El juicio contra el expresidente catalán Jordi Pujol y varios de sus hijos retomó en la Audiencia Nacional este martes la fase dedicada a las cuentas que la familia mantuvo en Andorra, donde declararon empleados y directivos de entidades financieras del país. Los testimonios buscan aclarar cómo se produjeron transferencias millonarias que, según la Fiscalía, quedaron ocultas a los titulares de las cuentas y a los controles bancarios. Está previsto que comparezcan tanto el gestor de las cuentas como el antiguo consejero delegado de una de las entidades implicadas, en una jornada clave para desentrañar el mecanismo de ocultación. La vista se celebra en Madrid y pretende determinar responsabilidades penales y la trazabilidad de los fondos.

Entre los primeros en declarar figuró Josep Maria Pallerola, que fue gestor en Banca Reig y cuya actuación ha sido citada por diferentes imputados y testigos. Varias personas han explicado que Pallerola administraba cuentas en las que se registraron movimientos ordenados desde el entorno de Jordi Pujol Ferrusola y que, según su versión, no detectaron irregularidades hasta recibir requerimientos policiales. Su testimonio se considera determinante para comprender por qué se autorizaron movimientos de gran cuantía sin que constara la intervención directa de los titulares. Los magistrados buscan así comprobar si hubo fallos de control interno o complicidad en la operativa.

También compareció en la sesión matinal Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de la Banca Privada d’Andorra (BPA), condenado previamente por delitos relacionados con el blanqueo de capitales. En la instrucción del caso, agentes de Asuntos Internos de la Policía señalaron que Miquel entregó una anotación con datos bancarios vinculados a la familia Pujol, documento que, según su versión, no aportó elementos de interés policial y terminó descartado. Meses después, la difusión de un pantallazo con saldos atribuidos a los Pujol en un periódico nacional precipitó la confesión pública del expresidente sobre la existencia de esas cuentas. La declaración de Miquel pretende precisar qué información manejaban los gestores y cómo se registraba la documentación interna.

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En la lista de testigos también figuró quien sucedió a Pallerola en Andbank, Juan Jové Torruella, cuyo nombre aparece en apuntes manuscritos intervenidos a la familia. Entre esas notas estaba una autorización firmada por Mercè Gironès, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, para entregar 975.000 euros a una persona portadora de una de las anotaciones, circunstancia que los investigadores consideran indicativa de la operativa en efectivo y de la circulación de instrucciones fuera de los cauces formales. Los fiscales intentan establecer la relación entre esas transferencias y las cuentas supuestamente opacas en las entidades andorranas.

Durante la instrucción del procedimiento el propietario de la BPA, Higini Cierco, aportó documentos y denunció presiones para facilitar información sobre clientes. Cierco y su familia llevaron ante los tribunales alegaciones de coacciones por parte del Gobierno español de entonces para que entregaran datos sobre políticos, lo que desembocó en querellas en las que se mencionaron altos cargos del Ejecutivo. Esa vertiente del caso ha añadido una dimensión política y diplomática a la investigación sobre la confidencialidad bancaria y la cooperación entre Estados en materia de información financiera.

Los testimonios que se han ido sucediendo en la Audiencia Nacional revelan, según fuentes judiciales, una cadena de fallos y omisiones: diversas entidades sostienen que los movimientos les llegaron por instrucciones aparentemente originadas fuera de los titulares formales, mientras que la familia Pujol defiende no haber actuado con ánimo delictivo. Los magistrados, apoyados por peritos y documentación intervenida, tratan de reconstruir cronologías y flujos de fondos para decidir si existe delito fiscal, blanqueo o administración desleal.

El juicio ha incorporado ya informes policiales y comunicaciones con los bancos andorranos que muestran cómo se mezclaban transferencias entre cuentas y entregas en efectivo. Algunas declaraciones han subrayado la dificultad de los controles en la época en que se produjeron los hechos, antes del reforzamiento de la regulación internacional contra el secreto bancario. Aun así, la Fiscalía mantiene que las pruebas permiten sostener la existencia de un sistema de ocultación de patrimonios por parte de la familia.

Fuentes próximas al proceso recuerdan que esta fase del juicio es clave para determinar responsabilidades individuales: esclarecer quién dio las órdenes, quién las ejecutó y en qué condiciones técnicas y contractuales se permitieron esos movimientos. La sesión de mañana completará el turno de banqueros y gestores, y los letrados de la acusación y la defensa podrán plantear cuestiones sobre la veracidad y el alcance de las anotaciones y documentos presentados.

La vista seguirá en los próximos días con la aportación de más testigos y la valoración de pruebas documentales. Para la opinión pública y para la jurisprudencia española, el caso representa un punto de inflexión en la percepción sobre la opacidad financiera y la responsabilidad de las instituciones bancarias que operaron en el entorno de fortunas familiares con proyección política.