La Xunta promoverá la construcción de alrededor de 40 viviendas de alquiler accesible para menores de 36 años en la Rúa das Cunchas, a escasos metros de la playa de Silgar en Sanxenxo, según anunciaron este martes las administraciones implicadas tras acordar la cesión del terreno. La decisión se comunicó tras la firma del acuerdo entre el gobierno autonómico y el Concello, que transfirió la parcela al municipio a finales de 2024 como consecuencia de la sentencia sobre la finca de Rocarfort. La iniciativa forma parte del plan autonómico para duplicar el parque de vivienda pública y busca facilitar el acceso a la primera residencia a la población joven de la comarca. En los próximos días se formalizará la cesión y la Xunta iniciará el proceso de redacción del proyecto con la mayor celeridad posible.

La conselleira responsable del área, María Martínez Allegue, planteó la operación como un ejemplo de cooperación entre administraciones para afrontar el déficit de vivienda asequible en zonas turísticas. El alcalde, Telmo Martín, trasladó al gobierno autonómico la disponibilidad municipal para ceder suelo en emplazamientos céntricos, una cesión que se suma a la realizada en febrero en Noalla, donde la Xunta ya proyecta otras 25 viviendas públicas. El acuerdo sitúa la parcela en pleno casco urbano, muy próxima al paseo y a los servicios, lo que, según las partes, la convierte en una ubicación idónea para jóvenes que buscan residir en la villa fuera del mercado privado más caro.

La parcela de Rúa das Cunchas llegó al patrimonio municipal como resultado de la polémica sentencia sobre la finca de Rocarfort, que obligó al Concello a hacer frente a una indemnización de 13 millones de euros tras años de litigio. Inicialmente catalogada como zona verde, la superficie pasó después a calificación de suelo dotacional de titularidad municipal, un cambio que la modificación normativa aprobada este año por la Xunta permite ahora destinar a vivienda pública. Esa adaptación de uso es la que abre la puerta a la promoción que ahora se anuncia y que, según fuentes autonómicas, debe compatibilizar la protección del entorno con la necesidad de oferta residencial.

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Fuentes de la consellería explicaron que el objetivo es reservar estos pisos al alquiler accesible para menores de 36 años, estableciendo criterios sociales y de prioridad localidad que se concretarán en el proyecto y en las bases de adjudicación. La intención es que los contratos y las rentas se ajusten a parámetros que hagan viable la emancipación de la juventud gallega en municipios con alta presión turística como Sanxenxo. La Xunta prevé licitar cuanto antes la redacción del proyecto y las labores de dirección de obra, una vez firmada la cesión por parte del Concello.

En paralelo, la promoción de Noalla, que constará de aproximadamente 25 viviendas públicas, ya se encuentra en fase de licitación para la redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución, con un presupuesto base cercano a 6,8 millones de euros. El plazo para presentar ofertas de esa actuación finaliza el 29 de abril, según la documentación oficial, y la consejería confía en que ambos desarrollos den respuesta rápida a la demanda de vivienda joven en el municipio y sus alrededores. Desde la Xunta remarcan que sumar suelo cedido por ayuntamientos es clave para alcanzar el objetivo autonómico de aumentar el parque de vivienda pública.

El anuncio ha generado reacciones encontradas en la villa, donde los agentes sociales y parte del vecindario ven con buenos ojos la llegada de viviendas destinadas a jóvenes, mientras que sectores ecologistas y defensores de la planificación urbanística expresan reservas por la transformación de suelos que originalmente figuraban como zonas verdes. Habitantes y técnicos municipales advierten de la necesidad de garantizar que la edificación respete la escala urbana y no altere la dinámica del frente marítimo ni la calidad de vida en el entorno de Silgar.

El Concello, por su parte, defiende que la cesión responde a la obligación de gestionar un activo que pasó a su dominio y a la vez a la responsabilidad de priorizar usos que atiendan la cohesión social. Los responsables locales subrayan que el terreno no iba a permanecer improductivo y que destinarlo a vivienda pública supone una oportunidad para fijar población joven y combatir la temporalidad que marca el mercado inmobiliario en la zona.

En los próximos meses, la tramitación urbanística y los procedimientos de contratación marcarán el calendario de la actuación. La Xunta asegura que actuará con agilidad pero respetando los requisitos ambientales y urbanísticos; los plazos exactos dependerán de la adjudicación de los proyectos y de la redacción de los pliegos que regulen las futuras convocatorias de alquiler. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre desarrollo y conservación seguirá presente en una localidad que combina la permanente actividad turística con la búsqueda de soluciones habitacionales para sus residentes.