El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este miércoles durante la sesión de control al Gobierno. / Eduardo Parra / Europa Press

El rechazo que Junts avanzó este miércoles al intento del Gobierno de salvar el escudo social con un segundo decreto reformulado para atraer sus votos ha abierto un punto de inflexión. Fuentes de Moncloa reconocen que se les han lanzado “guiños” en vano y ahora dicen constatar la imposibilidad de volver a encajar el puzle de la investidura por un giro de los de Carles Puigdemont “a la ultraderecha”. Las diferencias, según apuntan, no son tanto de fondo como “de discurso”, al agitar banderas como la ‘okupación’. “Tienen su guerra de discursos con Aliança Catalana”, concluyen. De ahí que en el Ejecutivo eviten su recurrente optimismo respecto a los Presupuestos. “Ahora no hay condiciones para aprobarlos”.

A ello se suma que los avances con ERC para conseguir su apoyo hayan quedado en cuarentena ante la crisis entre el president Salvador Illa y los republicanos, precisamente por su desencuentro también al respecto de las cuentas públicas del Govern. Uno de los negociadores del Gobierno asegura que las conversaciones con ERC “no iban mal”, pero que se han “liado” en los últimos días. Si bien defienden que la relación con los de Oriol Junqueras “es fluida”, son conscientes que sin presupuestos en Catalunya tampoco habrá apoyo a los del Estado.

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El plazo marcado para presentarlos, este primer trimestre, se acerca y parece optarse ya por rebajar las expectativas para minimizar el golpe. “Hoy no tenemos acuerdo de ERC ni de Junts”, trasladaban desde Hacienda para enmarcar el relato en que “los Presupuestos se presentarán igual, pero la pregunta es si se aprueban”.

Los términos en los que ERC plantea la recaudación del IRPF acordada para la investidura de Illa siguen siendo inasumibles para el departamento que dirige María Jesús Montero. Tampoco ven un aterrizaje a través de una enmienda a la futura reforma del modelo de financiación autonómica para quitar al Estado la competencia de recaudar este impuesto. Consideran además que dicha norma ya tiene demasiada “carga” y que la condenaría al fracaso.

Al mismo tiempo que se comienza a asumir una sentencia de muerte de los Presupuestos, se endurece el discurso con Junts acusándolos de que se “mimetizan con PP y Vox”. El propio presidente del Gobierno dio la señal a los suyos de pasar al contraataque cuando en la sesión de control en el Congreso achacó a Junts de querer "copiar los discursos de la derecha y la ultraderecha". Lo hizo como réplica a la confirmación de su portavoz, Míriam Nogueras, de que votarían en contra del decreto que incluye las medidas para la moratoria antidesahucios. Una suerte de ‘hasta aquí’.

Un veterano diputado socialista del PSC abundaba en este cambio de registro con los posconvergentes y se explicaba que “para entender a Junts hay que entender las encuestas”, en referencia a su caída y su competición con la emergente Aliança Catalana. Sin embargo, considera que su reacción no haría más que penalizarlos. “Sus electores no entienden que estén junto a PP y Vox”, argumenta.

Al argumento de Junts de que “escudo social, sí; ocupaciones, no”, un ministro del núcleo duro del jefe del Ejecutivo se revuelve lamentando que “entendíamos que la fórmula del PNV les serviría”. “También el fondo de ayuda a propietarios que habíamos pactado con ellos”, añade. Se refiere a la exclusión de los pequeños propietarios de la moratoria antidesahucios pactada con los nacionalistas vascos, ejerciendo un cierto papel de mediación, y a la aprobación de una partida de 300 millones para cubrir el alquiler que puedan dejar de percibir los caseros por impago. Por ello rechazan volver a trocear el decreto.

“No han querido sentarse cuando la redacción sobre los desahucios es muy distinta a la primera, que podrían perfectamente aceptar. Lo de la ‘okupación’ es una excusa”, reprochan. Junto al decreto del escudo social, el Congreso votará este jueves otros tres decretos: ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, revalorización de las pensiones y tope de precios en transporte y servicios básicos ante situaciones de emergencia. El del escudo social contiene tanto las medidas antidesahucios para familias vulnerables hasta encontrar una posibilidad de realojo como el prórroga del bono social eléctrico. Se calcula que estaban paralizados unos 60.000 desahucios de estas características, siendo mayoritarios los que corresponden a pequeños propietarios, ahora excluidos. 

Casi cuatro meses después de que Junts anunciase su ruptura del pacto de investidura con el PSOE, el Gobierno da síntomas de considerar irrecuperable la relación. Los posconvergentes mantienen grabada en piedra la lista de incumplimientos y los gestos del Ejecutivo no han servido para acercar posiciones. Ante ello, fuentes socialistas señalan que hasta un regreso de Carles Puigdemont esta formación “no acabará de estabilizarse”.

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