La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que, según su informe incorporado a la causa judicial, habrían beneficiado a la trama vinculada a Luis Rubiales. El documento agrega que la empresa adjudicataria remitió planes con inicio de trabajos en febrero de 2021 pese a que no existía contrato firmado, lo que facilitaría una puesta en marcha anticipada. La investigación, que suma diligencias sobre contratos y comunicaciones internas, sitúa los hechos en el entorno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha reabierto el foco sobre la gestión de ese complejo.

Los agentes subrayan que la propia planificación enviada por la constructora el 22 de enero de 2021 ya recogía el inicio de los servicios en febrero, con un calendario que encajaba con la versión de que había que ponerse a trabajar inmediatamente. En el expediente figura que esos trámites formales se consumaron en marzo, lo que choca con la aceptación previa del presupuesto que, según el informe, lanzó a la obra con antelación. En ese contexto, la UCO señala la participación de responsables internos de la federación que facilitaron la tramitación y el avance de los trabajos antes de la firma de los contratos.

La instrucción precisa que en el expediente aparece un presupuesto remitido el 1 de marzo de 2021 por valor de 67.000 euros, enviado por un empleado de la RFEF al director jurídico de la Federación y a la firma de abogados que asesoraba a la organización. Ese envío figura entre la documentación interceptada por los investigadores y ha sido considerado por la UCO como un elemento que refleja la dinámica comercial entre la entidad federativa y la empresa adjudicataria. La cercanía en fechas entre el documento y los planes de obra refuerza las sospechas de favoritismo.

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Según la UCO, la adjudicación se produjo en circunstancias llamativas: aunque en marzo constan tres ofertas y la selección formal se justificó por ser la más económica, ya en febrero el delegado de la empresa había comunicado que su presupuesto había sido aceptado y que había que iniciar los trabajos. Ese interlocutor fue identificado como Andreu Camps, cuyo papel aparece en las conversaciones analizadas por los investigadores como clave para precipitar el arranque de las actuaciones. Los agentes consideran relevante que se elaboraran presupuestos y planificaciones con fechas ficticias para justificar un inicio anticipado.

La investigación también ha puesto de manifiesto la existencia de relaciones personales entre quienes manejaban determinados expedientes y los representantes de la constructora. En la documentación intervenida figura el envío a Pedro González Segura de un presupuesto y, según el informe, el delegado de la firma en la zona sur era el hermano de aquel, Ángel González Segura, lo que plantea un posible conflicto de intereses en la adjudicación. Ese cruce de apellidos y responsabilidades ha sido destacado por la UCO como indicio de una trama organizada para favorecer adjudicaciones concretas.

Además, los investigadores han incorporado al sumario una llamada intervenida el 20 de febrero de 2024 en la que el delegado recibió instrucciones sobre la necesidad de presentar presupuestos. En la conversación, uno de los interlocutores refiere a la intervención de responsables de recursos humanos de la RFEF y a la solicitud de tres ofertas para justificar administrativamente la elección. Esa intervención telefónica se produjo ya con Pedro Rocha como presidente interino tras la salida de Rubiales, lo que sugiere, a juicio de los agentes, que algunas prácticas podrían haberse prolongado más allá del relevo institucional.

Los documentos recabados incluyen además comunicaciones electrónicas remitidas a despachos de abogados que asesoraron a la federación, entre ellos el gabinete vinculado a González Cueto, lo que ha llevado a los investigadores a rastrear la relación entre asesores externos, personal interno y empresas constructoras. La UCO pide ahora profundizar en los correos, los contratos menores y las ordenes de inicio para determinar si existió un plan deliberado para asegurar adjudicaciones a determinadas firmas. El objetivo es esclarecer si hubo simulación de competencia y documentación para dar apariencia de legalidad a las contrataciones.

El caso se enmarca en una instrucción más amplia que investiga la red de presuntos delitos económicos y de corrupción asociada a la gestión de la RFEF durante la presidencia de Rubiales, quien dimitió tras el episodio con la futbolista Jenni Hermoso. Las diligencias judiciales siguen abiertas y los hallazgos de la UCO podrían motivar nuevas citaciones y solicitudes de documentación para completar el mapa de adjudicaciones y posibles irregularidades. Fuentes cercanas al expediente subrayan que aún no hay condenas y que corresponde al juez valorar las pruebas agregadas.

Desde la federación y las empresas mencionadas no ha trascendido una versión oficial en torno a las nuevas revelaciones incluidas en el informe, y en las últimas horas los investigadores han solicitado complementos de información a varios departamentos y sedes. El avance de las pesquisas determinará si se abren diligencias separadas por delitos concretos o si las pruebas se integran en la pieza principal del caso. Mientras tanto, el proceso judicial y el escrutinio público mantienen la presión sobre la gestión del fútbol español.

Los hallazgos de la UCO reabren además el debate sobre la gobernanza y la transparencia en las adjudicaciones deportivas, especialmente en proyectos sujetos a prerrogativas federativas. En la región y entre partidos políticos crece la demanda de controles más estrictos y de mecanismos que impidan la repetición de situaciones en las que la presunta connivencia entre cargos públicos o semipúblicos y empresas derive en adjudicaciones irregulares. La causa, por ahora, continúa su curso en los tribunales y las próximas semanas serán clave para determinar el alcance real de las irregularidades detectadas.