La Fiscalía pide tres años de prisión y cerca de 30.000 euros en responsabilidades civiles para la mujer acusada de provocar varios incendios en el barrio de A Ponte de Ourense a principios de 2023. La presunta autora, identificada y detenida por la UDEV de la Policía Nacional el 17 de marzo de ese año, se enfrenta a un escrito por un delito continuado de incendio que calcinaron contenedores, vehículos y causaron daños en locales comerciales. Los episodios tuvieron lugar en fechas nocturnas de febrero y encendieron la alarma vecinal por la intensidad de las llamas y el riesgo para las fachadas. El Concello de Ourense se personó como acusación particular para reclamar la reparación de los bienes públicos dañados.

Según el relato de la Fiscalía, los hechos se concentraron en tres madrugadas: el 12, 14 y 28 de febrero de 2023, siempre en horarios próximos a las seis de la mañana. El primero de los incendios se inició en la avenida de As Caldas, en el número 5, y las llamas alcanzaron tal virulencia que dejaron completamente calcinado un turismo. Las siguientes intervenciones afectaron a depósitos de basura en puntos cercanos, desde donde el fuego se propagó a vehículos y elementos del mobiliario urbano. Los episodios se sucedieron en un contexto de preocupación creciente en el barrio por la repetición de siniestros nocturnos.

En la primera intervención, el propietario del automóvil cuya carrocería quedó reducida por las llamas valoró su pérdida en 12.000 euros, según consta en el procedimiento. El humo y el calor también dañaron la persiana de la barbería Sers Barber y rompieron lunas del establecimiento O Ruan, con desperfectos que la acusación cifra en torno a 1.200 euros. Asimismo, el toldo y un cristal del comercio Sánchez Hogar sufrieron roturas cuyo coste supera los 1.300 euros, y las llamas alcanzaron la fachada de un inmueble en la calle Ribeiriño. Estas afectaciones contribuyeron a la percepción de riesgo en la zona y motivaron la respuesta de los servicios de emergencias.

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Los incendios posteriores, ocurridos el 14 y el 28 de febrero, repitieron el modo de actuación: depósitos de basura prendidos en plena madrugada. En el último de los sucesos el fuego se propagó a dos turismos estacionados, dejando a uno de ellos con daños valorados en 2.500 euros y ocasionando perjuicios en otro vehículo. La magnitud de los daños llevó al Ayuntamiento a personarse en la causa para exigir la reposición de los contenedores destruidos y la reparación de los elementos municipales afectados. La investigación policial, que culminó con la detención de la acusada en marzo, incluyó análisis de imágenes y trabajo de campo por parte de la UDEV.

En el capítulo civil, la acusación concreta una reclamación global próxima a 30.000 euros, que integra distintas partidas y que se irá incrementando con los intereses legales. Entre las principales partidas figura la reclamación del Concello, que exige la reposición de contenedores por un importe de 10.001,43 euros. Además de las sumas ya consignadas a favor del propietario del vehículo calcinado y los comerciantes afectados, el procedimiento deberá determinar en la fase de ejecución la cuantía exacta de los daños sufridos por una comunidad de vecinos, una residente y el titular de un tercer automóvil.

La acusada, identificada en el sumario con sus iniciales y de 39 años, no registra antecedentes penales, según se recoge en el expediente. En el trámite judicial, su defensa, ejercida por el letrado Javier González, solicitó la incorporación de informes médicos al procedimiento y plantea, como alternativa, la aplicación de una atenuante muy cualificada por alteración psíquica en caso de que el tribunal aprecie la autoría. La acusada niega los hechos en su declaración, pero la Fiscalía mantiene la petición de pena por un delito continuado de incendio.

La vista preliminar quedó fijada para el 4 de junio en la Sección Penal (plaza 1) del Juzgado de lo Penal de Ourense, donde se analizarán las pruebas practicadas y las peticiones de las partes. Si se confirma la condena reclamada, la afectada afrontaría, además de la pena privativa de libertad, la obligación de afrontar las indemnizaciones civiles que reclaman particulares y el propio Ayuntamiento. La resolución judicial deberá concretar también la posible concurrencia de circunstancias atenuantes o eximentes planteadas por la defensa.

Vecinos y comerciantes del barrio recuerdan aquellas madrugadas con preocupación por el riesgo que supusieron las llamas para fachadas y personas, y defienden que la actuación de la Policía y los servicios de extinción puso fin a la serie de siniestros. Para el Consistorio, el caso subraya la necesidad de reforzar la protección del espacio urbano y de responder con rapidez ante actos intencionales que dañan el patrimonio y alteran la convivencia. El procedimiento continúa su curso y la causa llegará a juicio si la instrucción confirma la existencia de indicios suficientes para sostener la acusación.