En un desarrollo que está captando la atención de expertos y ciudadanos por igual, llega «persecución educada»: informe denuncia. Esta situación, que se desarrolla en un contexto de creciente interés mediático, promete tener implicaciones significativas para diversos sectores de la sociedad.
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Los detalles que han emergido revelan una situación compleja que requiere un análisis detallado. El Papa Francisco identificó en 2016 dos formas distintas de persecución a la libertad religiosa. Junto a la explícita , que no requiere explicación, situó también la «persecución educada», una variante más sutil que se manifiesta en formas de presión legal, cultural e institucional. Esa segunda es, precisamente, la que el ‘ Informe sobre la libertad religiosa en el mundo 2025’ —presentado este martes en Madrid por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)— identifica en la situación que se vive en España. «El derecho a la libertad religiosa está garantizado en nuestro país, pero se perciben algunas luces de alarma », explica a ABC el director en España de la entidad, José María Gallardo. Para Gallardo, y de acuerdo con el capítulo que el informe dedica a nuestro país, el primero de estos problemas es «la escasa valoración del hecho religioso y de la libertad religiosa por la sociedad civil, la mayor parte de los partidos políticos, los medios de comunicación y las Administraciones públicas». Una realidad que «se suma a los problemas de siempre y a decisiones políticas y judiciales que desprecian y contrarían la libertad de expresión y creación artística en detrimento de los sentimientos religiosos, llegando a proponer la despenalización del delito y de los delincuentes pese a la oposición de todos los grupos religiosos», añade el informe. En ese sentido, el documento cita casos de televisión pública en los que «se exhibieron imágenes del Sagrado Corazón de Jesús con la cabeza de una vaca» o chirigotas de carnaval en las que se reparte la comunión disfrazados de obispos. Y sobre las decisiones políticas, da ejemplos. En concreto, se centra en la propuesta del Gobierno, en septiembre de 2024, para reformar el artículo 525.1 del Código Penal y realizar desaparecer el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. El documento recuerda que «la mayor parte de las confesiones, tanto cristianas como no cristianas, firmaron un comunicado de prensa conjunto en contra de esta medida, declarando que va en contra de la libertad religiosa». « No todo vale . Tu libertad de expresión tiene que respetar también mis creencias», explica Gallardo, que añade: «Puede que protestar medio desnuda en una iglesia no sea un delito, pero sí es una ofensa a mis creencias y a mi libertad de creer». Una contradicción que el informe también recoge cuando señala que «aunque se ha modificado el Código Penal para incluir el acoso a mujeres que acuden a clínicas abortistas , la libertad de expresión no ampara aquellas ideas que se evidencian en contra del aborto». Y como ejemplo, añade que esto «deja a España en una situación en la que las vigilias silenciosas frente a las clínicas abortivas son ilegales, pero las activistas del grupo feminista radical Femen pueden protestar con el torso desnudo frente a lugares de culto y centros provida a favor del aborto sin consecuencias legales». El informe recoge, asimismo, lo acontecido el 2 de junio de 2023, «cuando unas manifestantes en topless exhibieron mensajes en sus torsos que decían: «Tú no rezas, acosas»», en referencia a un episodio en que unas activistas de Femen protestaron frente a las personas que rezaban ante la clínica Dator de Madrid. El texto presentado ayer también recoge otro incidente, ocurrido el 31 de marzo de 2023 en Barcelona, cuando « feministas proaborto hostigaron a los feligreses dirigiéndoles insultos y ofensas tanto a ellos como a su fe en la iglesia de Santa María del Remedio» e intentaron entrar en el templo, como «respuesta al llamamiento del párroco local a unirse a la campaña de oración ’40 días por la vida’». Entre esas formas de «presión legal» de las que hablaba el Papa Francisco, el informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada también constata un progresivo debilitamiento de la objeción de conciencia de los médicos, pese a estar reconocida en las leyes de aborto y eutanasia. «Estas cuestiones no están zanjadas», advierte el texto, en referencia a los polémicos registros de objetores, ahora en el debate público. asimismo, recuerda que «sigue siendo especialmente controvertida la decisión de permitir que las menores puedan abortar sin el consentimiento previo de sus padres o tutores», tal y como establece la ley y confirmó el Tribunal Constitucional. En el ámbito familiar, también señala que el Tribunal Constitucional ha dictado sentencias que priorizan esa neutralidad frente al derecho de los padres a educar a sus hijos en la fe. «La STC 26/2024 determinó que, cuando existan discrepancias, debe primar la ‘neutralidad’ para elegir centro escolar y optar por uno aconfesional». En el