Agentes estadounidenses registraron este martes, 10 de marzo de 2026, el rancho conocido como Zorro Ranch en Nuevo México en el marco de una investigación reabierta sobre presuntas agresiones sexuales y otros delitos cometidos en esa propiedad. El operativo, según fuentes oficiales, responde a nuevas líneas de indagación abiertas por el Departamento de Justicia estatal tras revisar documentos y testimonios relacionados con el caso. El registro se produce años después de que las acusaciones contra el financista salieran a la luz y de su muerte en 2019, y persigue recabar pruebas que puedan aclarar hechos denunciados por víctimas. Las autoridades han dicho que no descartarán ninguna pista en la búsqueda de responsabilidades.

La finca de Zorro Ranch aparece mencionada en miles de páginas de archivos desclasificados vinculados al proceso que rodeó a Jeffrey Epstein, lo que llevó a las autoridades de Nuevo México a impulsar una pesquisa propia. El registro se enmarca en la investigación penal anunciada el 19 de febrero por el Departamento de Justicia de ese estado, que ha insistido en la necesidad de reunir toda la información disponible sobre posibles delitos cometidos en su territorio. Investigadores locales y federales han coordinado acciones para acceder a documentos, correos y otros materiales que puedan aportar luz sobre los hechos.

El historial judicial de Epstein fue objeto de controversia durante años. En 2008 llegó a un acuerdo con la fiscalía de Florida que evitó un proceso federal más amplio y se tradujo en una condena de trece meses, una resolución criticada por víctimas y grupos de defensa. Posteriormente, en julio de 2019, fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual de menores y pertenencia a una red criminal, cargos por los que estaba pendiente de juicio cuando murió al mes siguiente. Su fallecimiento, el 10 de agosto de 2019, cerró un capítulo judicial pero dejó abiertas numerosas investigaciones y reclamaciones civiles.

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Desde entonces, algunas denunciantes han seguido aportando testimonios y pruebas. Una mujer identificada con el seudónimo «Jane Doe 15» aseguró a medios de comunicación que fue agredida en Zorro Ranch cuando tenía 15 años, declaración que ha sido citada en el conjunto de expedientes que manejan los investigadores. Las autoridades de Nuevo México han señalado que esos relatos forman parte del acervo probatorio que motivó la reapertura de pesquisas en el estado. Los investigadores revisan ahora la veracidad y la posible utilidad de esas declaraciones para sustentar cargos penales.

En paralelo, el Departamento de Justicia de Nuevo México solicitó en febrero una versión sin censura de un correo electrónico de 2019 que obra en los archivos del caso a nivel federal y que contiene acusaciones graves. Ese mensaje, según han recogido varios medios, asegura que dos jóvenes extranjeras podrían estar enterradas en las colinas próximas al rancho, una afirmación que por ahora figura como parte de una investigación en curso y no ha sido verificadas públicamente. Las autoridades han advertido de que esas alegaciones requieren contrastación y trabajo forense antes de sacar conclusiones.

La representante federal por Nuevo México, Melanie Stansbury, expresó en redes sociales que las supervivientes han esperado ya demasiado para que se haga justicia y defendió la investigación estatal, subrayando que no se descartarán líneas de investigación. En su mensaje constató el compromiso de las instituciones con la búsqueda de información creíble sobre los presuntos crímenes cometidos en el rancho y por las personas que lo frecuentaron. Las declaraciones públicas pretenden dar respuesta a la demanda de claridad de las víctimas y presionar para que la investigación avance con celeridad.

Especialistas en derecho penal consultados por distintos medios apuntan a que los registros en una finca como Zorro Ranch pueden implicar un trabajo metódico y lento: análisis forenses del terreno, revisión de correspondencia y dispositivos electrónicos y cotejo de testimonios con evidencia física. La obtención de pruebas que resistan el escrutinio judicial es clave para que cualquier acusación prospere, y eso suele exigir meses de peritaciones y cooperación entre agencias. Además, la colaboración internacional puede ser necesaria si las pesquisas involucran víctimas o pruebas fuera de Estados Unidos.

El caso Epstein mantiene una dimensión pública y mediática intensa por los vínculos con personas de alto perfil y por la atención internacional que han despertado las denuncias. El registro de este martes en Nuevo México abre una nueva fase de la investigación que, según las autoridades estatales, busca determinar con rigor qué hechos ocurrieron en esa propiedad y, en su caso, identificar a responsables. Mientras tanto, los colectivos de víctimas han reiterado su demanda de que la investigación avance con transparencia y respeto a quienes han declarado en el proceso.