La Agencia Española de Protección de Datos ha decidido archivar la denuncia presentada contra Miguel Ángel Rodríguez, actual jefe de Gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La decisión se refiere a las presuntas filtraciones de datos personales de dos periodistas madrileños.

Esta resolución no pone fin al caso. La vía judicial continúa activa y el proceso penal sigue su curso en los tribunales competentes.

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Antecedentes del caso

El expediente surgió tras conocerse supuestas irregularidades en el tratamiento de información sensible de profesionales del periodismo. Las fuentes afectadas denunciaron que sus datos personales habían sido manipulados o divulgados sin consentimiento.

Los hechos se remontan a la gestión de Rodríguez en su anterior cargo dentro del entorno institucional madrileño. Las primeras investigaciones apuntaron hacia una posible violación del RGPD, el reglamento europeo de protección de datos.

La Asociación de la Prensa de Madrid y otros colectivos periodísticos exigieron responsabilidades desde el inicio del caso. Consideraban el asunto como un ataque directo a la libertad de información.

Decisión administrativa y vía judicial

La resolución de la AEPD no implica una absolución formal. Se trata de una medida administrativa basada en la valoración de los indicios disponibles. La agencia considera que no hay pruebas suficientes para seguir adelante con el procedimiento sancionador.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación penal. El fiscal encargado del caso estudia nuevas pruebas que podrían vincular directamente a Rodríguez con los supuestos delitos.

• Causa judicial sigue activa
• AEPD archiva expediente administrativo
• Fiscalía recaba nuevas pruebas

Implicaciones políticas

Este episodio ha generado debate político en el seno del Parlamento regional. Los grupos de la oposición han exigido explicaciones a Isabel Díaz Ayuso por mantener a Rodríguez en su equipo directo.

El portavoz del PSOE madrileño calificó la situación como «una nueva prueba de la opacidad del Gobierno de la presidenta». Mientras, Vox defendió la actuación de Rodríguez afirmando que «cumple con su deber institucional».

Desde Podemos, criticaron la falta de transparencia en el manejo de datos sensibles. Consideran que el caso evidencia deficiencias estructurales en el control interno de las instituciones regionales.

El PP ha evitado pronunciarse oficialmente sobre el contenido del expediente. Sin embargo, insisten en que la Comunidad de Madrid actúa con plena legalidad en todos sus procesos internos.