La Policía Judicial detuvo el 9 de marzo de 2026 a una abogada y a dos responsables de una agencia inmobiliaria en Calvià (Mallorca) por su presunta implicación en la transmisión de cinco chalés de lujo vinculados al magnate ruso Nikolai Kolesov. Los registros, que incluyeron varios inmuebles y despachos profesionales, responden a la sospecha de que las propiedades fueron puestas a nombre de familiares para burlar sanciones impuestas por la Unión Europea tras la invasión de Ucrania. Los detenidos están investigados por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, frustración de la ejecución y pertenencia a organización criminal. La operación policial, coordinada desde Palma, permanece abierta mientras se examinan los documentos y las titularidades.

Los agentes rastrearon cinco viviendas de alto valor en la costa de Calvià, tanto en la urbanización Sol de Mallorca como en la calle Joan Miró, y practicaron registros en el despacho y el domicilio de la abogada, así como en las oficinas de la inmobiliaria implicada. Fuentes judiciales confirman que la investigación se centra en el cambio de titularidad de esas fincas y en las actuaciones societarias y registrales que pudieron facilitar la aparente transferencia de activos. La policía también ha intervenido documentación y soportes informáticos que serán analizados por peritos especializados en delitos económicos. Los cargos formulados responden al conjunto de acciones que, según los investigadores, habrían tenido como objetivo ocultar el origen y la titularidad real de los bienes.

Según las pesquisas preliminares, las viviendas fueron adquiridas por el empresario ruso en 2019 y, a partir de 2021 y 2022, varias de ellas pasaron a figurar a nombre de personas de su entorno, entre ellas familiares directos. Los investigadores sostienen que algunas operaciones implicaron a menores, incluidos los hijos del magnate, como supuestos titulares de derecho, maniobra que ellos consideran una posible estrategia para eludir mecanismos de control y sanciones internacionales. La trascendencia de las propiedades y su valor ha puesto el caso bajo especial atención mediática y judicial en Baleares. Los movimientos registrales están siendo reconstruidos pieza por pieza para determinar responsabilidades.

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La abogada detenida, especialista en operaciones inmobiliarias de clientes rusos y con dominio del español y del ruso, habría actuado en ocasiones como intérprete y, más tarde, como apoderada en varias compraventas cuando el propietario no pudo desplazarse. Fuentes del caso explican que en 2022 un despacho jurídico en Rusia la nombró apoderada con facultades para representar al dueño en transacciones, una actuación que ahora se investiga por su posible vinculación con los presuntos delitos. Los investigadores han señalado que la titularidad y la autorización de facultades se han usado en varios actos registrales que hoy se revisan. En al menos tres operaciones clave la letrada habría firmado documentos con poderes que están siendo objeto de verificación documental y forense.

El empresario investigado está vinculado a la industria de fabricación de helicópteros y es considerado cercano al Kremlin, en especial al presidente Vladimir Putin, una circunstancia que ha añadido complejidad política al caso. Las sanciones de la UE a individuos próximos al Gobierno ruso tras el inicio de la guerra en Ucrania han obligado a las autoridades a intensificar los controles sobre movimientos patrimoniales en España y otros países europeos. Investigadores y fiscales sostienen que la utilización de testaferros, apoderados y estructuras societarias opacas es una práctica recurrente para intentar sortear limitaciones legales. El asunto sitúa de nuevo en el foco el mercado inmobiliario de lujo en las islas como receptor de capitales extranjeros opacos.

La Policía ha trabajado coordinada con la Fiscalía Anticorrupción y con equipos especializados en delitos económicos para auditar las transferencias y contratos asociados a las operaciones. Además de los registros materiales, se están solicitando certificados registrales y fiscales que permitan reconstruir la cadena de titularidades y verificar si existieron simulaciones o fraudes documentales. Los detenidos permanecen custodiados a disposición del juzgado que instruye las diligencias, que ha ordenado medidas de entrada y examen de la información intervenida. Las diligencias están sometidas a secreto, por lo que los detalles operativos se mantienen limitados.

Por el momento no se han difundido nombres de los acusados más allá de la condición de la letrada y de los empleados de la inmobiliaria, y la investigación continúa con la toma de declaraciones y el análisis de movimientos bancarios que podrían acreditar el blanqueo de fondos. Fuentes judiciales recuerdan que la apertura de una causa no equivale a la demostración de culpabilidad y que las diligencias buscan reunir pruebas que permitan concretar responsabilidades. En paralelo, la Fiscalía evalúa la posibilidad de reclamar la intervención y embargo de bienes si se acredita su origen ilícito o la existencia de maniobras para obstaculizar la ejecución de resoluciones.

El caso añade presión sobre el mercado de residencias de lujo en las islas, donde movimientos de capital de origen extranjero han sido objeto de escrutinio en los últimos años. Para las autoridades españolas, emprender la trazabilidad de activos y desmontar redes complejas de intermediación es ahora una prioridad, en línea con la normativa europea que persigue la eficacia de las sanciones. La investigación en Calvià seguirá su curso y las próximas semanas serán clave para determinar si la causa se amplía con nuevos arrestos o imputaciones y si se produce algún proceso de recuperación de activos vinculados a las operaciones.