la que su pareja fue supuestamente golpeada con una silla de hierro y contra un mueble de cristal. La víctima, que pudo escapar de la vivienda cuando el agresor se despistó, fue trasladada al hospital, intervenida quirúrgicamente y permanece afectada por una fractura en el codo y múltiples hematomas en el rostro. La medida cautelar, decretada por el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, fue ratificada recientemente por la Audiencia.

Los hechos: lesiones graves y una huida aprovechando un despiste

Según la documentación judicial, la agresión se produjo hace algo más de tres meses, en diciembre. La mujer sufrió golpes «de forma intensa», con heridas en la nariz, alrededor de un ojo y en los arcos ciliares, además de una fractura-luxación del codo izquierdo que requirió intervención quirúrgica. Testigos presencialmente no hay muchos: lo que consta en las diligencias lo recogieron los agentes que inspeccionaron la vivienda y atendieron a la víctima tras su huida.

El relato de la denuncia describe un episodio violento en el que el presunto agresor habría retorcido el brazo de la mujer, la habría golpeado con una silla de hierro y la habría estrellado contra un mueble de cristal que se rompió. Aprovechando un descuido del hombre, la mujer logró salir de la casa, pedir ayuda y ser trasladada por los servicios sanitarios al centro hospitalario más cercano, donde quedó ingresada y operada.

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«Hoy te voy a matar y vas a morir en mis manos», le habría dicho el investigado durante el episodio, según recogen las actuaciones.

Los informes judiciales aluden además a que la discusión que derivó en la agresión partió de los celos del investigado hacia el exmarido de la víctima y a un consumo abusivo de alcohol por parte del presunto autor, elementos que las magistradas consideran relevantes a la hora de valorar el riesgo para la mujer.

La vía judicial: prisión preventiva, recursos y motivos de la Audiencia

El procedimiento penal fue asumido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, que decretó la prisión provisional del detenido el 15 de diciembre y ratificó esa decisión en enero. En una resolución fechada el 2 de febrero, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra confirmó la medida cautelar.

Entre los motivos esgrimidos por las magistradas para mantener la prisión figura la existencia de indicios suficientes de delito, el peligro de reiteración delictiva y el riesgo de fuga. El investigado, de origen rumano, figura en la causa sin allegados en España y, pese a no constarle actividad laboral conocida, según la resolución dispone de recursos económicos que podrían permitirle abandonar el país, a juicio del tribunal.

La defensa recurrió el encarcelamiento y planteó dudas sobre la coherencia de las declaraciones de la víctima, que tras personarse inicialmente renunció a ejercer la acusación particular y llegó a afirmar que «no sentía temor» hacia el imputado. Los letrados propusieron medidas menos gravosas, como la imposición de una pulsera de control telemático, en lugar de la privación de libertad.

La Audiencia rechazó todos los argumentos de la defensa. Recordó además que, pese a la renuncia de la víctima, el Ministerio Fiscal mantiene la acción penal y que, en aplicación de la reforma legal de 2022, esa renuncia podría ser revocada en determinadas circunstancias, de modo que la protección de la víctima no queda supeditada únicamente a su voluntad de continuar con la acusación.

Repercusiones y el debate sobre las medidas cautelares en casos de violencia machista

La resolución ha reabierto en Vigo y en el conjunto de Galicia el debate sobre cómo equilibrar la presunción de inocencia con la necesidad de proteger a las víctimas. No es la primera vez que los juzgados de la comarca propician decisiones cautelares estrictas; la carga de trabajo de los órganos especializados en violencia contra la mujer en la provincia ha crecido en los últimos años, llegando a aproximarse a cifras de instrucción que superan el millar de causas anuales.

Organismos y responsables políticos llevan meses reclamando una mayor supervisión de agresores reincidentes y una revisión de las alternativas penales en casos de riesgo elevado. En la práctica, la pulsera telemática aparece con frecuencia como una opción intermedia, pero sus defensores y críticos discrepan sobre su eficacia cuando hay problemas de control de impulsos agravados por el consumo de alcohol, como se recoge en esta causa.

Por su parte, las víctimas que renuncian a declarar o a ejercer la acusación plantean una preocupación recurrente para las autoridades: las razones suelen ser múltiples y complejas —miedo, dependencia económica, presión social— y el sistema trata de no depender exclusivamente de esa renuncia para proceder, sobre todo cuando existen pruebas médicas y testimoniales que acreditan la violencia.

En el caso que ahora sigue instrucción en Vigo, la prioridad marcada por las magistradas es la protección de la mujer. Esa prioridad ha pesado más que las alegaciones de la defensa al valorar la posibilidad de libertad provisional, y condicionará los próximos pasos procesales: investigación complementaria, toma de declaraciones y, en su caso, la formulación de cargos.

Queda por ver cómo evolucionará la instrucción y si, una vez concluidas las diligencias, la Fiscalía formulará acusación formal. La posibilidad de que la víctima revierta su renuncia y la aplicación de la norma de 2022 añaden incertidumbre procesal. Mientras tanto, la prisión preventiva busca impedir una reiteración de episodios violentos y garantizar que el investigado no pueda eludir a la justicia.

En la ciudad, donde las asociaciones de apoyo a víctimas y los servicios sociales siguen denunciando lagunas en la atención y la protección, el episodio sirve de recordatorio de la persistencia de la violencia machista y de la necesidad de combinar recursos sanitarios, sociales y judiciales para evitar nuevas agresiones y acompañar a las mujeres que deciden denunciar.