El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de marzo de 2026 el real decreto que fija los umbrales económicos y las cuantías de las becas para el curso 2026-2027 en toda España, una reforma que el Ejecutivo presenta como una apuesta por la equidad en el acceso a la enseñanza superior. La norma introduce modificaciones en requisitos de matriculación, actualiza límites de patrimonio familiar y crea un nuevo programa de movilidad, todo ello con una dotación total de 2.559 millones de euros. El Ejecutivo sostiene que las medidas buscan reducir barreras económicas y ampliar derechos educativos, mientras las administraciones regionales y entidades estudiantiles ponderan ya su impacto. El paquete entra en vigor de cara al próximo curso académico y afecta tanto a estudiantes universitarios como a quienes cursan enseñanzas artísticas superiores.

En cifras, el decreto plantea un incremento modesto respecto al presupuesto vigente: son 15 millones más que en la convocatoria anterior, una diferencia que el Gobierno enmarca en la continuidad de una línea de gasto que, según sus cálculos, supone un aumento del 83% respecto a 2018. El Ejecutivo estima que casi un millón de alumnos se verán beneficiados por alguna modalidad de ayuda: alrededor de 752.000 en la convocatoria general y 225.000 en la destinada a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Estas magnitudes permiten a las autoridades defender la medida como un refuerzo del sistema público de becas, aunque también abren el debate sobre la suficiencia de los recursos en provincias con mayor dispersión territorial, como Galicia.

Una de las novedades más relevantes afecta a quienes cursan menos créditos: los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores que matriculen entre 48 y 59 créditos podrán optar a prestaciones parciales. La disposición contempla el reparto de parte de la ayuda ligada a la renta y de la ligada a la residencia, con importes orientativos de 350 euros para cada modalidad. El Gobierno calcula que esa flexibilización beneficiará a unas 20.000 personas, un colectivo que hasta ahora quedaba fuera cuando no superaba la carga lectiva completa exigida para la beca total.

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Otro cambio que se ha subrayado desde el Ministerio de Educación afecta a estudiantes con discapacidad. La exigencia de matrícula se reduce para quienes acrediten un grado de discapacidad entre el 25% y el 64%, que podrán acceder a las ayudas con 45 créditos matriculados en lugar de los 60 actuales. Esta medida, que el Ejecutivo presenta como un avance hacia la inclusión, se estima que alcanzará a cerca de 2.000 alumnos que hasta ahora hubieran tenido que asumir una carga académica más intensa para mantener la condición de beneficiarios.

En materia económica, el real decreto actualiza los límites de patrimonio familiar con un incremento medio del 10%, una revisión que no se producía desde hace quince años. La actualización de estos umbrales pretende adaptar la normativa a la evolución de los precios y evitar que familias con recursos estancados queden excluidas por parámetros desfasados. No obstante, la medida también plantea interrogantes sobre su alcance real en hogares con estructuras patrimoniales complejas y sobre la necesidad de campañas informativas que faciliten a los solicitantes conocer su situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció asimismo la creación de las denominadas Becas Medrano, un programa diseñado para fomentar la movilidad interna entre universidades españolas. Estas ayudas, que llevarán el nombre de Luisa de Medrano, vinculada históricamente a la Universidad de Salamanca en 1508, incluyen una dotación mínima prevista de 900 euros al mes para facilitar que estudiantes puedan estudiar en otra ciudad. La iniciativa busca aliviar costes de residencia y transporte y potenciar el intercambio académico dentro del Estado, aunque su despliegue dependerá de la asignación efectiva y de la coordinación entre universidades y comunidades autónomas.

Fuentes del Ministerio destacan que el conjunto de medidas persigue ampliar derechos y reducir desigualdades, pero organizaciones estudiantiles y algunos rectores advierten sobre la necesidad de garantizar que las cuantías cubran realmente los aumentos de coste de vida y de vivienda en las capitales universitarias. En Galicia, las organizaciones educativas seguirán de cerca cómo se aplican los criterios de renta y patrimonio, y qué plazas de movilidad se reservan para estudiantes de la comunidad, donde la dispersión geográfica y las distancias pueden condicionar la efectividad de las ayudas.

El decreto aprobado marca el calendario de las becas para 2026-2027 y abre ahora el periodo en el que el alto funcionariado debe ultimar las órdenes de desarrollo y los plazos de solicitud. La entrada en vigor de las novedades permitirá conocer en los próximos meses cuántos solicitantes ven modificada su situación y si las actualizaciones cumplen el objetivo declarado de facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior en todo el país. Para miles de familias la resolución será clave para planificar el próximo curso y para muchas universidades la medida supondrá ajustar servicios de apoyo y plazas residenciales.