Galicia cierra la estación invernal con 193 muertes estimadas como atribuibles al frío, según los cálculos del Sistema de Monitorización MoMo del Instituto de Salud Carlos III. Esa cifra supone aproximadamente una sexta parte de las 1.234 muertes que el sistema atribuye a la temperatura en toda España durante el periodo analizado, con una concentración notable en el mes de enero.

El invierno que golpeó más por humedad que por frío extremo

Los últimos meses quedarán en la memoria colectiva gallega por un carrusel de borrascas atlánticas que trajeron lluvias persistentes, nieve en cotas altas y avisos meteorológicos continuos. En lugares como Pedrafita do Cebreiro se vieron imágenes de enero que recordaron al interior montañoso la dureza de la estación, aunque la temperatura media regional —alrededor de 9,1 ºC— estuvo, curiosamente, por encima del valor climático de referencia.

La herramienta MoMo, que vigila la mortalidad por todas las causas y estima el exceso atribuible a desviaciones térmicas, sitúa en 92 las muertes relacionadas con el frío en enero y en 77 las de diciembre. A pesar de que el total de Galicia es inferior al registrado en la temporada 2024-25 —en aquella ocasión se estimaron 217 fallecimientos— la comunidad sigue siendo la segunda más afectada del país, solo por detrás de Andalucía, donde el sistema calcula 237 defunciones.

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Los datos del MoMo también dibujan el perfil de la víctima más frecuente: personas mayores. Más de una tercera parte de los fallecidos tendrían 85 o más años y seis de cada diez superaban los 65. Esa realidad, en una comunidad con un envejecimiento demográfico marcado y una dispersión rural importante, multiplica la vulnerabilidad ante episodios meteorológicos adversos y añade complejidad a las labores de prevención y asistencia.

La pobreza energética como factor determinante

No es solo la meteorología. La capacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada se ha convertido en un factor crítico de salud pública. El informe FOESSA 2025 de Cáritas, con datos de la INE, sitúa en un 16,6% el porcentaje de la población gallega que asegura no poder permitirse ese gasto; una cifra que se ha multiplicado en pocos años —en 2018 era del 4,8%— y que supera la media estatal, que se aproxima al 17,6%.

En viviendas con aislamiento deficiente, sistemas de calefacción obsoletos o dependencia de fuentes de energía caras, un frente frío o una sucesión de días lluviosos suponen riesgos que van más allá del malestar: aumentan la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y agravan patologías crónicas. La intersección entre envejecimiento, vivienda y coste de la energía explica en buena medida por qué Galicia figura tan alto en la lista de comunidades con muertes atribuibles al frío.

Respuesta institucional y posibles medidas

El Ministerio de Sanidad dispone de un plan de actuaciones preventivas ante las bajas temperaturas, y la Xunta recoge sus recomendaciones en la web autonómica, advirtiendo de la «influencia difusa» del frío sobre la salud, lo que complica la aplicación de medidas concretas. Aun así, la propia administración apunta a factores concretos como las condiciones de la vivienda y señala a grupos de riesgo adicionales: embarazadas, recién nacidos, personas que trabajan al aire libre y quienes viven en la calle.

En la práctica, la respuesta demanda medidas coordinadas: programas de revisión y mejora del aislamiento en viviendas de mayores con recursos limitados, bonificaciones o ayudas para la adquisición de combustibles o suministros, campañas de seguimiento telefónico y domiciliario por parte de servicios sociales en episodios de alerta, y una mayor articulación entre ayuntamientos rurales y centros de salud. En provincias con municipios dispersos —donde el transporte y la soledad aumentan la fragilidad— esas actuaciones deben adaptarse a la realidad territorial.

Salud pública y políticas sociales deben también mirar a medio plazo. Mejorar la eficiencia energética de los parkings de vivienda, fomentar sistemas de calefacción menos contaminantes y más baratos, y diseñar planes de contingencia para centros de día y residencias son pasos que, si se implementan con urgencia, pueden reducir el riesgo en el siguiente otoño-invierno.

Además, la comunicación con la población juega un papel esencial. Mensajes claros sobre cómo calentar de forma segura, evitar incendios y prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, así como la difusión de recursos municipales para asistencia en casos de emergencia, son medidas de bajo coste pero alto impacto social.

Sanidad y servicios sociales disponen de herramientas, pero las cifras revelan que no bastan. Para muchas familias, mantener una vivienda cálida sigue siendo un lujo; para otras, la barrera está en la geografía: los núcleos rurales de interior y los ayuntamientos con menos recursos son especialmente vulnerables. Por eso, la próxima temporada convierte en urgente la necesidad de combinar respuestas inmediatas con políticas estructurales de vivienda y energía.

Si algo deja claro el balance de esta estación, además de la triste estadística, es la mezcla de factores que explican por qué el frío mata: no solo la temperatura, sino la vivienda, la renta, la edad y el territorio. A falta de inviernos menos húmedos, toca reflexionar sobre cómo proteger mejor a quienes más sufren cuando el cielo se cierra y el termómetro baja.