El PSOE de Palencia ha iniciado el expediente para expulsar del grupo municipal de Carrión de los Condes al concejal que el pasado diciembre cambió legalmente de sexo con el objetivo de solicitar ayudas dirigidas a mujeres apicultoras, según anunció este martes la dirección provincial. La medida, impulsada por la secretaria general del partido en la provincia, responde a la valoración de que la decisión del edil supone un uso indebido de una norma concebida para corregir desigualdades en el campo.

El protagonista de la controversia es Manuel Garrido, concejal y productor de miel en el municipio palentino, quien no figura como afiliado del partido, pero sí concurrió bajo la lista socialista y suscribió el código ético requerido para ocupar el cargo. Pese a esa condición, el PSOE ha decidido apartarle del grupo municipal al entender que su actuación vulnera los principios que exige la formación. La secretaria provincial defendió que las leyes deben garantizar derechos, no convertirse en vías para sortear sus objetivos.

Según publicó el diario Abc, Garrido formalizó el cambio de sexo en el registro civil en diciembre de 2025 para poder beneficiarse de unas ayudas destinadas a mujeres agricultoras y apicultoras, un paso administrativo que le permitiría presentarse a esas convocatorias. El concejal explicó a ese medio que no ve contradicción en su iniciativa y que, en parte, fue un gesto de rebeldía frente a la normativa, además de una vía para optar a los apoyos que considera necesarios para su actividad.

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En su intervención ante los medios, la dirección provincial del PSOE, liderada por Miriam Andrés, subrayó que el expediente de expulsión se fundamenta en el incumplimiento del código de conducta que el propio candidato suscribió para integrarse en la lista. Andrés, que también ejerce como alcaldesa de la capital provincial, señaló que el partido aplicará sus normas internas y que la decisión sobre la expulsión del grupo es el primer paso de ese proceso estatutario. El caso ha sido calificado por la dirección como una falta grave de ética política.

El trasfondo de la polémica son las subvenciones específicas para mujeres en el ámbito agrario, que en los últimos años han sido promovidas por distintas administraciones, incluido el PSOE, para corregir la histórica infrarrepresentación femenina en el sector. Estas ayudas persiguen apoyar proyectos productivos liderados por mujeres y facilitar su acceso a recursos y formación. El intento de acogerse a esos programas por parte de quien no era mujer en su vida pública ha generado un inmediato debate público sobre criterios de acceso y control administrativo.

Jurídicamente, el cambio de sexo civil está regulado en España y permite a las personas modificar su sexo registral tras cumplir los requisitos que establecen las normas, un trámite que en este caso se produjo meses antes de la convocatoria de ayudas. No obstante, las solicitudes de apoyo someten a comprobación la concurrencia de los requisitos objetivo de cada línea de subvención, por lo que la verificación administrativa de este tipo de circunstancias suele ser uno de los puntos conflictivos.

La noticia ha despertado reacciones en el ámbito local y en redes sociales, donde algunos defienden la libertad individual y otros censuran lo que consideran un uso instrumental de las normas de igualdad. Entre los argumentos planteados desde la dirección del PSOE figura la necesidad de preservar la credibilidad de las políticas de igualdad y evitar que procedimientos administrativos sirvan para eludir el espíritu de las leyes de apoyo al colectivo femenino.

El expediente abierto por el PSOE en Palencia marcará ahora los tiempos internos del partido, que deberá decidir si ratifica la expulsión del grupo municipal tras instruir el procedimiento disciplinario. Mientras tanto, el concejal sigue siendo la persona que figura en el acta municipal y su caso plantea preguntas sobre la gestión de ayudas selectivas y los controles administrativos, así como sobre los límites entre los derechos individuales y la finalidad de las políticas públicas. El proceso se encuentra en sus primeras fases y su resolución podría fijar un precedente en la provincia.