La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el sobreseimiento de la causa abierta por la lona colocada frente al Congreso de los Diputados que calificaba de corrupto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un informe fechado el 26 de febrero, el Ministerio Público considera que la jueza encargada de la investigación resolvió el archivo sin esperar todas las diligencias solicitadas, por lo que pide que se complete la investigación y se reabra el procedimiento. La causa investigaba un supuesto delito contra la integridad moral vinculado a la campaña desplegada en torno a la pancarta y otras acciones atribuidas a la organización Hazte Oír.

La resolución inicial de archivo fue dictada por la titular del Juzgado de Instrucción, María Dolores Baeza, cuando aún no se había recibido un informe solicitado a la Brigada Provincial de la Policía que debía esclarecer la extensión y naturaleza de la campaña contra el presidente por parte de la citada organización provida. Según la Fiscalía, esa prueba y otras diligencias reclamadas por el propio Ministerio Fiscal eran necesarias para valorar si los hechos podían configurar un delito contra la integridad moral o si, por el contrario, se trataba de expresiones amparadas por la libertad de expresión.

La lona, que incluyó la imagen del presidente y el término «corrupto», fue colocada en las inmediaciones del Congreso y dio pie a la apertura de diligencias por parte del juzgado. Hazte Oír figura en el procedimiento tanto por su vinculación con la colocación del material como por otras acciones informativas que, a su juicio, forman parte de una estrategia más amplia. La investigación pretendía aclarar si esas actuaciones excedieron el marco de la crítica política y vulneraron la dignidad personal del jefe del Ejecutivo.

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El recurso de la Fiscalía se suma al presentado por la representación procesal de Pedro Sánchez el pasado 17 de febrero, cuando su equipo solicitó a la jueza que mantuviera la instrucción en curso. En ese escrito, la defensa del presidente alegó que el conjunto de actuaciones contra él constituía una campaña de desprestigio y deshumanización que superaba los límites de la libertad de expresión, por lo que reclamó que se profundizara en la investigación para determinar responsabilidades.

En su escrito del 26 de febrero, el Ministerio Público subraya la necesidad de practicarse no solo la diligencia remitida por providencia, sino también otras actuaciones que había solicitado para completar el sumario. La Fiscalía considera que archivar de forma prematura impediría esclarecer aspectos relevantes sobre la autoría, la coordinación de la campaña y la posible repercusión de las conductas investigadas en la integridad moral del afectado.

El cruce de recursos abre ahora la puerta a que la Audiencia Provincial de Madrid estudie ambos contendientes y decida si revoca el sobreseimiento y ordena continuar la instrucción. Fuentes judiciales consultadas señalan que el tribunal debe ponderar el derecho a la libertad de expresión y la protección de la dignidad personal, una colisión jurídica que suele resolverse caso por caso en función de las pruebas aportadas.

Hazte Oír, por su parte, ha protagonizado en los últimos años múltiples acciones de protesta y ha intervenido en diversos procedimientos relacionados con su actividad pública, lo que añade un componente político y social al debate judicial. En la causa concreta se examinará si su actuación constituyó una campaña coordinada susceptible de provocar un daño moral al presidente o si se encuadra en el derecho a criticar a representantes públicos.

En los próximos días la Audiencia Provincial deberá decidir sobre la admisión del recurso de la Fiscalía y, en su caso, si devuelve la causa al juzgado de instrucción para que continúe la investigación. Sea cual sea la resolución, el procedimiento reabre la discusión sobre los límites de la crítica política y la protección de la dignidad de los cargos públicos en un contexto de creciente polarización mediática.