El Concello de Vigo ha elevado a la vía contencioso-administrativa varios expedientes contra conductores de VTC que, según el Ayuntamiento, operan en la ciudad sin la autorización municipal correspondiente. La decisión se ha adoptado después de que las sanciones administrativas impuestas no hayan logrado frenar estas prácticas reiteradas, y se comunicó en una reunión reciente con la asociación del taxi. El proceso judicial busca medidas más contundentes, incluida la inmovilización de vehículos y la retirada de autorizaciones que habilitan trayectos que, a juicio del consistorio, no les corresponden.

Responsables municipales explicaron a la asociación Élite Taxi que varios conductores han agotado ya el procedimiento sancionador ordinario y han sido denunciados ante los tribunales. Pese a las multas, algunos de esos vehículos continuaron prestando servicio dentro del término municipal, según fuentes del gobierno local; en determinados casos, los expedientes llegaron a registrar hasta tres sanciones por el mismo motivo. Esa reiteración ha sido el detonante para impulsar la vía judicial, con el objetivo de que la jurisdicción contencioso-administrativa avale medidas más eficaces.

Entre las opciones que maneja el Ayuntamiento figura la inmovilización de los vehículos que sigan operando sin la autorización local exigida y la promoción de la retirada de las licencias que permiten a esos conductores realizar determinados trayectos, en concreto los interurbanos. El Consistorio sostiene que la normativa municipal exige permisos concretos para prestar servicios dentro de la ciudad y que, una vez agotados los mecanismos sancionadores, corresponde a los tribunales expedirse sobre la legalidad de la actividad.

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La escalada del conflicto llega en un contexto de incidentes y denuncias públicas durante las últimas semanas: agentes municipales y de la Policía Local han detectado casos de VTC que supuestamente intentaron esquivar controles cambiando matrículas, detenerse en paradas de taxi o circular por zonas restringidas como el acceso a Peinador. Estas actuaciones han alimentado la sensación de impunidad entre el sector del taxi y han servido de argumento para justificar la vía judicial, según fuentes municipales consultadas por este periódico.

La patronal del taxi en Vigo mantiene desde hace tiempo una postura crítica con la presencia de plataformas que coordinan VTC como Uber en la ciudad, a las que acusa de competencia desleal y de incumplir los requisitos municipales. En la reunión con el gobierno local, los taxistas expresaron su malestar y reclamaron controles más intensos y sanciones ejemplares para los reincidentes. Ese malestar es el telón de fondo de una protesta sostenida que ya se ha traducido en llamamientos públicos y concentraciones en distintos momentos.

Desde el punto de vista del Ayuntamiento, la vía administrativa mostró límites para atajar la actividad no autorizada y por eso el paso siguiente ha sido la vía contencioso-administrativa. Los responsables locales no han descartado solicitar al juez medidas cautelares que permitan retirar de la circulación los vehículos que vulneren la normativa mientras se resuelven los procedimientos. El objetivo proclamado por el gobierno municipal es recuperar la normalidad en el servicio y garantizar que las autorizaciones se respeten.

Los recursos judiciales, sin embargo, no garantizan una solución inmediata. Los procesos contencioso-administrativos pueden prolongarse y su desenlace dependerá de la valoración que haga la magistratura sobre la competencia municipal y la aplicación de la normativa vigente. En caso de resoluciones favorables al Concello, los efectos serían contundentes para los conductores implicados: inmovilizaciones y la pérdida de la posibilidad de operar con licencias interurbanas dentro de Vigo.

La disputa local forma parte de un debate más amplio en España sobre la regulación de las VTC y las plataformas digitales, que ha enfrentado a ayuntamientos, comunidades autónomas, sector del taxi y empresas tecnológicas. En Vigo, la iniciativa del Ayuntamiento anunciada tras la reunión del 10 de marzo de 2026 marca un nuevo capítulo en ese enfrentamiento y abre una etapa judicial cuya resolución marcará el alcance real de las medidas municipales y la capacidad de control sobre la prestación de servicios de transporte en la ciudad.