En la segunda jornada del juicio por el llamado caso de los ataúdes, celebrado en la Audiencia de Valladolid, una exempleada de la empresa funeraria aseguró que durante su etapa en 2005 y 2006 se practicaba el intercambio de féretros por otros de menor calidad justo antes de la cremación. La declaración, prestada este martes, pretende aclarar presuntas irregularidades en un grupo funerario de Valladolid investigado en la Operación Ignis. La testigo explicó que la práctica, conocida entre la plantilla como «reciclaje», se realizaba cuando los familiares no podían presenciar el proceso de incineración. Según la acusación, estos cambios respondían a un interés económico de revender los ataúdes de gama alta retirados del servicio.

Sara Martínez Peña, que trabajó como recepcionista y estuvo al cargo de la cafetería del tanatorio, relató en sala cómo compañeros le describieron el procedimiento y las sonrisas cómplices que acompañaban a esas conversaciones. La testigo admitió que al principio desconocía el alcance del término «reciclaje», pero que fue informada por otros empleados de que el féretro encargado por la familia era sustituido por otro más barato antes de la incineración. Añadió que el ataúd de mayor calidad se guardaba temporalmente en un garaje y que después se volvía a introducir en la cadena comercial para su reventa. También relató que esa misma operativa afectaba a las coronas y arreglos florales, a los que se les modificaban elementos para poder reutilizarlos.

En su comparecencia, Martínez Peña detalló un episodio en el que distinguió un «arcón enorme» de apariencia singular y de alta gama, que supuestamente era representativo de los productos que se retiraban del servicio ordinario. Su relato coincide, según explicó, con la versión que declaró ante los investigadores hace cinco años, cuando contactó con la policía tras conocer en los medios la existencia de la Operación Ignis. Fue entonces cuando, gracias al consejo de un amigo policía, decidió contar lo que sabía sobre las prácticas internas de la empresa, lo que desembocó en las pesquisas que terminaron con registros y detenciones.

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La investigación policial que sacó a la luz la presunta trama incluyó registros en instalaciones del grupo y en domicilios de responsables, donde se intervino numerosa documentación y efectivo. Durante uno de esos registros, según la Fiscalía, se hallaron ocultos en el cuarto de la plancha cerca de un millón de euros, una cifra que la causa apunta como indicio de un lucrativo sistema irregular. Los hallazgos motivaron la apertura de diligencias que ahora se discuten en la Audiencia de Valladolid, en un proceso donde figuran diversas acusaciones y un número elevado de defensas personadas.

En la sala, la testigo fue interrogada tanto por el Ministerio Fiscal como por las partes personadas en el procedimiento y una de las diez defensas que asisten a los acusados. Martínez Peña sostuvo que su testimonio no responde a una venganza personal pese a haber sido despedida con anterioridad, y afirmó que su relato reproduce con fidelidad las explicaciones que le dieron sus excompañeros. Frente a las preguntas de la defensa, reconoció lagunas en su conocimiento de los detalles operativos pero mantuvo la versión central sobre el cambio de ataúdes y la reutilización de coronas.

El juicio busca esclarecer si existió una sistemática sustitución de féretros y otros bienes contratados por las familias, y si esa práctica fue parte de una estructura de fraude que alcanzó a distintas sedes del grupo. Los fiscales y las acusaciones particulares deberán probar que los intercambios se realizaron con ánimo de lucro y conocimiento de la dirección empresarial. Para ello, las declaraciones de exempleados como la de hoy son clave para reconstruir la cadena de decisiones y el alcance del supuesto entramado.

Los comentarios de la excamarera de la cafetería y recepcionista han servido para aportar contexto humano a una causa que también tiene ramificaciones económicas y penales. En la sala se observaron reacciones variadas: desde el interés por precisar fechas y lugares hasta la búsqueda por parte de las defensas de inconsistencias que permitan poner en duda la credibilidad de las versiones. La instrucción previa ya dejó constancia de operaciones policiales y detenciones que marcaron un punto de inflexión en la investigación.

Los próximos días de juicio continuarán con la comparecencia de otros testigos y la aportación de pruebas documentales y periciales que, según las partes, completarán la imagen de lo sucedido. La causa escala ahora en la fase oral, donde la Fiscalía intentará consolidar la tesis de que existió un modus operandi orientado al beneficio económico y varias líneas de defensa buscarán desacreditar pruebas y testimonios. La resolución del tribunal tendrá que determinar responsabilidades penales y, en su caso, la cuantificación del perjuicio causado a familias que contrataron servicios funerarios.