En Vigo se ha detectado en los últimos días un incremento de conductores de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que sustituyen la placa azul obligatoria por una blanca con el fin de eludir controles policiales y sanciones. La práctica ha llevado a denuncias formales presentadas por taxistas y a la inmovilización de varios vehículos en el depósito municipal, tras grabarse episodios en el aeropuerto de Peinador donde se observa el cambio de matrícula. El debate ha colocado el foco sobre la línea que separa una infracción administrativa de un posible delito penal y fuerza a las autoridades a intervenir para frenar la competencia irregular.

Los taxistas, que han aportado vídeos a la Policía local como prueba, sostienen que los cambios de placa se producen especialmente en recorridos puramente urbanos, para los que las VTC no cuentan con la autorización municipal correspondiente. Las denuncias apuntan a conductores que operan sin la preceptiva habilitación municipal del Concello y que actúan con la intención de evitar multas e inspecciones. La presencia de agentes en puntos estratégicos como el aeropuerto y las zonas céntricas de la ciudad ha permitido detectar varios de esos episodios y proceder a actuaciones administrativas.

Desde el punto de vista administrativo, la ley contempla sanciones para quienes circulen con matrículas que, aun correspondiendo al vehículo, vulneren la normativa de transporte urbano; multas que, según fuentes municipales, pueden superar los 6.000 euros en función de la gravedad y la reincidencia. Además de la sanción económica, los agentes pueden ordenar la inmovilización del vehículo y abrir expedientes que limiten la actividad profesional de los conductores implicados. La presión inspectora pretende disuadir una práctica que el sector del taxi considera extendida y perjudicial para su actividad.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Sin embargo, la cuestión alcanza otra dimensión jurídica cuando la placa instalada no coincide con los datos oficiales del vehículo. En ese escenario, y según una circular de la Fiscalía a la que remiten abogados y agentes, la propia matrícula es considerada un documento de carácter oficial cuyo falseamiento podría integrar un delito de falsedad documental recogido en los artículos 390 y siguientes del Código Penal. Esta interpretación eleva la responsabilidad del conductor más allá de la mera falta administrativa y abre la puerta a procedimientos penales.

El letrado baionés David Giráldez explica que, cuando la matrícula no se corresponde con la documentación del coche, «la conducta puede ser constitutiva de delito de falsedad documental», con las consecuencias que ello conlleva. La Fiscalía sostiene que la sustitución o alteración de la placa identificativa vulnera la autenticidad de un documento público, lo que deja a los conductores expuestos a acusaciones que, de prosperar, desembocarían en penas que trascienden la multa. La calificación final dependerá del impulso de la investigación y de la valoración probatoria en sede judicial.

En el capítulo de sanciones penales, el Código Penal y la doctrina fiscal establecen penas para particulares que, en el caso de la falsedad documental, pueden incluir privación de libertad. Fuentes jurídicas consultadas señalan que las penas para quienes resulten condenados podrían alcanzar los tres años de prisión, además de las multas accesorias y la inhabilitación para el ejercicio profesional. Para los supuestos de carácter menos grave, los castigos pecuniarios reflejados en la normativa penal se articulan también en medidas de multa que se expresan en cuotas, con periodos de entre seis a doce meses según la valoración judicial.

El conflicto en Vigo refleja un pulso entre los taxistas, que reclaman medidas más contundentes, y las plataformas de VTC, que habitualmente defienden la legalidad de su operativa; en esta ocasión, no han trascendido comunicados públicos de las compañías implicadas. El Concello y las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en puntos señalados por los profesionales del taxi, mientras los expedientes administrativos y las posibles investigaciones penales avanzan a distintas velocidades.

El resultado de las pesquisas y de las denuncias presentadas marcará el tono de las sanciones y, en su caso, el carácter penal de las actuaciones. Para los conductores que optan por cambiar la matrícula, la combinación de sanciones económicas, la inmovilización del vehículo y la eventual apertura de causas penales supone un riesgo que las autoridades esperan desincentivar con controles más frecuentes y una interpretación fiscal que eleva la gravedad de la conducta. En Vigo, la polémica ha reabierto el debate sobre la regulación del transporte urbano y la eficacia de los mecanismos de control frente a actividades irregulares.