ámbito interno de las confesiones, el informe interpreta una sentencia de 2024 del Tribunal Supremo como un precedente peligroso. «El Tribunal ampara a una mujer a la que se denegó ser miembro de una cofradía que reservaba la admisión a varones. Esta resolución vulnera y menosprecia la autonomía de las confesiones religiosas», explica. «Esta resolución abre la puerta a fomentar el activismo de género frente a las normas internas de cualquier entidad», advierte el documento. Aunque en menor medida que en otros lugares del planeta, el capítulo referido a España también recoge hechos de violencia real, de la «persecución explícita» de la que hablaba Francisco. En enero de 2023, un sacristán fue asesinado en Algeciras en un ataque yihadista; un mes después, varios frailes fueron golpeados en un monasterio de Gilet (Valencia), uno de ellos mortalmente, por un hombre que entró en el convento al grito de «¡Soy Jesucristo!». En Santiago de Compostela, un sacerdote resultó herido cuando distribuía la comunión. Son hechos aislados, pero reveladores de un cierto clima. «En España son recurrentes los casos de profanación de templos católicos y de la Eucaristía», explica el texto. Entre ellos, los robos de los sagrarios en Cobeña o Cádiz. En paralelo, también crecen otro tipo de agresiones simbólicas . «Colectivos feministas fijan su objetivo en iglesias cristianas. El 8 de marzo de 2023, feministas pegaron pasquines y pintaron de morado la puerta de una iglesia en Sabadell mientras los fieles rezaban», figura como ejemplo. Esta información, confirmada por fuentes cercanas al desarrollo de los acontecimientos, subraya la importancia de mantener una perspectiva informada sobre el tema.
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Es importante destacar que este tipo de situaciones no ocurren en el vacío. Los antecedentes históricos y el contexto socioeconómico actual juegan un papel fundamental en la comprensión completa de estos eventos. Expertos en la materia han señalado que la convergencia de múltiples factores ha creado las condiciones propicias para el desarrollo actual de los acontecimientos.
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Desde diferentes sectores se han alzado voces que ofrecen perspectivas variadas sobre el tema. Mientras algunos analistas mantienen una visión optimista sobre las posibles resoluciones, otros advierten sobre los desafíos que podrían surgir en el corto y medio plazo. Esta diversidad de opiniones refleja la complejidad inherente a la situación.
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Impacto en Galicia
Para Galicia, estas noticias representan tanto oportunidades como desafíos. La economía regional, basada en sectores como la pesca, la industria naval y el turismo, podría verse afectada de diversas maneras. Los empresarios gallegos ya están evaluando las posibles implicaciones para sus operaciones y estrategias futuras.nn
Análisis en Profundidad
Un examen detallado de la situación revela múltiples capas de complejidad que merecen consideración. Los expertos consultados han identificado al menos tres dimensiones clave que deben tenerse en cuenta al evaluar estos desarrollos.nn
En primer lugar, la dimensión económica no puede ser ignorada. Los mercados han reaccionado con una mezcla de cautela y expectativa, reflejando la incertidumbre inherente a la situación actual. Los indicadores económicos sugieren que podríamos estar ante un período de ajustes significativos.
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En segundo lugar, el aspecto social presenta sus propios desafíos y oportunidades. La ciudadanía ha demostrado un nivel de engagement sin precedentes, participando activamente en el debate público a través de diversos canales. Esta participación ciudadana es vista por muchos como un signo positivo de la vitalidad democrática.
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Finalmente, la dimensión institucional requiere especial atención. Las organizaciones y entidades involucradas están trabajando para coordinar sus respuestas y garantizar que se mantenga la estabilidad necesaria para navegar estos tiempos complejos.
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Perspectivas Futuras
Mirando hacia adelante, es evidente que los próximos meses serán cruciales para determinar el curso de los acontecimientos. Los observadores coinciden en que estamos en un momento decisivo que podría definir tendencias a largo plazo.nn
La capacidad de adaptación y la flexibilidad serán elementos clave para navegar con éxito los desafíos que se avecinan. Tanto las instituciones como los ciudadanos deberán mantener una actitud proactiva y estar preparados para responder a desarrollos inesperados.
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En última instancia, el resultado dependerá de la capacidad colectiva para trabajar hacia soluciones constructivas que beneficien al conjunto de la sociedad. El diálogo, la cooperación y el compromiso con el bien común serán fundamentales en este proceso.
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