El Consejo de Ministros aprobó este martes en Madrid un real decreto que asigna 2.559 millones de euros a las becas estatales para estudios postobligatorios en el curso 2026-2027. La medida, impulsada por los ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades, busca reducir las barreras económicas para el acceso a bachillerato, formación profesional, universidad y enseñanzas artísticas. El Gobierno señala que se trata de la mayor dotación presupuestaria destinada a este fin en la historia reciente, con el objetivo de acompañar a casi un millón de estudiantes. La decisión se enmarca en una política de aumentos sucesivos iniciada en 2018.

La propuesta fue defendida en la rueda de prensa posterior por la nueva titular de Educación, Milagros Tolón, quien calificó la cifra de “histórica” y explicó que el decreto actualiza tanto los umbrales económicos como las cuantías de las ayudas. Se trata de la novena subida consecutiva desde 2018 y supone un incremento del 83% respecto a la inversión de entonces, cuando el presupuesto fue de 1.399 millones. Tolón intervino por primera vez en esta comparecencia tras su llegada al cargo y subrayó la intención del Ejecutivo de ampliar la cobertura y la equidad en el sistema educativo.

Las becas incluyen ayudas para estudiantes de bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas y universitarias, con criterios vinculados a la renta y al patrimonio familiar. Los umbrales de patrimonio, que no se revisaban desde hace quince años, han sido actualizados con un incremento medio cercano al 10% para adaptar las condiciones a la inflación y a la evolución económica. En el caso de la universidad, las ayudas se conceden en función de la situación económica familiar y exigen un rendimiento académico mínimo para mantenerlas en cursos sucesivos, un requisito que, según el Gobierno, fomenta mejores resultados académicos entre los beneficiarios.

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El decreto prevé que en la convocatoria general del próximo curso se beneficien aproximadamente 752.000 estudiantes, mientras que la convocatoria dirigida a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo alcanzará a unos 225.000. Sumando ambas cifras, el Ejecutivo calcula que el número de becarios rozará el millón, frente a los 784.422 beneficiarios registrados en el curso 2018. La ampliación de la cobertura, además del aumento de las cuantías, pretende aliviar la carga de familias con menores recursos y facilitar la continuidad de los estudios en situaciones de vulnerabilidad.

El acuerdo del Gobierno complementa el anuncio realizado el lunes por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la recuperación de las antiguas becas Séneca, ahora denominadas Medrano. Estas ayudas específicas están pensadas para estudiantes universitarios que cursan sus estudios en un campus situado en una provincia distinta a la de su residencia, una medida dirigida a afrontar los costes de movilidad y residencia derivados de la elección de universidad. La reimplantación de esta modalidad supone además un reconocimiento de la necesidad de apoyar la movilidad académica interna.

Los cambios en los umbrales patrimoniales eran una de las demandas recurrentes del sector educativo, ya que no se revisaban desde hace más de una década. El Ejecutivo ha defendido que una actualización media del 10% ampliará el acceso a las becas a hogares que hasta ahora quedaban excluidos por criterios desfasados. Este ajuste pretende también responder a la realidad de estudiantes que combinan estudios y trabajo, y que optan por matrículas parciales para poder compatibilizar ambas responsabilidades.

Entre las novedades que acompañan la convocatoria figuran medidas para facilitar la compatibilidad del empleo con los estudios universitarios y para reducir trabas administrativas en la tramitación de las ayudas. Aunque el ministerio apunta a simplificar procedimientos, la concreción práctica de estos cambios quedará recogida en las instrucciones y anexos del real decreto que regulará la aplicación. Las comunidades autónomas y los centros educativos tendrán, además, un papel relevante en la gestión y en la difusión de las ayudas entre el alumnado.

La mayoría de las organizaciones estudiantiles y asociaciones de familias han recibido con interés el aumento presupuestario, aunque algunas advierten sobre la necesidad de que las cuantías cubran costes reales de matrícula, transporte y residencia, sobre todo en zonas con campus dispersos como la Galicia interior. El reto para la Administración será garantizar que estas partidas se traduzcan en mayor equidad educativa y en una implementación ágil. En cualquier caso, el paquete aprobado marca un punto de inflexión en la política de becas que el Ejecutivo describe como un esfuerzo sostenido por ampliar las oportunidades formativas.