Ourense vive una tensión creciente en su mercado de aparcamientos: la compra de plazas se ha encarecido de forma notable y el alquiler de garajes en el casco urbano alcanza cifras que muchos vecinos consideran insostenibles. El coste medio por plaza se sitúa en torno a los 25.000 euros, con picos de hasta 50.000 euros en ubicaciones centrales, mientras que los alquileres en párquines del centro llegan a los 80 euros mensuales. La escasez de espacios y la elevada demanda complican cada vez más la movilidad diaria en la ciudad.

Escasez de espacios y subida de precios: el panorama en la ciudad

La media de 25.000 euros por plaza refleja una tendencia alcista que, aun siendo ya relevante, oculta marcadas diferencias entre barrios. En zonas periféricas todavía pueden encontrarse opciones más asequibles en barrios como San Francisco, O Vinteún o A Ponte, aunque a menudo condicionadas a que el vehículo sea pequeño o el acceso limitado. En contraposición, en el corazón de la ciudad —calles y barrios próximos a la Praza Maior y centros comerciales— el techo de 50.000 euros se ha convertido en una realidad para plazas bien ubicadas.

El incremento respecto a 2024 es palpable: a comienzos de ese año la media rondaba los 20.000 euros, lo que supone un alza porcentual que está tensando tanto a compradores particulares como a profesionales del sector inmobiliario. A la subida de precios se suma la dificultad para conseguir abonos en párquines de pago, que en la práctica deja a muchos conductores con pocas alternativas a la calle.

La ocupación de la vía pública también pone de manifiesto el problema: en calles como Francisco Añón Paz, en el barrio de Vista Hermosa, es habitual ver la calzada y las aceras muy saturadas, una imagen cada vez más común en barrios de densidad media y alta. Ese escenario no solo dificulta el estacionamiento, sino que incrementa la circulación a la búsqueda de plaza —un factor que empeora la congestión y la contaminación local.

Consecuencias sociales y económicas

El encarecimiento de las plazas de garaje tiene efectos directos sobre la calidad de vida. Para familias con coche, la compra o el alquiler de una plaza puede convertirse en una carga económica adicional significativa; para quienes dependen del vehículo por motivos laborales o de movilidad reducida, la falta de opciones asequibles representa una barrera real.

Los negocios del centro perciben también la presión: clientes que antes llegaban en coche encuentran ahora mayores dificultades para estacionar, lo que puede traducirse en menos afluencia. Al mismo tiempo, el mercado atrae a pequeños inversores que adquieren plazas como activo, reduciendo aún más la oferta disponible para usuarios habituales.

Desde el punto de vista urbano, la tendencia puede fomentar prácticas indeseadas: el uso intensivo de la calle para estacionar, la ocupación irregular de espacios, o una mayor rotación de vehículos en busca de aparcamiento, con el consiguiente impacto en la seguridad vial y el medio ambiente.

Medidas en la agenda: qué opciones existen

Ante la situación, las soluciones pasan por una combinación de planificación pública y cambios en el comportamiento ciudadano. Algunas medidas que suelen proponerse en ciudades con problemas similares son:

• Incrementar la oferta de aparcamientos disuasorios en la periferia y mejorar la conexión con transporte público.
• Facilitar y regular la concesión de abonos en párquines públicos y privados, evitando prácticas especulativas.
• Establecer incentivos para la construcción de plazas en nuevas promociones y revisar ordenanzas municipales sobre estacionamiento en obra nueva.
• Impulsar alternativas de movilidad (transporte público, bicicleta, vehículos compartidos) para reducir la dependencia del coche.

La implantación de estas medidas requiere coordinación entre la administración local, promotores privados y representantes vecinales. No todas son rápidas de ejecutar, pero alimentan un debate necesario sobre el modelo de movilidad que la ciudad quiere promover.

Además, la política tarifaria puede jugar un papel: precios de estacionamiento bien calibrados en áreas céntricas ayudan a desalentar el uso prolongado del vehículo y a liberar plazas para rotación comercial. Sin embargo, sin alternativas atractivas de transporte, una subida de tarifas puede castigar a quienes no tienen otra opción que el coche.

La discusión pública en Ourense debería incorporar estas variables: la urgencia de liberar la vía pública, la necesidad de proteger a residentes con menores recursos y la conveniencia de planificar a medio plazo infraestructuras de aparcamiento que respondan a la realidad demográfica y económica.

En última instancia, el problema del aparcamiento en Ourense es un síntoma de transformaciones urbanas más amplias: crecimiento puntual de la demanda, dinámica del mercado inmobiliario y la transición hacia modelos de movilidad menos dependientes del vehículo particular. La respuesta —si pretende ser eficaz y equitativa— exigirá diagnóstico riguroso, voluntad política y medidas que combinen oferta y gestión. Mientras tanto, vecinos y comerciantes seguirán navegando una realidad en la que aparcar en el centro se ha convertido en un bien cada vez más caro y escaso.