La Policía Nacional detuvo el domingo en torno a las 15.00 horas a diez personas vinculadas a un grupo neonazi por alterar la manifestación del 8 de marzo en Madrid, según fuentes policiales. Los arrestados, que se presentaron en redes sociales como miembros de Núcleo Nacional, fueron imputados por desórdenes públicos y uno de ellos también por atentado a la autoridad. Los hechos se produjeron al término de la marcha convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuando varios individuos intentaron irrumpir en el recorrido y protagonizaron enfrentamientos con asistentes. La intervención de agentes del distrito Centro y de la Brigada de Información permitió neutralizar a los agresores y proceder a las detenciones.
Según las mismas fuentes, la actuación policial tuvo lugar después de que un grupo reducido, estimado entre seis y ocho personas por testigos, se introdujera en la manifestación y comenzase a agredir a participantes. Varios medios adelantaron la noticia, y la propia formación ultraderechista difundió en redes su participación, lo que facilitó la identificación de los detenidos. La Policía señaló que, además de las molestias y empujones provocados en el transcurso de la marcha, uno de los implicados intentó acceder al escenario instalado para la lectura del manifiesto, gesto que precipitó su detención.
Los organizadores de la movilización, que había partido bajo el lema “Amigas, al fascismo lo paramos las feministas”, interrumpieron momentáneamente el acto para explicar lo ocurrido desde el escenario y pedir calma. En su intervención calificaron la acción como una agresión de tinte fascista y pidieron a las autoridades y a la sociedad que no normalicen la presencia de grupos de extrema derecha en espacios de protesta. Varios asistentes relataron momentos de tensión en los aledaños del escenario y agradecieron la rápida actuación de los efectivos policiales para evitar una escalada mayor.
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Conoce más →Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial tras pasar por dependencias policiales, donde se procedió a su identificación y a levantar las correspondientes actas. La imputación por desórdenes públicos se sustenta en la alteración del normal desarrollo de la concentración y en las agresiones a manifestantes, mientras que el cargo adicional por atentado a la autoridad se impuso a quien resistió la actuación policial. La investigación, según fuentes policiales, continuará abierta para determinar si hubo más implicados y si los hechos constituyen delito de odio o conllevan otras responsabilidades penales.
El episodio se inserta en un contexto de creciente atención a la presencia de grupos de extrema derecha en concentraciones públicas en los últimos años, un fenómeno que las fuerzas de seguridad vigilan con especial atención en actos multitudinarios. En los últimos 8M, las autoridades desplegaron dispositivos para garantizar la seguridad de las manifestaciones, conscientes de la coexistencia de convocatorias y de la posibilidad de incidentes. La Delegación del Gobierno y la Policía suelen recordar que la protección del derecho a la protesta es prioritaria siempre que no se vulneren otros derechos ni se ponga en riesgo la integridad de las personas.
Testigos presentes en la marcha describieron la irrupción como súbita y violenta, con empujones y gritos que obligaron a los organizadores a actuar con rapidez. Uno de los asistentes señaló que la respuesta colectiva de las manifestantes fue inmediata, impidiendo que el grupo neonazi se consolidase dentro del recorrido. La capacidad de reacción de la propia movilización y la coordinación con las fuerzas policiales fueron determinantes para que el suceso no fuese a más, añaden quienes presenciaron los hechos.
Por su parte, los convocantes ampliaron el llamamiento a la unidad y a no ceder terreno frente a la intimidación, y anunciaron que mantendrán la normalidad de los actos previstos por el 8M en distintos puntos de España. Reclamaron medidas claras contra la normalización de ideologías extremistas y subrayaron la importancia de que las autoridades investiguen con rigor los incidentes para evitar la impunidad. En paralelo, fuentes judiciales consultadas señalan que los detenidos podrían ser citados a declarar en los próximos días y que el caso seguirá el cauce habitual hasta que se determinen responsabilidades.
El episodio reaviva el debate sobre la seguridad en manifestaciones y la necesidad de protocolos eficaces para proteger a quienes participan en movilizaciones públicas. Mientras la investigación avanza y las diligencias se remiten a la autoridad judicial, la movilización del 8M en Madrid concluyó con el gesto de rechazo de la mayoría de sus asistentes hacia la agresión y con la constatación de que la vigilancia en este tipo de convocatorias sigue siendo una prioridad para prevenir episodios similares.
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