Los letrados del matrimonio acusado de mantener a tres menores recluidos casi cuatro años en un chalé de Fitoria, en Oviedo, solicitaron este martes la absolución durante la primera sesión del juicio celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias. El proceso, que se inició con las intervenciones de defensa y Fiscalía, tiene en juego penas que suman 25 años y cuatro meses por delitos de violencia psicológica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal. Los hechos, que salieron a la luz en abril del año pasado, se refieren a dos gemelos de ocho años y a su hermano de diez, que habrían estado sometidos a un régimen de aislamiento prolongado en la vivienda familiar. Las defensas sostienen que la situación fue un aislamiento voluntario y no un hecho constitutivo de los delitos que acusa la Fiscalía.

Los procesados son un hombre de nacionalidad alemana de 53 años y una mujer nacida en Estados Unidos, de 48 años, que adquirió la nacionalidad alemana tras contraer matrimonio. La Fiscalía reclama para la pareja la pena señalada por considerar acreditada una conducta continuada de sometimiento psíquico y la privación de libertad de los menores. Según la narración de la investigación, los niños permanecieron durante casi cuatro años con escaso contacto con el exterior y fuera de los circuitos habituales de escolarización y socialización. La entrada de la policía en abril llevó inicialmente a los agentes a calificar la vivienda con expresiones que desde entonces han marcado el relato público del caso.

En la sala, la defensa de la madre, ejercida por Javier Muñoz Pereira, planteó una interpretación distinta de los hechos: sostuvo que la familia había optado por una forma de vida aislada por motivos que defenderán a lo largo del juicio y que ese aislamiento no constituye, por sí solo, un delito penal. Muñoz Pereira subrayó que, lejos del abandono, los progenitores se volcaron en la atención de los menores, aunque admitió que algunos comportamientos pudieron resultar «extravagantes» u «heterodoxos». A juicio de la defensa, las medidas que adopten las autoridades deberían responder a criterios de protección y acompañamiento, no a un castigo penal automático.

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La representación del padre, a cargo de Elena González, también reclamó la absolución y pidió que se valore la intervención de los servicios sociales como la vía adecuada para abordar este tipo de situaciones familiares. González defendió que la respuesta hubiera debido ser gradual y administrativa antes que judicial, y que la vía penal es desproporcionada si lo que existió fue una decisión de aislamiento parental. Ambas defensas coincidieron en reclamar la devolución de los menores a sus progenitores en caso de una sentencia absolutoria, alegando que no existe prueba de abandono ni de trato físico lesivo.

Por su parte, la acusación sostiene que existió un cuadro de privación y control que superaría el umbral de mera singularidad doméstica y se traduciría en delitos perseguibles penalmente. La investigación policial, que llegó a apodar la casa, en los primeros informes, con términos de fuerte carga emocional, sirvió para que la Fiscalía describiera un patrón continuado de conductas que habrían afectado el desarrollo y la salud psicológica de los niños. En la vista oral, el Ministerio Fiscal anticipó que aportará pruebas y peritajes que, a su juicio, acreditan la intencionalidad y la duración del sometimiento.

La sesión de arranque se centró en las cuestiones de forma y en las exposiciones iniciales de acusación y defensa; las pruebas testimoniales y periciales deben examinarse en próximas fechas. Los letrados defensores anunciaron que impugnarán ciertos extremos de la instrucción y pedirán la valoración conjunta de informes sociales y médicos que, según ellos, permitirían una lectura menos penal del caso. La Fiscalía, por su parte, avanzó que llamará a expertos y testigos que, según su versión, permitirán reconstruir el modo en que se desarrollaron los hechos dentro del chalé.

El caso ha reavivado en el debate público las tensiones entre la protección de la autonomía parental y la obligación del Estado de garantizar los derechos de la infancia. Para organizaciones especializadas y profesionales consultados en ocasiones similares, la clave suele estar en la valoración del daño real sufrido por los menores y en la proporcionalidad de la respuesta institucional. El proceso asturiano será, por tanto, una prueba sobre cómo el sistema judicial combina distancia cultural, opciones educativas o de vida y deberes de protección.

Si el tribunal absuelve, las defensas han manifestado su intención de propiciar el regreso de los niños a la unidad familiar; si se confirma la culpabilidad, las penas solicitadas por la Fiscalía serían elevadas y podrían implicar medidas de privación de libertad. En cualquier escenario, fuentes judiciales recuerdan que la prioridad del tribunal debe ser el interés superior de los menores y la valoración técnica de los informes de riesgo y salud mental. La Audiencia Provincial continuará con la vista oral en las próximas semanas para resolver los puntos de prueba que determinarán la decisión final.