Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2026. Alrededor de un centenar de facultativos, acompañados por familiares y allegados, volvieron a tomar las calles de la capital gallega para exigir a la Consellería de Sanidade que se siente a negociar y ponga fin a la huelga indefinida convocada por O’Mega, que se mantiene desde el pasado 2 de marzo. La movilización partió de la Alameda, hizo una parada frente al Parlamento autonómico y concluyó en la plaza de Platerías, en una jornada de protesta que busca transformar el malestar en acuerdos concretos.

La movilización y las razones de fondo

La marcha, convocada por el sindicato médico, condensó quejas que vienen acumulándose desde hace años y que, según los propios profesionales, han alcanzado un punto de inflexión. Los participantes denunciaron la saturación de centros de salud y hospitales, las largas listas de espera y la carga de trabajo que, en Atención Primaria, obliga a algunos médicos a consultar a 40 o 50 pacientes al día. Esa sobrecarga, dicen, erosiona la calidad asistencial y incrementa riesgos tanto para pacientes como para profesionales.

Antes de iniciar la marcha, representantes de los facultativos trasladaron a los medios su frustración por la ausencia de contactos con la Administración: no se han celebrado reuniones con la Consellería desde el jueves anterior y no hay encuentros previstos que permitan avanzar en la desconvocatoria de la huelga. En paralelo, los sindicatos recuerdan que la agenda conflictiva se complica con la reanudación la semana próxima de huelgas autonómicas y estatales vinculadas al debate sobre el Estatuto Marco.

«La Atención Primaria está en la UCI, con centros de salud desbordados y médicos que consultan a 40 o 50 pacientes al día, algo que no se puede calificar de calidad asistencial en lo que es la base de nuestro sistema sanitario»

En el manifiesto distribuido hoy, los médicos calificaron la situación como «crítica» y reclamaron a la Xunta que deje de «maquillar» los problemas con «cifras vacías». La protesta, por tanto, no solo exige mejoras laborales: busca visibilizar un deterioro asistencial que, sostienen, se ha normalizado peligrosamente.

Demandas concretas y alcance de las reivindicaciones

Las reivindicaciones de O’Mega y del colectivo médico son detalladas y abarcan desde condiciones laborales hasta reconocimiento profesional y medidas organizativas. Entre las peticiones se encuentran la negociación de un Estatuto Marco propio para médicos, la implantación de una jornada de 35 horas semanales para todo el colectivo médico, y la recuperación de derechos perdidos durante la crisis, como los días de libre disposición suprimidos en 2012.

• Jornada laboral de 35 horas semanales para médicos y facultativos.
• Recuperación de sábados y festivos en las mismas condiciones que otros empleados públicos.
• Actualización de la normativa de exención de guardias para mayores de 55 años.
• Nuevo acuerdo para regular jornada y retribuciones de los médicos de urgencias (sin renovación desde 2007).
• Actualización del complemento de productividad variable y procedimiento extraordinario para el reconocimiento de la carrera profesional.
• Protocolos frente a agresiones y acoso laboral; equiparación plena entre MIR y adjuntos; complemento de tutorización para especialistas en formación.
• Un plan de choque para reducir listas de espera en Atención Primaria.

La amplitud del listado pone de manifiesto que las demandas trascienden lo estrictamente salarial y apelan a una reforma profunda del modelo organizativo y profesional. Los médicos plantean que buena parte de los problemas actuales son estructurales: falta de plantilla, acuerdos obsoletos y reconocimiento profesional pendiente.

Impacto en la asistencia y señales de solidaridad

La presión de los facultativos se extiende también al funcionamiento cotidiano del sistema. En Ourense, cirujanos generales, anestesistas, cirujanos pediátricos, neurocirujanos y ginecólogos del Complejo Hospitalario acordaron dejar de hacer peonadas, una medida que ya secundaron profesionales en Vigo, Pontevedra, A Coruña, Santiago, Lugo, Ferrol, Burela y O Salnés. La supresión de peonadas —horas extraordinarias remuneradas— es un gesto de solidaridad y un mecanismo de presión que puede impactar en la programación quirúrgica y en la capacidad de respuesta ante picos de demanda.

Ese efecto multiplicador revela un diagnóstico compartido: no se trata de reclamos aislados, sino de un clamor colectivo por condiciones de trabajo compatibles con una medicina segura y sostenible. Para muchos profesionales, mantener turnos extras no es viable a medio plazo si no se abordan las causas estructurales del agotamiento.

Desde la perspectiva de la gestión sanitaria, las interrupciones en las peonadas y la persistencia de la huelga obligan a diseñar contingencias para garantizar la atención urgente y reducir el impacto en la población, sin que eso suplante la necesidad de negociación.

Políticamente, la situación coloca a la Xunta ante un dilema: ceder en parte de las demandas implicaría afrontar costes económicos y reorganizar plantillas; no hacerlo, prolongaría el conflicto y ampliaría el desgaste del sistema. Además, la existencia de movilizaciones estatales por el Estatuto Marco añade una capa de complejidad política que tensiona la interlocución entre las administraciones.

El Gobierno autonómico dispone de varias palancas: abrir una mesa de negociación con calendario y garantías, ofrecer medidas puente (contratación temporal, refuerzo de plantillas en primaria, planes de choque concretos) y comprometerse a actualizar acuerdos obsoletos como el de urgencias. Sin una estrategia clara que combine diálogo y actuaciones visibles, el riesgo es la escalada y la pérdida de confianza de los profesionales.

En los próximos días, la agenda será decisiva: la reanudación de las huelgas relacionadas con el Estatuto Marco y la continuidad de las acciones de no realización de peonadas marcarán el ritmo de las negociaciones. La Comunidad necesita no solo medidas paliativas, sino un plan de reconstrucción de la Atención Primaria que incluya plantillas, condiciones laborales y reconocimiento profesional para frenar la erosión del sistema.

La movilización de hoy en Santiago es, a la vez, una llamada de alerta y una oportunidad. Si la Administración responde con voluntad real de diálogo y propuestas concretas, puede encauzarse un proceso de recuperación; si prevalecen las demoras y la falta de respuesta, la tensión laboral y asistencial seguirá escalando, con costes para la salud pública que serán más difíciles y costosos de corregir en el futuro.